El gobierno de Macron y la dirección de EDF están examinando en estos momentos un proyecto de gran envergadura destinado a “reestructurar” más adelante el Grupo EDF, cuyo nombre en clave es “Hércules”. El proyecto, el contenido completo del cual aún no se ha hecho público, tiene principalmente como objetivo separar las operaciones más rentables del sistema público nacional de la electricidad entre la producción nuclear de la red lucrativa de distribución (ENEDIS), y las filiales de las energías renovables, un sector en auge. Esta maniobra ya hace presagiar una colectivización de las pérdidas, así como de los riesgos financieros e industriales, con vistas a una privatización de los beneficios.

EDF ya fue debilitada en 2004 al convertirse en una SA por el 20% del capital, por la fijación de un precio regulado de venta de la energía desfavorable y el rescate “obligado” una parte de Areva y de su deuda. Con su plan de desestructuración y escisión del Grupo, el proyecto Hércules distorsiona y se opone a la misión misma de EDF, cuya vocación es ser, en sus orígenes después de la guerra, una empresa de utilidad pública.

Una delegación de la ISP estuvo presente en la manifestación de Lyon para ofrecer su solidaridad y apoyo a las acciones de otras organizaciones sindicales de los países en los que opera EDF (Reino Unido, Bélgica, Italia, Brasil, etc.) y para transmitir el mensaje de la Secretaria General, Rosa Pavanelli, a los trabajadores:

“La ISP está a vuestro lado como trabajadores del servicio público nacional francés de la electricidad y al lado de vuestras organizaciones sindicales en este día de movilización para defender el derecho de los ciudadanos, los usuarios, los trabajadores, los jubilados o los desempleados a un servicio público nacional de la electricidad por el bien de todos, y no para el beneficio privado de unos pocos”.

Mientras los partidarios de la privatización de los servicios públicos y de la liberalización del mercado de la energía elogian sus supuestos beneficios, la experiencia de la ISP y el análisis que ha realizado a nivel internacional sobre los más de 20 años de políticas de privatización y liberalización en el mundo demuestran que estas promesas no se materializan y que estas políticas no son más que un fracaso y, aún más, en el contexto de la crisis social y climática.

Un informe publicado hoy por la Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU) de la Universidad de Greenwich[1] demuestra que las verdaderas consecuencias de la escisión de las infraestructuras eléctricas públicas entre la producción, el transporte, la distribución y la comercialización, y la puesta en competencia (base del proyecto Hércules) son, entre otras, las siguientes:

• Un aumento de los precios y de los costes de transacción en toda la cadena, lo que conduce a la precarización energética de los consumidores;

• Una subestimación sistemática del precio de venta de las infraestructuras estratégicas, tales como las redes y las presas, pagadas por el contribuyente durante muchos años;

• La concentración en monopolios privados que permite fijar unas tarifas altas para maximizar los beneficios;

• Un deterioro de la calidad del servicio y un suministro de energía aleatorio con cortes del suministro;

• El abandono de inversiones y servicios en las zonas menos rentables;

• Una seguridad y un mantenimiento de las instalaciones deficientes;

• La desaparición, la precarización y la deslocalización de muchas profesiones del sector de la energía, tradicionalmente proveedor de empleos de calidad.

Esta estrategia de fragmentación también tiene como objetivo debilitar a los sindicatos del sector de la energía para posteriormente imponer con más facilidad reformas que amenazarán los convenios colectivos del sector. En un gran número de países, la liberalización y la privatización de los servicios públicos también han contribuido a que los ciudadanos se distancien del compromiso cívico y político, y a favorecer el ascenso del populismo y del nacionalismo, socavando la base de la democracia.

En abril de 2019, un informe de las Naciones Unidas sobre la pobreza en el Reino Unido culpaba a la privatización como política responsable del empobrecimiento y de la precariedad energética de la población inglesa. En el Reino Unido, que fue uno de los países pioneros de la privatización del sector energético, actualmente 1 de cada 10 hogares viven en la pobreza energética y hasta 2015 los usuarios británicos han pagado un aumento de 2 mil millones de libras debido a la escalada de los precios[2].

Desde 2017, el Partido Laborista británico ha incluido en su programa el objetivo de renacionalizar, modificar la reglamentación y recuperar el control de la red energética nacional para combatir la pobreza energética. En este programa, el papel de los ciudadanos es también fundamental para acompañar una nueva estrategia industrial y la transición ecológica, así como para democratizar y permitir la participación ciudadana en las decisiones estratégicas y el control de la economía[3].

Del mismo modo, en Australia, Queensland lanzó en 2017 una política energética integrada destinada a lograr un 50% de energía renovable para 2030 con la creación de CleanCo, un productor estatal de energía renovable. La iniciativa tiene como objetivo garantizar un suministro energético estable y asequible y crear 4.600 empleos de calidad para las comunidades locales que abandonen la generación térmica con carbón[4].

Francia posee un patrimonio de servicios públicos que constituye su especificidad y que es la envidia de la mayoría de los países del mundo. Es gracias a un servicio público nacional de la electricidad y a una infraestructura integrada, respaldados por una política energética nacional, que Francia ha podido desarrollarse y garantizar el acceso a la energía para todos sus ciudadanos a un precio idéntico y accesible en cualquier lugar y en cualquier momento

Lo que se necesita para EDF ahora es una estrategia de inversión y de transformación inteligente y sostenible que se base en sus fortalezas –su infraestructura integrada, su experiencia y sus profesiones, sus hombres y sus mujeres, y su vocación de servicio público esencial para todos– y no en su venta y desmantelamiento. Esta estrategia debe ser objeto de una reflexión democrática sobre las opciones económicas y las políticas estratégicas, así como sobre el futuro energético e industrial del país con el fin de hacer realidad un verdadero servicio público de electricidad, controlado por el estado, que sea beneficioso para todos los ciudadanos usuarios y todos los trabajadores del sector.

“En un contexto de lucha contra el calentamiento climático, un servicio público de electricidad integrada es la piedra angular de una transición energética exitosa, y no solo en Francia, sino también para Europa y el mundo en general. La ISP se une a las organizaciones sindicales francesas y a todos/as los/las trabajadores/as de EDF para pedir al gobierno francés y a la dirección de EDF que rechacen el proyecto Hércules y preserven la integridad de la infraestructura eléctrica nacional, que es un patrimonio colectivo constituido a través de la inversión pública y financiado por el contribuyente desde hace casi un siglo. Pertenece a los ciudadanos y debe ser protegido, reforzado y mejorado para las generaciones futuras, y no fragmentado, debilitado y vendido para responder a lógicas ideológicas y beneficios mercantiles a corto plazo”, concluyó R. Pavanelli.

[1] “Going Public: A Decarbonised, Affordable and Democratic Energy System for Europe” [Apostar por el sector público: Un sistema energético descarbonizado, asequible y democrático para Europa], fue encargado por la FSESP y escrito por la Dra. Vera Weghmann de la Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU) de la Universidad de Greenwich.

[2] Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Visita al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston.

[3] Manifiesto del Partido Laborista del Reino Unido de 2017, “Para muchos, no para pocos”.

[4] ISP- CGLU, SDG 11 – Tackling the challenges of global urbanization: flagship local government initiatives to meet the SDGs [ODS 11 – Abordar los desafíos de la urbanización mundial: iniciativas emblemáticas de los gobiernos locales para hacer realidad los ODS], Informe 2019 de Spotlight on Sustainable Development [Foco en el desarrollo sostenible]