Requiere la voluntad política de desmantelar sus pilares sistémicos y estructurales con un enfoque interseccional que pueda reconocer las múltiples opresiones sobre las que se construye.

Necesita la demolición de los sistemas y estructuras que apoyan el poder persistente y desigual del Norte Global en la gobernanza económica mundial.

Las nuevas estructuras deben reflejar una política internacional que debe despojarse de las relaciones racistas, sexistas, coloniales, extractivas, explotadoras y coercitivas para ejercer el poder.

Incluye la cancelación total de la deuda y compromisos tangibles de reparaciones climáticas, coloniales y económicas significativas.

Exige que los países del Norte Global desistan de militarizar las relaciones económicas para construir una sociedad investida de principios feministas, humanos, sociales y de bienestar.

Revela el problema estructural del endeudamiento y las condicionalidades neocoloniales que conllevan y cómo afectan a las mujerxs.

Expone la deuda real que el sistema económico tiene sobre las mujerxs por la extracción diaria de siglos de trabajo de cuidado no remunerado.

Entiende la crisis climática como una deuda con la generación futura y rechazar las falsas soluciones basadas en la deuda que repiten patrones coloniales que afectan desproporcionadamente a las mujeres y las niñas.

Rechaza el enfoque de consolidación fiscal que prioriza los pagos de la deuda colonial audaz e ilegítima a través de la austeridad, por encima del enfoque de la atención basado en los derechos.

Aboga por la cancelación de todas las deudas audaces e ilegítimas y el servicio de la deuda que reducen el espacio fiscal de los Estados para cumplir con sus obligaciones hacia un enfoque basado en los derechos para reconstruir la organización social del cuidado.

Subraya la necesidad de reconocer que el lenguaje y la comunicación a nivel geopolítico están ganando espacios locales, controlando nuestra visión del mundo y limitando nuestra voluntad de transformación.

Se compromete a reconceptualizar el mundo y los cambios que queremos.

Desplaza la tendencia de mercantilización, monetización, financiarización y privatización que pretende convertir el cuidado en un activo lucrativo de interés privado, y situar el cuidado como un bien común y público dirigido por la reconstrucción de la organización social del cuidado.

Articula las repercusiones de la privatización de los sistemas y servicios de cuidado en el empobrecimiento de las mujerxs, la reducción de sus oportunidades y, en muchos países en desarrollo, el hecho de que se vean obligadas a emigrar por necesidad y no por elección. Mientras que, en los países de destino, la misma tendencia de privatización del cuidado perpetúa la explotación de las trabajadoras migrantes de la salud y el cuidado, que se encuentran con trabajos y condiciones de vida mal remunerados, peligrosos y precarios.  

Reclama políticas de migración laboral transformadoras del género, centradas en las personas y basadas en los derechos, con regulación estatal para una contratación justa y ética, que respeten las normas laborales fundamentales e inviertan en los sistemas públicos de salud y cuidado de todos los países.

Plantea el principio de solidaridad en el papel de los sistemas y servicios públicos de cuidado, que sustenta los derechos humanos. Este principio exige construir una cultura que comprenda la importancia de los servicios públicos de calidad para todxs y se comprometa con la redistribución de la riqueza, así como con la redistribución del trabajo remunerado y no remunerado, la reducción de las desigualdades y la justicia social.

Reconoce al cuidado como un derecho humano.

Asegura la financiación pública e inversión en sistemas públicos de cuidado y regulación de todos los agentes que prestan cuidado en la sociedad, y equilibrio de la participación del sector privado para responder a los intereses universales.

Promove el trabajo decente para lxs trabajadorxs del cuidado, incluido el pleno empleo, la protección social, los derechos laborales y los derechos de negociación colectiva.

Reconoce que la crisis climática está afectando negativamente a los sistemas de cuidado al degradar la tierra y los recursos naturales necesarios para el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, aumenta la pobreza de tiempo de las mujeres y crea condiciones más precarias y arriesgadas para proporcionar cuidado.

Pide una transición justa hacia sociedades y economías sostenibles que apoyen los sistemas públicos de cuidado invirtiendo en servicios públicos de buena calidad y transformadores de género, programas universales de seguridad social y condiciones de trabajo decentes.

Denuncia que el enfoque dominante para una transición justa hacia la sostenibilidad ha favorecido históricamente la transición de trabajadores predominantemente masculinos de las industrias de combustibles fósiles a empleos verdes, incluidos los de la industria manufacturera y las energías renovables. Si bien esto es crucial, dista mucho de ser suficiente para generar resultados equitativos, ya que suele pasar por alto las necesidades, perspectivas y contribuciones de las mujerxs, que constituyen más de la mitad de la población mundial. 

