La compañía energética estatal francesa Électricité de France (EDF) sigue en manos públicas a pesar de estar abierta a la inversión privada desde 2014. El gobierno francés sigue siendo propietario del 83% de la empresa. La Comisión de la Unión Europea presiona continuamente a Francia para que desagregue esta empresa pública integrada verticalmente. La desagregación es el primer paso hacia la privatización y permitiría a las multinacionales de la energía y a los inversores privados sacar beneficios del sistema.

Las consecuencias negativas de la privatización y la imposición de la lógica del mercado en el sector público de la energía son evidentes en muchos países: la prioridad es extraer los máximos beneficios en el menor tiempo posible, a costa de los trabajadores, los usuarios y la estabilidad y fiabilidad general del sistema. Además, la privatización limita la capacidad de poner en marcha una transición energética integral y urgente para responder a la crisis climática. Los informes de Sindicatos por la Democracia Energética (TUED) demuestran que un sector energético con ánimo de lucro no realizará las inversiones necesarias a tiempo y a escala para ampliar el acceso universal y descarbonizar la producción de electricidad.

Una EDF pública ha sido atacada durante años. Desde los rumores en 2018 sobre un proyecto de escisión, hasta el desastroso proyecto de ruptura de EDF, ridículamente llamado "Hércules" y luego cínicamente rebautizado como ‘Grand EDF’.

Los cuatro principales sindicatos del sector de energía de Francia se coordinaron con sus aliados para organizar huelgas, manifestaciones, peticiones y una campaña de comunicación continua con el público y con los funcionarios electos en todos los niveles del gobierno.

La FNME-CGT francesa elaboró una alternativa energética pública de pleno derecho, conocida como ‘Programa Progresista de Energía’, que mantiene un servicio público integrado y traza un camino para resolver los problemas de la mercantilización del sistema energético francés.

La FNME-CGT declaró: “Celebramos el nocaut contra el Hércules. El único objetivo de estas maniobras es realizar grandes operaciones financieras a costa de los consumidores y de los empleados de EDF”.

La FNME-FO propone “dar un nuevo impulso... a este servicio público, a partir de un balance de los últimos veinte años, abriendo un debate sobre los medios que hay que dar a EDF para proseguir sus misiones al servicio de la Nación, de la igualdad de sus ciudadanos y de dotar a Francia de una herramienta de lucha para acelerar la Transición Energética”.

Esta victoria se entiende como provisional. Una victoria en una guerra en curso. El gobierno francés no logró acordar los términos con la Unión Europea, un gran revés para las reformas del gobierno del presidente Emmanuel Macron. Los analistas del banco de inversión Barclays señalaron: "Seguimos creyendo que finalmente habrá un acuerdo entre la UE y Francia sobre la reorganización de EDF". En otras palabras, los banqueros quieren que la privatización siga adelante.

Los ataques a EDF se reanudarán probablemente después de las próximas elecciones presidenciales francesas, previstas para abril de 2022.

La ISP trabaja con nuestras afiliadas del sector de la energía en todo el mundo en las continuas luchas por preservar la energía como un servicio esencial que debe seguir en las manos públicas. Los servicios esenciales como la energía, el agua, la salud, la asistencia social y otros, deben seguir siendo públicos.