Por Bengt Rolfer - Periodista independiente

Inmensas cantidades de dinero están desapareciendo a través de la evasión fiscal y la fuga de capitales, sobre todo de los países en desarrollo. La cantidad de ingresos fiscales perdidos en África es mayor que el total recibido por el continente en ayudas al desarrollo. Es dinero que podría utilizarse para mejorar los servicios públicos.

Existen métodos para controlar la evasión fiscal y hacer de la política tributaria una herramienta sólida que apoye el desarrollo mundial, como se demostró en el seminario “Impuestos y desarrollo mundial: ¿cómo se interrelacionan?”, organizado el 16 de octubre por la Unión de Funcionarios, ST, en la Agencia Tributaria Sueca, en Solna.

Lamentablemente, la evasión fiscal constituye, por ahora, un problema cada vez mayor. Penny Davies, asesora de política de la organización humanitaria Diakonia, explicó que la fuga de capitales total está aumentando un 10% al año. En muchos países, la evasión fiscal es superior a su producto interior bruto. En 2011 desaparecieron un total de 947 000 millones de dólares estadounidenses de los países en desarrollo, según la organización Global Financial Integrity.

“La mayor parte del dinero desaparece de países de desarrollo medio, como Rusia, China o México, pero, en términos relativos, África es la más afectada. Del continente africano salen entre siete y diez veces más dinero del que recibe del mundo desarrollado. Es dinero que podría utilizarse de una forma mucho más productiva y aliviar su dependencia de las ayudas”, concluyó.

 Algo menos de dos tercios de toda la fuga de capital se escapa a través de distintas formas de evasión fiscal. El tercio restante se refiere a actividades delictivas y sólo un porcentaje mínimo se debe a la corrupción.

Se señaló a las compañías multinacionales como el villano de esta película. Para evitar pagar impuestos, las multinacionales utilizan una modalidad de los precios de transferencia. También es habitual la emisión de facturas fraudulentas, reveló Penny Davies.

Davies presentó tres sugerencias para combatir las grandes fugas de capital. La clave radica en aumentar la transparencia.

Una solución sería obligar a las compañías a desglosar país por país los informes sobre sus operaciones. De esta manera, sería posible determinar un nivel razonable de impuestos para el país. En la actualidad los informes se presentan de manera agregada.

Otras propuestas sugieren dar a conocer públicamente a los beneficiarios — en otras palabras, a quienes se están embolsando el dinero — e intensificar el intercambio de información fiscal entre los distintos países.

Penny Davies señaló que estas propuestas ya se están debatiendo en distintos ámbitos como, por ejemplo, en la UE y en las cumbres del G20.

“Hay muchas iniciativas en marcha pero, a veces, se olvida que los países en desarrollo son los peor parados”, afirmó.

Otro de los participantes, Bernard Adjei, miembro de la organización hermanada con ST en Ghana y destacado participante en la campaña por la justicia fiscal en Ghana, rechazó la imagen de perdedores que se proyecta de los países en desarrollo — sobre todo los africanos —.

“Algo falla en esta ecuación: ¿Está África recibiendo ayuda o es África la que está ofreciendo ayuda al resto del mundo?” Preguntó y expuso cifras para ilustrar este mundo al revés:

Cada año entran en África 134 000 millones de dólares en ayuda al desarrollo. Paralelamente, desaparecen 192 000 millones de dólares en pérdidas de ingresos fiscales.

“Hay varios cálculos, pero la mayoría muestran que el continente pierde entre 50 000 y 60 000 millones de dólares estadounidenses al año. Ese dinero se podría utilizar para mejorar la calidad de los servicios públicos,” afirmó Bernard Adjei.

Entre los efectos negativos que enumeró destacan el menor crecimiento y menor tasa de creación de empleo, el desarrollo inferior de viviendas e infraestructuras, peor seguridad y un ejercicio del poder más débil.

Los sindicatos de Ghana también participan en la campaña por la justicia fiscal. En colaboración con Action Aid han recopilado información sobre compañías que engañan al establecer sus precios, para poder declarar pérdidas y evadir los impuestos del país.

“Los impuestos se consideran un problema técnico, pero los sindicatos hemos luchado durante toda nuestra historia por la justicia y debemos presionar para incorporar esta cuestión a nuestras reivindicaciones, ya que no hay injusticia mayor que los trabajadores tengan que pagar más impuestos que las compañías”, afirmó.

A los países desarrollados también les interesa proteger su base fiscal. Anette Erling Jivenius, promotora de negocios en la Agencia Tributaria Sueca, habló sobre el plan de acción BEPS de la OCDE que pretende eliminar a través de normas internacionales la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones.

Ya existe una cooperación transfronteriza en temas fiscales, en varios niveles. Suecia tiene acuerdos de intercambio de información con varios países. Anette Erling Jivenius subrayó la importancia de que dichos acuerdos se cumplan en la práctica. “También necesitamos cooperar entre agencias”, añadió.

La agencia tributaria sueca está llevando a cabo proyectos de desarrollo para construir sistemas fiscales eficaces en Botsuana, Kenia, Kosovo y Moldavia.

La moderadora del seminario, Maud Johansson, de Forum Syd, señaló que muchos países en desarrollo compiten por ofrecer los impuestos más bajos para atraer inversiones. ¿Puede atreverse un país solo, como Ghana, a adoptar medidas rigurosas? ¿Serán de ayuda las normas internacionales?

Bernard Adjei respondió que mientras algunas multinacionales por sí solas tengan un “PIB” más elevado que varios países africanos juntos, deben existir sistemas que ejerzan presión sobre los gobiernos.

“¿Cuál es el objetivo real de estas deducciones fiscales? Me alegro de que la Unión Africana haya decidido apoyar estas soluciones globales. Es lo único que puede tener efecto”, afirmó.

Penny Davies añadió que uno de los principales problemas es que las compañías tienen muchos más recursos que los países en desarrollo.

“No son socios en igualdad de condiciones. Las compañías tienen mayor poder de influencia y casi todas ellas se oponen a presentar informes país por país. Este problema no lo aborda el proyecto BEPS”, afirmó.

Con frecuencia, las compañías se limitan a respetar las leyes fiscales nacionales. ¿Se les puede pedir más? Se preguntó Maud Johansson.

“Por supuesto,” respondió Penny Davies, e hizo referencia a la labor de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que muchas compañías llevan a cabo para proyectar una imagen de entidades socialmente responsables.

“Los impuestos se han incorporado tarde a la RSC, pero hay compañías que van más allá de lo que las normas prescriben”.

Bernard Adjei señaló que las compañías siempre dicen cumplen la ley, pero nos encontramos, en gran medida, ante una cuestión moral.

“Las compañías vienen a África ayudarnos y ganan dinero. Sinceramente ¿qué leyes son esas? ¿Son responsables las compañías de ellas? Algo está fallando. Las leyes las hacen las personas y, si no benefician a la sociedad, se deben cambiar”, concluyó.

Maud Johansson se preguntó por qué Suecia se opuso a las leyes sobre mayor transparencia de la UE. No había ningún representante del gobierno anterior ni del actual para dar respuesta a este interrogante. Respondió Penny Davies:

“El anterior gobierno estaba en contra. Diakonia realizó una encuesta antes de las elecciones; en ese momento la mayoría de los partidos estaban a favor. Ahora tenemos un nuevo gobierno. Queda por ver lo que sucederá”.

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