Defiende que las políticas de transición justa deben tener una comprensión sistémica, que abarque no sólo la transformación estructural de la matriz de producción, consumo e intercambio a escala global, sino también de las relaciones en las que tiene lugar el trabajo, incluyendo la transformación de la división sexual del trabajo, la revalorización del trabajo de las  mujerxs y de los sectores feminizados, así como la eliminación de las brechas salariales de género.

Reconoce el trabajo de cuidado y las experiencias de las mujerxs en la formulación de políticas fiscales, exigiendo el reconocimiento y la valoración del trabajo de cuidado no remunerado en la formulación de políticas fiscales y prácticas administrativas. Esto debería incluir el establecimiento de sistemas fiscales que reconozcan la naturaleza única de la prestación de cuidado y las necesidades del cuidado -tanto remunerado como no remunerado-, reduciendo directa e indirectamente su carga fiscal (es decir, a través de créditos fiscales, exenciones, etc.), y eliminando cualquier sesgo implícito y explícito existente contra lxs cuidadorxs -específicamente las mujerxs- en las estructuras fiscales. Una parte esencial para lograrlo sería la inclusión de las voces y perspectivas de las mujerxs en el diseño y aplicación de políticas fiscales y estrategias económicas a nivel nacional, regional y mundial.

Aboga por una fiscalidad progresiva para la financiación de servicios públicos transformadores en materia de género, reclamando sistemas fiscales nacionales progresivos que puedan financiar de forma equitativa y sostenible la prestación de servicios públicos gratuitos, universales y de calidad como la salud, la educación, el cuidado de lxs niñxs, el cuidado social, el cuidado de larga duración, la protección social y las infraestructuras. Estos servicios son esenciales para aliviar la carga del trabajo de cuidado no remunerado de las mujerxs. Para recaudar estos recursos de manera justa sería necesario garantizar que las políticas fiscales nacionales y los acuerdos internacionales impongan una mayor carga a las personas adineradas y a las empresas multinacionales, en particular mediante la introducción y el aumento de los tipos del impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto de sociedades. Los fondos recaudados de estas fuentes pueden utilizarse para crear y/o reforzar "fondos de cuidado" nacionales con la intención de garantizar recursos públicos para reconstruir la organización social del cuidado como medida clave para transformar las relaciones desiguales de género.

Apoya la eliminación de la carga que suponen las medidas fiscales regresivas para lxs cuidadorxs formales e informales.  Dependiendo de la capacidad específica de sus administraciones fiscales, los gobiernos deberían tomar todas las medidas apropiadas para contrarrestar eficazmente la carga desproporcionada que medidas regresivas como el IVA suponen para las mujerxs, en particular para las cuidadoras informales y las que viven en la pobreza. En la misma línea, debe actuarse públicamente para favorecer a los más vulnerables, corrigiendo las medidas que amplían las brechas sociales y económicas existentes, como los gastos y beneficios fiscales que ayudan desproporcionadamente a los más ricos y poderosos.

Plantea la necesidad de desarrollar la transparencia fiscal y la rendición de cuentas para frenar los flujos financieros ilícitos, abogando por una mayor transparencia para hacer frente al secretismo que permite la elusión y la evasión fiscal de empresas e individuos, lo que se traduce en el drenaje de recursos públicos críticos que afectan desproporcionadamente a los derechos de las mujerxs. Esto incluirá la adopción de (A) el intercambio multilateral y automático de información sobre cuentas financieras y clases de activos relacionados, sin el requisito de reciprocidad inmediata por parte de los países en desarrollo; (B) la transparencia de los beneficiarios finales de las empresas, fideicomisos, asociaciones y otros vehículos legales, a través de registros públicos que incluyan el establecimiento de un Registro Global de Activos; y (C) la publicación anual de datos de información país por país a nivel de empresa, así como el análisis de género de las exenciones e incentivos fiscales, y la divulgación pública general y la transparencia, incluidas las políticas y prácticas fiscales, por parte de las autoridades fiscales nacionales para fortalecer la responsabilidad pública y la cooperación transfronteriza efectiva.

Pide una cooperación fiscal mundial inclusiva y democrática para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Fiscalidad que contribuya a la justicia de género exigiendo un proceso intergubernamental para una cooperación internacional inclusiva y eficaz en materia fiscal. Esta iniciativa podría dar lugar a una arquitectura fiscal internacional más equitativa, inclusiva, transparente y democrática, capaz de contribuir al cumplimiento de los derechos de las mujerxs y a políticas fiscales transformadoras en materia de género a todos los niveles. En particular, exigir que se tengan en cuenta las propuestas y los conocimientos feministas en las negociaciones de una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cooperación fiscal internacional.

Reafirma un enfoque del cuidado basado en los derechos, consagrado en la obligación de los Estados y las instituciones de utilizar los impuestos para movilizar el máximo de recursos disponibles a fin de obtener el espacio fiscal necesario para hacer realidad los derechos de las mujerxs.