La Agrupación Global Unions ha presentado una declaración conjunta a la UNCSW68 en un exhaustivo llamamiento a la acción para mejorar la situación de pobreza y desigualdad a la que se enfrentan las mujeres en la fuerza laboral mundial.

La declaración pone de relieve el círculo vicioso de la pobreza, las brechas de género y la discriminación que persisten debido a la injusta distribución del trabajo de cuidados no remunerado, la falta de acceso a la educación, la inadecuada protección social y el impacto de la pandemia del COVID-19. La declaración hace hincapié en el papel de los sindicatos en la lucha contra la pobreza y la promoción del progreso social a través de la negociación colectiva y el diálogo social. Concluye con una lista de acciones específicas que los gobiernos deben considerar, como invertir en la creación de nuevos puestos de trabajo, garantizar salarios justos, reformar los sistemas financieros y comerciales, reforzar los servicios públicos y apoyar la agenda transformadora de la Organización Internacional del Trabajo.

La declaración completa puede descargarse del sitio web de la CSW68.

Los sindicatos luchan contra la pobreza por un mundo del trabajo transformador desde la perspectiva de género: a través del diálogo social y la negociación colectiva

El mundo actual nunca ha sido tan rico (tres veces más riqueza que hace treinta años), y sin embargo 685 millones de personas viven en la pobreza extrema y cientos de millones de personas trabajan en empleos precarios e informales, la mayoría de las cuales son mujeres. La desigualdad ha alcanzado niveles récord: el 1% más rico se ha llevado el 38% de toda la riqueza, mientras que el 50% más pobre sólo ha ganado el 2%. En 2022, los accionistas recibieron dividendos récord, mientras miles de millones de personas en todo el mundo luchan por sobrevivir a una crisis del coste de la vida, ya que los salarios de los trabajadores son demasiado bajos y más de la mitad del mundo carece de acceso a la protección social. Una erosión de los derechos de los trabajadores que dura ya décadas está impulsando la pobreza, la desigualdad, la inequidad, la exclusión y la inseguridad, agravada además por múltiples crisis, como la crisis mundial de los cuidados; la crisis climática y de la biodiversidad; la erosión de la democracia; la libertad de expresión; y el auge de la extrema derecha.

Los cambios en los modelos de trabajo, en particular a través de las nuevas tecnologías y la digitalización, y el uso abusivo de contratos temporales y de corta duración han dado lugar a una inseguridad laboral masiva y han socavado la libertad de asociación, la negociación colectiva y el acceso a la protección laboral. Esto afecta sobre todo a las mujeres. Están sobrerrepresentadas en empleos pobres y mal remunerados, profundamente afectadas por formas persistentes de discriminación, exclusión, violencia de género y sistemas de opresión entrecruzados basados en la clase, la etnia, la raza, el estatus migratorio, la capacidad, la orientación sexual, la identidad de género y otros motivos. La brecha de género en la participación laboral sigue estancada en el 27%. De media, las mujeres siguen cobrando un 20% menos que los hombres. Al ritmo actual de cambio, harán falta 257 años para cerrar la brecha salarial de género a nivel mundial. Las niñas de los hogares más pobres siguen estando excluidas de la educación. Al ritmo actual de progreso, se necesitarán otros 54 años para lograr la finalización universal de la enseñanza primaria para las niñas. El 53,1% de la población mundial -4.100 millones de personas- carece de protección social. Sólo el 30,6% de la población en edad de trabajar está legalmente cubierta por sistemas de seguridad social integrales que incluyen una gama completa de prestaciones.

Cuando las mujeres acceden a la protección social, experimentan una gama de cobertura de protección social inferior y niveles de prestaciones sustancialmente más bajos, ya que los sistemas contributivos penalizan a las mujeres, que a menudo son responsables de una parte desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado. Esta carga aumenta cuando los servicios públicos están ausentes, son inadecuados o están privatizados. Una gran proporción de mujeres experimentan profundos impactos para acceder y mantener un trabajo remunerado debido a la violencia de género y al acoso en su mundo laboral.

