Las Naciones Unidas están negociando un Convenio Marco de Cooperación Fiscal Internacional (CMCI). Este proceso marca un cambio con respecto a décadas de elaboración de normas lideradas por la OCDE, ofreciendo a todos los países un asiento igual en la mesa. La primera y segunda sesiones de negociación, celebradas en Nueva York del 4 al 15 de agosto de 2025, confirmaron tanto lo que está en juego como las oportunidades para los trabajadores. Paralelamente a las negociaciones, los sindicatos también se reunieron con los negociadores de los gobiernos en Nueva York para transmitir un mensaje sencillo: una fiscalidad justa es esencial para financiar el empleo, los salarios y los servicios públicos.

Por qué el Convenio es importante para los trabajadores

En la actualidad, el sistema fiscal internacional no es lo suficientemente sólido como para evitar los sistemas de evasión agresivos, que permiten a las poderosas multinacionales trasladar sus beneficios a paraísos fiscales, incluso cuando el trabajo y el valor reales se crean en otro lugar. El resultado es la pérdida de ingresos que deberían financiar hospitales, escuelas y protección social. Los trabajadores ven a diario los efectos: menos enfermeras, aulas masificadas, peor atención en los servicios públicos. Estas prácticas también distorsionan las finanzas de las empresas, reduciendo la innovación y la inversión en las ramas y lugares de trabajo donde se genera el valor real.

El Convenio representa una oportunidad histórica para sustituir estas normas incumplidas por alternativas más justas.

El papel de la mundial del trabajo en Nueva York

El 6 de agosto, la ISP, la CSI y la Red de Sindicatos por la Justicia Fiscal (NUTJ) organizaron una mesa redonda paralela a las negociaciones. Dirigentes sindicales de Ghana, Kenia, Chile, Honduras, Suecia y Estados Unidos se reunieron con altos representantes de los países que forman parte del Comité Intergubernamental de Negociación (INC), incluidos el Presidente del proceso y los codirectores de dos importantes líneas de trabajo, así como con un representante de la Comisión Europea. El intercambio fue franco y constructivo, y puso de relieve que la voz de los trabajadores no puede seguir siendo marginada en los debates mundiales sobre fiscalidad.

Los sindicatos establecieron tres prioridades:

• Gravar a las multinacionales allí donde se produce la actividad económica, superando las fallidas normas sobre precios de transferencia.

• Mantener la resolución de conflictos únicamente de Estado a Estado, rechazando el arbitraje inversor-Estado que socava la democracia.

• Garantizar la plena transparencia, incluida la obligación de presentar informes públicos país por país.

Los trabajadores también se hicieron oír en las propias negociaciones de la ONU. En representación de la ISP, Simon Vinge, de Akademikerförbundet SSR, tomó la palabra durante la sesión del INC para subrayar que la verdadera previsibilidad reside en unos servicios públicos bien financiados: agua limpia, salarios decentes, hospitales que funcionen y escuelas para todos. Instó a los gobiernos a garantizar que la Convención reconozca explícitamente el papel de los impuestos en la financiación del desarrollo sostenible en sus pilares económico, social y medioambiental.

Situación de las negociaciones

Durante dos semanas en Nueva York se celebraron negociaciones a puerta abierta entre los Estados miembros de la ONU, con la sociedad civil y los sindicatos presentes en la sala. Los debates abarcaron tres líneas de trabajo: el propio convenio marco, un primer protocolo sobre la fiscalidad de los servicios transfronterizos en la economía digital y opciones para la resolución de litigios fiscales. Tomados en conjunto con los comentarios públicos previos sobre el progreso de hasta el momento, los intercambios mostraron tanto líneas divisorias como áreas de consenso:

• Una división central se encuentra entre la OCDE y los gobiernos del Norte, por un lado, que hicieron hincapié en evitar la duplicación de las normas existentes y parecían reacios a cuestionar las normas sobre precios de transferencia, y los sindicatos y la sociedad civil, junto con algunos gobiernos del Sur Global, que piden cambios más fundamentales, como avanzar hacia un sistema unitario más justo que grave a las multinacionales allí donde se crean valor y empleo.

• En cuanto a los servicios transfronterizos, los países del Norte tienden a insistir en la presencia física como condición para la tributación, mientras que muchos países del Sur Global abogan por normas de presencia económica significativa (PEA) que reflejen mejor la economía digital actual. Para los sindicatos, la prioridad clave es garantizar unas normas de nexo que aseguren que las empresas tributan allí donde se encuentran su actividad económica real y sus trabajadores.

• En cuanto a la resolución de conflictos, varios países de la OCDE se mostraron dispuestos a considerar el arbitraje vinculante entre los inversores privados y los Estados, una medida que los delegados del Sur Global y los sindicatos rechazaron enérgicamente por considerar que socava la soberanía y crea un sistema de justicia paralelo y antidemocrático para las empresas.

• No obstante, existe una base común en cuanto a la elaboración de normas que beneficien a todos los países (del Norte y del Sur), la importancia de la simplicidad administrativa (con apoyo para el desarrollo de capacidades) y la necesidad de aclarar la estructura de gobernanza del convenio a medida que avancen las negociaciones.

Para los sindicatos, el meollo de la cuestión es estructural: superar este sistema roto y adoptar un enfoque unitario más justo, tratando a las multinacionales como entidades globales únicas y gravándolas allí donde se crean valor y empleo. En nuestra presentación conjunta a la ONU sobre las notas temáticas, la CSI y la ISP abogaron por unas normas sencillas y transparentes que refuercen los derechos fiscales de los países en desarrollo y proporcionen ingresos previsibles para los servicios públicos.

El futuro del trabajo

La sesión de agosto fue sólo el principio. Las negociaciones continuarán en Nairobi en noviembre, con tres sesiones programadas al año hasta 2027. Los sindicatos seguirán presentes y participarán activamente en cada fase, garantizando que no se dejen de lado las prioridades de los trabajadores.

Como dijo un dirigente sindical durante la mesa redonda, la pérdida de ingresos significa menos enfermeras, menos escuelas y peor atención sanitaria. Los laboristas seguirán defendiendo este argumento hasta que el convenio consiga las reformas que los trabajadores y las comunidades necesitan urgentemente.