Los presupuestos de austeridad tras la crisis financiera mundial de 2008 habían reducido las categorías de los servicios de salud y servicios sociales, agotando la existencia de suministros médicos. En muchos casos, los gobiernos limitaron o incluso redujeron los ya bajos salarios de lxs trabajadorxs de la salud, la mayoría de los cuales son mujeres. Esto, sumado a la escasez de personal, dio lugar a un entorno laboral tóxico, del cual muchxs trabajadorxs se marcharon, se estresaron y se desgastaron profesionalmente.

La migración de profesionales se convirtió en una estrategia clave para muchos servicios de salud, en efecto, una fuga de cerebros en los países en desarrollo, que capacitaron a estxs trabajadorxs, sólo para verlxs partir hacia los países ricos. El resultado de todo esto es que muchas miles de personas murieron de Covid-19.

La definición de lxs trabajadorxs del SPU es más amplia que la de los primerxs en responder a los incendios, la policía, las ambulancias y lxs médicxs de emergencia.

La estrategia de la ISP en la reunión de 2018 fue conectar el SPU con las necesidades de las comunidades, donde nuestrxs miembros viven y trabajan. Así pues, hay una importante recomendación de que el SPU no se privatice (párrafo 35: "Los SPU son por excelencia de carácter público y, en principio, no deberían privatizarse ni subcontratarse"), y que el SPU no esté sujeto a la austeridad fiscal (párrafo 33). También que lxs trabajadorxs del SPU deberían realizar simulaciones con las comunidades como parte de su formación.

La definición de lxs trabajadorxs del SPU es más amplia que la de los primerxs en responder a los incendios, la policía, las ambulancias y lxs médicxs de emergencia. Ahora incluye a lxs trabajadorxs de los servicios públicos, los gobiernos locales y regionales, la salud y los servicios sociales. Todxs ellxs merecen la capacitación y protección adicional para cuando se involucren en el SPU, incluso si esta no es su función principal. Las directrices del SPU reconocen la importancia de los mecanismos de diálogo social en muchas áreas de la toma de decisiones - las decisiones son más sólidas si lxs trabajadorxs del SPU y sus sindicatos participan desde el principio.

Los gobiernos y lxs empleadorxs acordaron protecciones para lxs trabajadorxs. En primer lugar, los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (párrs. 25 y 26), que significan que lxs trabajadorxs del SPU tienen derecho a organizarse y formar sindicatos y a negociar términos y condiciones. Además, en las directrices se indica que los "estados de emergencia" no deben utilizarse como pretexto para restringir esos derechos (párr. 102). Sin embargo, muchos países están haciendo exactamente eso bajo la pandemia, limitando los derechos de lxs trabajadorxs (y otros) a fin de parecer estar en control.

Dado que muchos SPU se consideran "servicios esenciales", lxs trabajadorxs a lxs que se les niega el derecho a la huelga deben beneficiarse de mecanismos imparciales de resolución de conflictos colectivos (párr. 105). Se trata de un reconocimiento implícito del derecho de huelga, que ha sido objeto de ataques en la OIT durante algunos años. Lxs trabajadorxs del SPU también tienen derecho a rechazar el trabajo inseguro y el derecho a disponer de herramientas y formación adecuadas, como ejercicios sobre el terreno, incluso con la comunidad.

La ISP logró introducir un texto detallado sobre el equipo de protección personal (EPP), que es la última barrera que evita las lesiones o la muerte de lxs trabajadorxs del SPU - cuando todos los demás métodos han fallado (sección D). Lxs empleadorxs de los SPU deben proporcionar el EPP apropiado de acuerdo al riesgo, y mantener este equipo, sin costo alguno para el personal de los SPU. Durante la pandemia, esto ha demostrado ser el talón de Aquiles de muchos sistemas de salud, ya que los gobiernos abandonaron la noción de mantener stock disponible -demasiado caro- y donde las capacidades de producción se externalizaron en algún punto de la cadena de suministro mundial.

Las directrices establecen un nuevo estándar para lxs voluntarixs en los SPU: aunque no sean empleadxs de los SPU, son trabajadorxs y deben beneficiarse de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Sin embargo, "No se le debería pedir a ningún voluntario que desempeñe tareas o actividades que no se correspondan con la formación que ha recibido y para la que haya sido declarado competente."(Párr. 122). Además, "El recurso a voluntarios no debería afectar a la coordinación de los SPU, acarrear la sustitución de los trabajadores de estos servicios, socavar los salarios o las condiciones de trabajo de otros trabajadores de los SPU, ni tampoco servir para justificar la dotación de personal o financiación insuficientes de estos servicios ".

Las directrices deben ser utilizadas por los sindicatos para:

• Hacer el lugar de trabajo más seguro

• Fomentar el diálogo social con lxs empleadorxs del SPU y el gobierno

• Fortalecer las uniones

• Proteger y organizar a lxs voluntarixs

• Bloquear la privatización

• Trabajar con las comunidades para asegurar una mayor preparación