En toda Asia y el Pacífico, las afiliadas de la ISP consideran cada vez más la justicia fiscal como una labor sindical fundamental. El trabajo digno y los servicios públicos de calidad dependen de los ingresos públicos. Mediante la coordinación regional y los esfuerzos de desarrollo de capacidades, los sindicatos están desafiando un sistema fiscal amañado que permite a las empresas multinacionales y a los ricos pagar menos impuestos, mientras que los gobiernos recurren a la austeridad, las tarifas de usuario y la privatización.

De una cuestión «técnica» a una cuestión que afecta a la mayoría de los trabajadores

Una estrategia central ha sido popularizar la justicia fiscal, sacándola de los círculos políticos de élite y llevándola a los lugares de trabajo, la educación sindical y las agendas de negociación. Como explica V. Narasimhan, presidente de la Federación Nacional de Empleados de Seguros de Vida de la India:

«Antes se pensaba que la justicia fiscal era un asunto de las élites. Hemos intentado cambiar esta actitud. La estructura fiscal no debe ser comprendida solo por quienes la regulan, sino también por quienes la pagan, es decir, los trabajadores. Por lo tanto, simplificamos el contenido y desarrollamos capacidades».

Esto ha contribuido a orientar el debate hacia la fiscalidad progresiva, la seguridad social y la financiación de los servicios públicos. Estos esfuerzos contribuyeron a que la justicia fiscal y la movilización de recursos se convirtieran en una demanda central durante las consultas previas al presupuesto de 2024 de los diez sindicatos centrales de la India con el gobierno. Los sindicatos vincularon la fiscalidad progresiva con el empleo, la protección social y la inversión pública. El documento presentado al gobierno decía:

«La movilización de recursos (para servicios públicos de calidad) debe realizarse aumentando el impuesto de sociedades, el impuesto sobre el patrimonio e introduciendo el impuesto de sucesiones, en lugar de gravar a las masas populares con el impuesto sobre bienes y servicios (GST) en productos alimenticios y medicamentos esenciales. A lo largo de décadas, los tipos impositivos de las empresas se han reducido injustamente y, al mismo tiempo, el aumento de la carga fiscal indirecta sobre la población ha dado lugar a una estructura fiscal totalmente regresiva. Esto debe corregirse en aras de la justicia, la equidad y la corrección».

Se hizo hincapié en la imposición de un impuesto sobre sucesiones a los más ricos para generar ingresos.

Sus propuestas, desde reformas fiscales progresivas hasta la ampliación de la seguridad social, reflejan un consenso laboral cada vez mayor: si los gobiernos afirman que «no hay dinero» para salarios, pensiones, sanidad y educación, los sindicatos preguntarán quién se está librando de pagar la factura.

Australia gana el CBCR

En Australia, las afiliadas de la ISP contribuyeron a lograr un importante avance: la presentación de informes públicos país por país, una medida de transparencia empresarial diseñada para sacar a la luz el uso de paraísos fiscales y el traslado de beneficios. En esta lucha, el Sindicato Australiano de Servicios (ASU), el Sindicato del Sector Público y Comunitario (CPSU), la Asociación de Enfermeras y Parteras de Nueva Gales del Sur (NSWNMA) y otras afiliadas trabajaron incansablemente junto con la sociedad civil en general para impulsar la transparencia fiscal en la legislación y defenderla frente a la reacción de las empresas.

La ley se aprobó finalmente a finales de 2024.

Organización en toda la región

Esta labor no se limita a Australia y la India. Varios sindicatos de Asia-Pacífico forman parte de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, así como de la Red de Sindicatos para la Justicia Fiscal, liderada por la ISP. Reúnen a los sindicatos para dar forma a la reforma fiscal a nivel mundial, regional y nacional.

Afiliados como la Confederación Independiente de Trabajadores de los Servicios Públicos (PSLINK) de Filipinas y el Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Salud de Maldivas (MPHU) están trabajando en pro de la justicia fiscal en sus países. Su argumento es sencillo: la justicia fiscal es la justicia de los trabajadores. Cuando las empresas y los ricos pagan menos de lo que deberían, los gobiernos recortan servicios, externalizan puestos de trabajo y trasladan los costos a la gente común. Cuando los sindicatos consiguen transparencia y reformas progresistas, refuerzan la base material por la que luchan los trabajadores cada día: un trabajo digno y unos servicios públicos de calidad.