Uno de los factores clave de la persistencia de las brechas de género en el mundo laboral es la injusta distribución del trabajo de cuidados no remunerado, la inadecuada organización social de los cuidados y décadas de debilitamiento de la responsabilidad del Estado en las políticas de cuidados y de inversiones insuficientes en la economía de los cuidados, incluidos los servicios públicos de salud, cuidados y educación, la desregulación, la infrafinanciación y la privatización, incluida la captura empresarial de la salud y los cuidados. Durante la pandemia de COVID-19, el 90% de las mujeres que perdieron su empleo en los primeros 18 meses abandonaron la población activa, mientras que las mujeres han perdido alrededor de 800.000 millones de dólares en ingresos. Esta pérdida es comparable al PIB combinado de unos 98 países. La pandemia reveló una brecha de género del 8% en la protección social. Aunque las mujeres ya realizaban tres veces más trabajo de cuidados no remunerado que los hombres, estas responsabilidades aumentaron durante la pandemia. La pandemia mostró también la importancia de los servicios públicos, incluidos los servicios de primera línea. La pandemia ha profundizado aún más las desigualdades en la educación de niñas y mujeres jóvenes, lo que ha provocado un aumento de las tasas de abandono escolar, embarazos en adolescentes y matrimonios de niñas. Las mujeres sufrieron un fuerte aumento de la violencia doméstica y de la violencia de género y el acoso en el mundo laboral. Las mujeres migrantes y refugiadas, las mujeres jóvenes y mayores, las mujeres indígenas, las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad y las personas LGBTI+ se vieron especialmente afectadas.

Romper el ciclo de la pobreza exige pleno empleo y trabajo decente para todos, lo que incluye la creación de millones de puestos de trabajo decentes, la formalización de los empleos informales dirigida por los trabajadores, el acceso universal a los sistemas y pisos dEl mundo actual nunca ha sido tan rico: la riqueza actual equivale al triple que hace 30 años. Sin embargo, 685 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, y cientos de millones de personas, la mayoría de las cuales son mujeres, desempeñan empleos precarios e informales. La desigualdad ha alcanzado niveles récords: el 1% más rico se ha hecho con el 38% de toda la riqueza, mientras que el 50% más pobre apenas ha ganado el 2%. En 2022 los accionistas recibieron los mayores dividendos de la historia, mientras que miles de millones de personas en todo el mundo luchan por sobrevivir a una crisis del coste de la vida, puesto que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras son demasiado bajos, y más de la mitad de la población del planeta carece de acceso a sistemas de protección social. La erosión de los derechos de los trabajadores, que se prolonga desde hace décadas, está provocando pobreza, desigualdad, inequidad, exclusión e inseguridad, y se está viendo agravada por múltiples crisis, como la crisis mundial de los cuidados, la crisis del clima y la biodiversidad, la erosión de la democracia y la libertad de expresión, y el auge de la extrema derecha.

Los cambios en los modelos de trabajo, en particular a través de las nuevas tecnologías y la digitalización, y el uso abusivo de contratos temporales y de corta duración, han dado lugar a una inseguridad laboral masiva y han socavado la libertad sindical, la negociación colectiva y el acceso a la protección laboral. Esto afecta sobre todo a las mujeres, que se encuentran sobrerrepresentadas en empleos precarios y mal remunerados, y profundamente afectadas por las persistentes formas de discriminación, exclusión, violencia de género y sistemas transversales de opresión basados en la clase, la etnia, la raza, el estatus migratorio, la capacidad, la orientación sexual, la identidad de género y otros factores. La brecha de género en la participación de la población activa continúa estancada en un 27%. Las mujeres siguen cobrando de media un 20% menos que los hombres. Al ritmo actual de cambio, se necesitarán 257 años para eliminar la brecha salarial de género a escala mundial. Las niñas pertenecientes a los hogares más pobres siguen estando excluidas de la educación. Al ritmo actual de progreso, se necesitarán otros 54 años para conseguir que todas las niñas cursen el ciclo completo de enseñanza primaria. El 53,1% de la población mundial (4.100 millones de personas) carece de protección social. Solo el 30,6% de la población en edad de trabajar está legalmente cubierta por sistemas de seguridad social integrales que incluyen una gama completa de prestaciones.

