“En el ámbito de la pandemia de coronavirus, si un gobierno no realiza una licitación para comprar mascarillas o insumos debido a la urgencia de la situación, o si por ejemplo elige adquirirlos a nivel nacional, incluso debido a que no llegan desde otros países, es posible que tenga problemas en el futuro si una empresa transnacional lo demanda ante tribunales arbitrales internacionales, un mecanismo que está presente en los nuevos acuerdos comerciales y de inversión”. Esta alerta fue dada por Jocelio Drummond, secretario regional de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) Interaméricas, durante una reunión virtual de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial (CLTPJ) realizada el 13 de abril.

El arbitraje de diferencias estado-inversor (conocido por ISDS, por sus siglas en inglés: Investor-state dispute settlement) es un instrumento de derecho internacional que otorga a un inversor extranjero el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje de diferencias contra el Estado “anfitrión”. Pero en casi la totalidad de los casos los fallos favorecen a las corporaciones en detrimento de los Estados.

La ISP está organizando reuniones de este tipo en el contexto de la pandemia para distintos sectores: por ahora, además del sector de trabajadorxs del Poder Judicial, también ocurrieron encuentros para los sectores de salud, servicios municipales y regionales, de agua y saneamiento y de trabajadorxs de la Administración Central.

Llamando la atención para la campaña mundial de la ISP “Trabajadorxs Protegidxs Salvan Vidas”, la secretaria subregional para el Cono Sur Nayareth Quevedo sugirió que la CLTPJ elabore un paper que narre la realidad y contenga testimonios de empleadxs judiciales en el contexto de la pandemia, una vez que ni todos los gobiernos están decretando cuarentenas y algunos centros de juicios siguen funcionando.

Sobre el tema del ISDS, Drummond informó que, como una manera de concienciar a trabajadorxs del Poder Judicial – incluso a jueces e integrantes de cortes supremas – sobre los daños que trae la actuación de estos tribunales privados de arbitraje para los países, la ISP realizará, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), un estudio sobre tales impactos que sirva para la articulación de una acción regional.

Según Gabriel Casnati, coordinador del proyecto ISP/FES de Justicia Fiscal y TLCs en América Latina, el objetivo es utilizar el estudio para poner el tema en la mesa cuando los países negocien nuevos acuerdos comerciales y sensibilizar a integrantes de tribunales nacionales y cortes supremas sobre los riesgos de la inclusión del ISDS. “En el trabajo conjunto con la FES, identificamos el sector de trabajadorxs judiciales como clave, pero que sin embargo no reconocen los peligros que pueden significar estos tratados para sus propias áreas de actuación. Necesitamos buscar aliados dentro del Poder Judicial, tanto entre los trabajadores, como entre jueces y ministros de cortes supremas.”

Casnati explicó que el estudio va a analizar casos en los que las cláusulas de ISDS en tratados comerciales o de inversión fueron utilizados contra los estados latinoamericanos para demonstrar que este instrumento socava al poder judicial en estos países y para contestar la idea de que el arbitraje internacional es más imparcial o desarrollado para este tipo de decisión.

Para Ariel Pringles, dirigente de la Unión de empleados de la Justicia Nacional (UEJN), es “indudable” la pérdida de jurisdicción de los tribunales nacionales debido al ISDS. “Es una pérdida para todos, para los trabajadores y los ciudadanos de nuestros países. Hay muchos ejemplos, como los casos de las mineras, donde esta pérdida de jurisdicción hace perderse plata pero también vidas.”

Por su turno, Raúl Araya, de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial de Chile (ANEJUD), explicó con un ejemplo didáctico cómo el ISDS puede ser perjudicial a los países latinoamericanos: “Si un gobierno nacional determina un aumento del salario mínimo y la empresa considera que esta medida en favor de los trabajadores la perjudica debido a que hace que disminuyan sus utilidades, esta empresa puede recurrir a un tribunal de arbitraje y demandar al Estado”.

Al fin de la reunión, Jocelio Drummond cuestionó la real posibilidad de existir un diálogo abierto sobre el tema con jueces y miembros de cortes supremas, a lo que Pringles y Araya respondieron positivamente.