El presidente estadounidense amenazó con tomar medidas de represalia contra las empresas de los países que aplicaran el gravamen complementario sobre el impuesto de sociedades. El mínimo global existente del 15%, un tipo muy inferior al mínimo legal en la mayoría de los países, se diseñó para desincentivar el traslado de lucros por parte de las multinacionales. Los defensores de la justicia fiscal ya consideraban que este acuerdo - propuesto inicialmente por los propios Estados Unidos - era demasiado débil.

Ahora, al ceder a la presión de Trump, los líderes canadienses y europeos han demostrado que están dispuestos a sacrificar los intereses de sus propios ciudadanos, que necesitan desesperadamente los ingresos para financiar los servicios públicos, para aplacar a las gigantescas corporaciones estadounidenses. Las multinacionales estadounidenses evaden el doble de impuestos que las empresas de otros países, desviando la riqueza de sus propios trabajadorxs hacia los bolsillos de los accionistas.

Mientras tanto, Canadá ha cedido a la presión de Trump sobre su propuesta de impuesto sobre los servicios digitales, que afectaba a los gigantes tecnológicos, con el fin de reabrir las negociaciones comerciales.

El Secretario General de la ISP, Daniel Bertossa, ha declarado: "¿Están los líderes del G7 realmente dispuestos a romper las normas mundiales sobre la base del último capricho o amenaza de Trump? Están dando carta blanca a las corporaciones y a los paraísos fiscales, todo ello mientras los servicios públicos de los países del G7 siguen lamentablemente infrafinanciados.

Ya sabíamos que Trump estaba trabajando en nombre de las grandes corporaciones. Pero ver cómo el grupo de líderes del G7 se pliega a sus órdenes muestra cómo la tiranía corporativa en cualquier lugar es un daño para la democracia en todas partes. Lo que necesitamos es una respuesta coordinada de los países que apoyan la democracia, el multilateralismo y los servicios públicos de calidad para hacer frente a Trump y al capital global. Sin eso, seguirá escogiendo de cada país durante los próximos 4 años."

Cuando se permite a las empresas multinacionales eludir sus impuestos, son lxs trabajadores quienes pagan el precio, en recortes de los servicios públicos, salarios más bajos y menos empleos, ya que la riqueza se esconde en paraísos fiscales y no se reinvierte productivamente, y a través de impuestos más altos que gravan sus ingresos cuando los gobiernos tratan de tapar las lagunas en los ingresos.

Los países deben defender su derecho soberano a tributar y resistirse a las presiones para conceder tratos sucios a las empresas extranjeras. En su lugar, nuestrxs dirigentes deben empezar por insistir en que todas las multinacionales paguen la parte que les corresponde allí donde se desarrolla la actividad económica. En las Naciones Unidas se está negociando un nuevo convenio fiscal. Los gobiernos deben aprovechar esta oportunidad para reescribir las normas mundiales con el fin de proteger la función básica de los Estados de recaudar ingresos para el bien público.