La propuesta, lanzada por España y Brasil en la Conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla, supone un paso histórico para hacer frente a la desigualdad extrema de riqueza que amenaza tanto a los servicios públicos como a la propia democracia.

La iniciativa pretende garantizar un sistema fiscal mundial progresivo y eficiente con el objetivo de reducir la desigualdad social. Esta iniciativa se basa directamente en años de campaña por la justicia fiscal liderada por los sindicatos, que ya ha cosechado importantes victorias, como el impuesto de sociedades mínimo mundial de la OCDE, las iniciativas de información pública país por país de Australia y las negociaciones en curso sobre los tratados fiscales de las Naciones Unidas.

La ISP ha estado presente en la Conferencia de Sevilla abogando por un desarrollo impulsado públicamente, financiado a través de una fiscalidad más justa, mediante servicios públicos de calidad y la acción de los gobiernos para hacer frente a la crisis climática.

Los sindicatos afiliados a la ISP han desempeñado un papel decisivo a la hora de presionar a los gobiernos para que adopten medidas en materia de justicia fiscal.

En Brasil, donde la desigualdad extrema ha sido un reto persistente, los dirigentes sindicales consideran este avance como un gran paso adelante.