Recordamos a lxs trabajadorxs que siguen condenadxs al trabajo forzoso; a todxs los trabajadorxs públicos despedidxs por las medidas de austeridad y que siguen en el paro; a las nuevas generaciones de trabajadorxs explotadxs por la IA (inteligencia artificial) y el nuevo capitalismo de plataforma; y especialmente a los trabajadorxs de la salud sobrecargadxs y mal pagadxs que fueron testigos de la pérdida de tantas vidas por la falta de preparación y recursos de los gobiernos.

Estas condiciones se suelen atribuir a la economía y al funcionamiento de los mercados, como la crisis financiera y económica mundial de 2008, o a la pandemia de Covid-19 en los últimos tiempos, que según un informe de la OIT ha provocado la pérdida de 225 millones de empleos a tiempo completo, la mayoría de ellos de mujeres.

Los recortes de austeridad del FMI en sólo 15 países han bloqueado la contratación de más de 3 millones de enfermerxs, profesorxs y otros trabajadorxs esenciales del sector público.

Mientras algunos reclaman un nuevo contrato social que aborde la precariedad y la informalidad, más inversión pública y el refuerzo de las normas de seguridad y salud laboral, también nos damos cuenta de que hay muchos recursos robados y ocultos a la vista del público.

Los papeles de Pandora recientemente publicados, así como los papeles de Panamá y los papeles del Paraíso anteriormente, revelan un complejo sistema de riqueza oculta, evasión de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de la clase dirigente en todo el mundo.

El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) calcula que en los paraísos fiscales se ocultan entre 5,6 y 32 billones de dólares, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho que el uso de los paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta 600.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año.

No es sólo una pandemia o una crisis económica lo que estamos combatiendo, ¡es corrupción y robo a plena luz del día! Se trata de recursos robados a lxs ciudadanxs, que podrían haberse utilizado para aliviar o resolver muchos de los problemas a los que nos hemos enfrentado durante todos estos años.

Al mismo tiempo, las consecuencias desastrosas para los servicios públicos producidas por el mismo FMI y su apuesta por la austeridad han quedado al descubierto por esta pandemia.

La escasez de personal y la falta de inversión pública han llevado a lxs trabajadorxs de primera línea a situaciones peligrosas y devastadoras, luchando por proporcionar la atención vital y los servicios de calidad que sus comunidades necesitan y merecen.

Para restablecer su credibilidad, es hora de que el FMI lleve a cabo un profundo cambio institucional, alejándose de la austeridad y acercándose a políticas que refuercen nuestros servicios públicos y apoyen a lxs trabajadorxs que los prestan. Acabar con las restricciones salariales del sector público sería un buen comienzo.

Un informe conjunto de la ISP, ActionAid y la Internacional de la Educación, que se presentará el 12 de octubre, expone cómo los recortes de austeridad del FMI en sólo 15 países han bloqueado la contratación de más de 3 millones de enfermerxs, profesorxs y otros trabajadorxs esenciales del sector público.

El informe revela que la aplicación de los recortes en la masa salarial del sector público es tan contundente como carente de dirección, contradiciendo los objetivos de desarrollo y socavando la capacidad de los gobiernos para responder a las crisis interconectadas.

En resumen, en este Día Mundial por el Trabajo Decente es importante enviar una señal clara a las autoridades para que haya más transparencia, políticas justas y equitativas, y más recursos y ambición para atajar la corrupción a todos los niveles.