Cuando las mujeres consiguen efectivamente acceder a la protección social, se encuentran con una cobertura y unos niveles de prestaciones sustancialmente inferiores, puesto que los sistemas contributivos penalizan a las mujeres, que suelen responsabilizarse de una parte desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado. Esta carga es mayor cuando los servicios públicos son inexistentes o inadecuados o cuando están privatizados. Una gran proporción de mujeres experimenta importantes dificultades para acceder y mantener un trabajo remunerado debido al acoso y la violencia de género que sufren en el trabajo.

Uno de los factores clave de las persistentes brechas de género en el ámbito laboral es la distribución injusta del trabajo de cuidados no remunerado, la organización social inadecuada de los cuidados, así como décadas de debilitamiento de la responsabilidad del Estado en las políticas de cuidados, y de inversiones insuficientes en la economía del cuidado, en particular los servicios públicos de sanidad, cuidados y educación, la desregulación, la infrafinanciación y la privatización, concretamente la captación corporativa de la sanidad y los cuidados. Durante la pandemia de covid-19, el 90% de las mujeres que perdieron su trabajo durante los primeros 18 meses abandonaron el mercado laboral, mientras que las mujeres han perdido alrededor de 800.000 millones de dólares en ingresos. Esta pérdida es comparable al PIB combinado de aproximadamente 98 países. La pandemia sacó a la luz una brecha de género del 8% en la protección social. Aunque las mujeres ya realizaban el triple de trabajo de cuidados no remunerado que los hombres, estas responsabilidades aumentaron durante la pandemia. La pandemia también dejó patente la importancia de los servicios públicos, en particular los servicios de primera línea. La pandemia ha profundizado aún más las desigualdades en la educación de las niñas y las jóvenes, lo que ha provocado un aumento de las tasas de abandono escolar, embarazos en adolescentes y matrimonios de niñas. Las mujeres experimentaron un fuerte aumento de la violencia doméstica y del acoso y la violencia de género en el mundo del trabajo. Se han visto especialmente afectadas las mujeres migrantes y refugiadas, las jóvenes y las más mayores, las indígenas, las víctimas de discriminación racial, las mujeres con discapacidad y las personas LGBTI+.

Para romper el ciclo de la pobreza se necesita pleno empleo y trabajo decente para todos, lo que incluye la creación de millones de puestos de trabajo decentes, un proceso de formalización de los empleos informales dirigido por los trabajadores, un acceso universal a sistemas y niveles mínimos de protección social, y un acceso equitativo a servicios públicos de calidad y a oportunidades de educación y formación gratuitas, de calidad e inclusivas.

Ya sea a escala local, nacional, sectorial o global, los sindicatos se encuentran a la vanguardia de la lucha contra la pobreza, en particular la pobreza en el trabajo, y de la labor para crear una sociedad más justa. Esto solo puede lograrse si los trabajadores y las trabajadoras pueden organizarse eficazmente, hacer campaña y participar en el diálogo social y la negociación colectiva, disponiendo de representación, en toda su diversidad, en las negociaciones y en la toma de decisiones relativas a cuestiones económicas y sociales importantes para ellos y sus familias.

En este contexto, los sindicatos han logrado la adopción de leyes y políticas innovadoras, con potencial para sacar a las mujeres de la pobreza mediante la mejora de sus oportunidades de acceso y permanencia en un trabajo remunerado, seguro y decente, exento de violencia de género, acoso y discriminación. Los sindicatos participan en el diálogo social, abogan y ejercen presión para garantizar el acceso de las mujeres a una protección social universal adecuada y a unos servicios públicos de calidad, con el fin de que las mujeres y las niñas dejen de ser las únicas responsables del trabajo de cuidados no remunerado, y de garantizar una transición justa y transformadora desde el punto de vista del género. Los sindicatos luchan por la justicia salarial y la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, especialmente en sectores feminizados donde los empleos se encuentran infravalorados, como son la educación, la sanidad y los cuidados.

