En medio de la creciente presión para privatizar y comercializar los servicios públicos, los sindicatos del sector del agua de Indonesia y Filipinas reafirmaron su posición común: el agua es un derecho humano, no una mercancía. Este compromiso se vio reforzado durante la Reunión de la Red de Sindicatos del Agua de Indonesia y Filipinas, celebrada el 12 de diciembre de 2025 en Yakarta.

La reunión proporcionó un espacio estratégico para que los sindicatos del agua intercambiaran experiencias, reforzaran la solidaridad transfronteriza y acordaran medidas conjuntas para defender unos servicios públicos de agua justos, asequibles y de alta calidad. Reunió al Sindicato de Trabajadores de PDAM Yakarta y a la Alianza de Trabajadores Públicos del Sector del Agua (AGWWAS) de Filipinas, con el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

En su discurso de apertura, Ian Mariano, Secretario Subregional de la ISP para el Sudeste Asiático, subrayó que el sector del agua está en el centro de los servicios públicos. Cuando el agua se trata como una mercancía, se perjudica a los trabajadores, pero también se perjudica el derecho de los ciudadanos a los servicios esenciales. Luis Monje, de la ISP, subrayó igualmente la importancia de reforzar la capacidad de liderazgo sindical para responder colectivamente a los retos intersectoriales y transnacionales que plantea la privatización.

En la primera sesión se examinó la situación actual del sector del agua en cada país. Victor Chiong, Presidente Emérito de la AGWWAS, describió la amplia privatización de los servicios de agua en Filipinas. Señaló que más de 70 ciudades y distritos de agua participan ahora en empresas conjuntas con entidades privadas. Entre las consecuencias más visibles se encuentran la reducción de puestos de trabajo fijos, el debilitamiento de la seguridad laboral y la erosión del poder sindical.

Victor esbozó las consecuencias a las que se enfrentan los sindicatos: ataques a la seguridad laboral y a la libertad de asociación, un cambio del servicio público a la prestación con ánimo de lucro, fuertes aumentos de las tarifas del agua, y disminución de la calidad del agua y del saneamiento. Estos resultados, dijo, se ven agravados por la escasa consulta pública -especialmente antes de las subidas de tarifas-, lo que dificulta el acceso de los hogares con bajos ingresos al agua potable. En resumen, la privatización ha alejado al Estado de sus responsabilidades sociales.

Desde Indonesia, Fachmi Islam, Secretario General del sindicato de trabajadores PDAM de Yakarta, habló de la evolución de la situación tras la remunicipalización de los servicios de agua en Yakarta. Aunque la gestión del agua ha vuelto a manos públicas, ha surgido una nueva amenaza a través de propuestas para cambiar el estatus de Perumda a Perseroda. Los sindicatos advierten de que ese cambio podría abrir la puerta a la inversión privada, la posible adquisición de activos estratégicos y el riesgo de que suban las tarifas.

En términos sencillos, el cambio de Perumda a Perseroda transformaría una empresa pública regional en una sociedad regional de responsabilidad limitada con capital social, creando un mayor espacio para la participación privada. Fachmi subrayó que no se trata de un ajuste técnico o administrativo, sino de una decisión que configura la futura dirección de la gobernanza del agua como servicio público.

Fachmi señaló que, al parecer, en un corto periodo de tiempo los precios del agua en Yakarta han subido alrededor de un 60%. Hizo referencia a la Decisión del Tribunal Constitucional n.º 85/PUU-XI/2013, que afirma que el agua es un derecho público bajo control estatal. En este marco, la participación privada solo se permite de forma limitada, bajo condiciones estrictas, y no debe socavar las obligaciones del Estado ni el derecho público al agua. Desde la perspectiva sindical, cambiar el estatus de PAM Jaya a Perseroda entraña el riesgo de contradecir estos principios constitucionales y podría debilitar el control democrático sobre el agua.

Para ilustrar los riesgos, Fachmi citó el caso de PT Jakarta International Expo (JIEXPO). Tras convertirse en Perseroda, el sector privado pasó a controlar el 86,88% de sus acciones, mientras que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta sólo conservó el 13,12%. Para los sindicatos, este ejemplo muestra cómo la reestructuración de una empresa de propiedad regional puede conducir a la pérdida de control público sobre activos estratégicos, lo que hace temer que PAM Jaya siga una trayectoria similar.

La segunda sesión se centró en la defensa de los derechos fundamentales de los sindicatos. Victor Chiong expuso el planteamiento de la AGWWAS para hacer frente a las restricciones a la libertad sindical en Filipinas, combinando la defensa de políticas con el fortalecimiento de la afiliación. Saroha Simanullang, Asesora Jurídica de SP PDAM Yakarta, expuso los obstáculos jurídicos y prácticos en las relaciones laborales que a menudo perjudican a los trabajadores del agua y debilitan el poder de negociación colectiva.

En la reunión también participaron representantes de SP PDAM Tirta Intan Garut. Su Presidente, Gun Gun, acogió con satisfacción la oportunidad de aprender de la experiencia filipina, advirtiendo que la privatización en ese país ha reducido el control estatal, impulsado el aumento de las tarifas y creado cargas de deuda para los gobiernos locales. Hizo hincapié en que los efectos más graves recaen sobre las comunidades de bajos ingresos, que luchan por pagar unas facturas cada vez más elevadas y se enfrentan a una desigualdad cada vez mayor en el acceso al agua potable. "Se critica la privatización por empeorar el acceso al agua potable de muchos residentes, especialmente los pobres. Hace que el agua deje de ser un servicio público y se convierta en una mercancía que controla la vida de las personas, cuando debería seguir siendo responsabilidad del Estado", afirmó.

El acceso universal al agua potable fue el tema central de la tercera sesión. Arif Maulana, de YLBHI, subrayó que el agua forma parte del marco de derechos humanos que el Estado debe cumplir. Criticó la tendencia a entregar la gestión del agua a los mecanismos de mercado, argumentando que esto se aleja de la justicia social y transforma el agua de un servicio público en una mercancía económica.

El debate concluyó con una cuarta sesión en la que se hizo hincapié en el trabajo conjunto para reforzar la solidaridad y la capacidad de los sindicatos transfronterizos. Los participantes coincidieron en que la privatización del sector del agua es un reto mundial que requiere una respuesta colectiva. El intercambio entre los sindicatos indonesios y filipinos se consideró una base valiosa para reforzar la campaña contra la privatización y ampliar las redes de defensa en todo el sudeste asiático.

La reunión reafirmó que los sindicatos del sector del agua desempeñan un papel estratégico a la hora de mantener el agua dentro de un dominio público y democrático. Frente a la liberalización y la comercialización, la solidaridad transfronteriza sigue siendo esencial para defender el agua como derecho público. Los debates de Yakarta pusieron de relieve que las luchas de los trabajadores del agua en Indonesia y Filipinas no están aisladas: están conectadas y forman parte de una lucha más amplia contra la injusticia estructural en los servicios públicos.