El diálogo social es esencial para traducir el desarrollo económico en progreso social. La pandemia de covid-19 demostró el papel crucial que desempeña el diálogo social –basado en el respeto de la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva– a la hora de salvar empleos, ingresos y la vida de millones de trabajadoras y trabajadores.

Sin embargo, los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, en particular el derecho a formar y afiliarse a un sindicato, están siendo atacados, así como lo están los propios sindicatos. El resultado es una erosión de la negociación colectiva, una reducción de los salarios, el debilitamiento de derechos y protecciones laborales, la reducción de la protección social, un retroceso en las leyes, políticas y medidas de igualdad, y una mayor desigualdad.

Es fundamental contar con una Organización Internacional del Trabajo (OIT) fuerte y eficaz, que impulse la agenda multilateral. La OIT, la única entidad de las Naciones Unidas con composición tripartita, desempeña un papel muy importante en el establecimiento de las normas del trabajo, lo cual es esencial para reforzar la legislación y las políticas nacionales y para mejorar la vida laboral, la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales. El programa transformador de la OIT saca a las mujeres de la pobreza mediante la promoción de la igualdad de género, la igualdad de trato y de oportunidades para todos, la no discriminación y la inclusión, lo que incluye eliminar la brecha salarial de género, promover el trabajo decente, en particular en el ámbito de los cuidados y mediante políticas de licencia para el cuidado de personas a cargo, y eliminar el acoso y la violencia de género en el mundo del trabajo.

La reforma de las instituciones financieras internacionales, con el fin de garantizar las condiciones necesarias para la creación de un empleo transformador desde el punto de vista del género y un proceso de formalización del empleo informal dirigido por los trabajadores, resulta crucial. También lo son la creación de un sistema comercial favorable a los trabajadores y las trabajadoras y el diseño y la aplicación de políticas industriales, en particular el apoyo internacional a iniciativas nacionales en materia de política industrial.

La Agrupación Global Unions hace un llamamiento a los gobiernos para que emprendan acciones concertadas que consigan sacar a millones de mujeres de la pobreza para proporcionarles una vida digna e igualitaria, con seguridad de ingresos e igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un trabajo remunerado, decente y formal, exento de violencia y acoso; y para que alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aceleren la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing e implementen el Acelerador mundial del empleo y la protección social para transiciones justas de las Naciones Unidas, con sus ambiciosos objetivos en materia de creación de empleos decentes en la economía de los cuidados y en materia de consecución de unos niveles mínimos de protección social para todos antes de 2030.

Más concretamente, pedimos a los gobiernos que entablen un diálogo social con los sindicatos para:

• Desarrollar planes nacionales de empleo e invertir en la creación de 575 millones de puestos de trabajo decente antes de 2030, en particular en la economía de los cuidados y en empleos respetuosos con el clima, con una Transición Justa que tenga en cuenta las cuestiones de género y esté enfocada a economías medioambientalmente sostenibles para todos, así como un proceso dirigido por los trabajadores para la formalización de mil millones de empleos del sector de la economía informal.

• Garantizar inversiones públicas adecuadas y a largo plazo para la creación de 300 millones de empleos decentes en los sectores de la educación, la sanidad, los cuidados y los servicios sociales. Garantizar un acceso equitativo a servicios públicos de sanidad, cuidado infantil, cuidados de larga duración y educación que sean de calidad y transformadores en materia de género, así como a un transporte público de calidad. Garantizar un trabajo decente para todas las cuidadoras y cuidadores. Acabar con las restricciones de la masa salarial del sector público, en particular las impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Adoptar políticas de mercado laboral inclusivas, políticas laborales favorables a la familia y una protección social que tenga en cuenta las cuestiones de género y garantice un reparto equitativo de las responsabilidades y los trabajos relacionados con los cuidados.

• Garantizar salarios justos para todos, en particular mediante el establecimiento de salarios mínimos vitales, la consecución de la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la mejora de los salarios y las condiciones laborales, en particular en los sectores feminizados, abordando la discriminación transversal basada en la clase, el género, la raza, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, la condición de migrante, indígena, discapacitado y otros motivos, poniendo fin a la segregación ocupacional de las mujeres y otros grupos marginados, y garantizando el derecho fundamental de las mujeres al trabajo.

• Reformar los sistemas financieros y comerciales mundiales que niegan la prosperidad a miles de millones de personas, y construir un mundo pacífico y un modelo de desarrollo justo, basado en los derechos, que se haga realidad mediante la promesa de los ODS y una reforma multilateral.

• Reforzar los servicios públicos que cohesionan a las comunidades y proporcionan dignidad, una red de seguridad y unos niveles mínimos de protección social. Los servicios públicos de calidad, transformadores desde el punto de vista del género, son el mayor ecualizador y nivelador de la igualdad en la sociedad, ya que ofrecen a todas las personas un acceso igualitario y universal a los servicios a lo largo de toda su vida, desde la educación preescolar hasta el cuidado de personas mayores.

• Garantizar unos niveles mínimos y sistemas universales de protección social transformadores desde la perspectiva del género y un fondo mundial de protección social para ayudar a los países de renta baja a desarrollar y ampliar los sistemas de protección social en consonancia con las normas de la OIT. Rediseñar los regímenes de protección social para que los períodos de cuidados sean acreditados de forma equitativa, garantizar que se sigan pagando las cotizaciones durante los períodos de licencia para el cuidado de personas a cargo, y garantizar unos regímenes públicos de protección social adecuados y no contributivos, en particular pensiones básicas y prestaciones mínimas de desempleo garantizadas.

• Garantizar el acceso equitativo a oportunidades de educación y formación gratuitas, de calidad e inclusivas, en particular el desarrollo de competencias, la formación y el aprendizaje permanente, con el apoyo de estrategias de educación y formación y de políticas activas del mercado laboral, para el desarrollo, reciclaje y mejora de competencias. Esto es esencial a la hora de garantizar unos planes de transición justa, transformadores desde el punto de vista del género, en respuesta al cambio climático y a los cambios tecnológicos.

• Reducir la brecha digital mundial, tanto en los países como entre el Norte y el Sur, para llevar la conectividad a Internet a todos los pueblos del mundo como un derecho humano y garantizar un acceso equitativo y significativo a la tecnología para todos. Garantizar políticas y estrategias proactivas de digitalización, transformadoras desde el punto de vista del género. Velar por que las tecnologías nuevas y ecológicas garanticen un trabajo decente para todos, así como la igualdad y la equidad de género en el mundo del trabajo.

• Apoyar plenamente a la OIT en su mandato normativo, su estructura tripartita y su programa de trabajo decente, y garantizar el respeto y la aplicación efectiva de los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT, incluida la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva (Convenios núm. 87 y 98 de la OIT), la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (Convenios núm. 100 y 111 de la OIT), y un entorno de trabajo seguro y saludable (Convenios núm. 155 y 187 de la OIT). Y para acelerar aún más el logro de la igualdad y la equidad en el mundo del trabajo, ratificar y aplicar efectivamente los Convenios de la OIT en materia de protección social (núm. 102), responsabilidades familiares (núm. 156), pueblos indígenas (núm. 169), protección de la maternidad (núm. 183), trabajadoras del hogar (núm. 189) y violencia y acoso (núm. 190 y Recomendación 206).

Declaración presentada por la Internacional de la Educación, la Federación Internacional de Periodistas, la Confederación Sindical Internacional, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, la Unión Internacional de Asociaciones de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines y la Internacional de Servicios Públicos, organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social