Cada vez se reconoce más el papel clave y la contribución de las ciudades y los gobiernos locales y regionales (GLR) a la realización de los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide ahora a los Estados que apoyen la capacitación de los GLR para que puedan cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos en el ámbito local. Sin embargo, el respeto de los derechos humanos y laborales de lxs trabajadorxs de GLR – el brazo operativo de los gobiernos subnacionales - sigue siendo un reto importante en sí mismo y obstaculiza la localización de los derechos humanos en las comunidades y territorios. La dotación inadecuada de personal, las condiciones de trabajo malas y precarias, y el acceso limitado o inexistente a la libertad de asociación y a la negociación colectiva son una realidad cotidiana para muchxs trabajadorxs de los GRL en el mundo.

Por eso, con motivo del Día Mundial de las Ciudades 2023 de las Naciones Unidas, el mensaje de la ISP es: "Los derechos de los trabajadores GLR son derechos humanos". Hacemos un llamamiento a la ONU, a los estados, a lxs alcaldes y alcaldesas y a los GLR, así como a las organizaciones aliadas, para que adopten medidas de manera urgente, en diálogo y cooperación con los sindicatos de trabajadorxs de GLR, para abordar los déficits de derechos humanos y laborales de lxs trabajadorxs de GLR prioritario, de modo que pueda cumplirse realmente la responsabilidad de los GLR de cumplir con los derechos humanos a nivel local.

Los gobiernos locales y regionales (GLR)  son esenciales para la aplicación de los derechos humanos

El reconocimiento del papel clave y de la importante contribución de las ciudades y de los GLR a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, al cumplimiento de los derechos humano, y al proporcionar de respuestas eficaces a las crisis sigue creciendo.

En 2021, el informe del Secretario General de la ONU "Nuestra Agenda Común" pidió una mayor participación de las ciudades y de los GLR en la construcción de un multilateralismo más inclusivo dentro de la ONU, y propuso la creación de un Grupo Asesor de Gobiernos Locales y Regionales dentro del sistema. En 2022, la Resolución 51/12 del Consejo de Derechos Humanos sobre Gobierno Local y Derechos Humanos destacó la importante contribución de las administraciones locales y regionales a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, incluida la promoción y protección de los derechos humanos. La Resolución 51/12 también reconoce el papel esencial de las autoridades locales y regionales como actores de primera línea en el desarrollo de respuestas eficaces a las crisis, la protección de los más vulnerables y la lucha contra las desigualdades; y afirma que "la administración local tiene entre sus funciones destacadas la de prestar servicios públicos que respondan a las necesidades y prioridades locales relacionadas con la efectividad de los derechos humanos en el ámbito local,"[i].Además, pide que se promueva una "la promoción de una cultura de derechos humanos en los servicios públicos, así como la competencia, la formación y la concienciación de los funcionarios, desempeñan un papel esencial en la promoción del respeto y la efectividad de los derechos humanos en la sociedad, y destacando la importancia a este respecto de la educación y formación en materia de derechos humanos destinada a los funcionarios de la administración local"[ii].

¿Y los derechos humanos de lxs trabajadorxs de los GLR?

Como Federación Sindical Internacional que representa a más de 30 millones de trabajadores de los servicios públicos de todo el mundo, en todos los niveles de gobierno, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) está bien situada para apreciar la contribución esencial de los gobiernos locales y regionales - en particular a través de la labor de sus trabajadores que aplican las políticas sobre el terreno - y del acceso equitativo a unos servicios públicos de calidad para todos - a la realización de los derechos humanos.

Los trabajadores de servicios de GLR - afiliados a la ISP - gestionan y prestan los servicios públicos esenciales para salvar vidas, vivir con dignidad y transformar las relaciones de género. Trabajan en la sanidad, la asistencia y los servicios sociales, los servicios públicos de emergencia e incendios, el agua y el saneamiento, la educación infantil y primaria, el transporte público, la recogida y eliminación de residuos, la producción y distribución de energía, la vivienda pública y social, los servicios para refugiados e inmigrantes, las bibliotecas, la cultura, la policía local y muchos otros sectores.

Lxs trabajadorxs de GRL son lxs representantes de primera línea de los gobiernos en las trincheras de las múltiples crisis que atraviesa el mundo: pandemias y falta de servicios de cuidado, eventos climáticos extremos, incendios, terremotos y otras catástrofes, desplazamientos y guerras, residuos plásticos y contaminación ambiental, por nombrar sólo algunas. Son estxs trabajadorxs esenciales que garantizaron la continuidad de los servicios públicos durante la pandemia de Covid, a menudo a costa de sus propias vidas; lxs que traducen a diario las políticas públicas sobre el terreno y localizan los marcos políticos mundiales de la ONU, incluidos los ODS, Sendai y el Acuerdo de París. Su trabajo es el instrumento clave para la aplicación de los derechos humanos en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, lxs trabajadorxs de los servicios públicos locales a menudo tienen que prestar servicios que salvan vidas y el planeta con plantillas insuficientes: según una reciente encuesta de la ISP realizada a más de 2000 trabajadorxs de salud y de servicios de cuidado de primera línea, cada tres trabajadorxs en todo el mundo, unx ha visto morir a pacientes a su cargo debido a una dotación de personal insuficiente, y el 75% informó de la falta de una política bien aplicada sobre la proporción entre pacientes y personal [iii].

El personal de los servicios de GLR  trabaja a menudo en condiciones precarias, inseguras e insalubres, con una remuneración escasa o irregular, sin derechos humanos y laborales fundamentales como la libertad de asociación y la negociación colectiva [iv].

Para que los GLR defiendan y cumplan realmente los derechos humanos en sus territorios, los gobiernos a todos los niveles deben garantizar que, en primer lugar, defienden y cumplen los derechos humanos de sus trabajadores -incluidos los derechos laborales y sindicales -, que son derechos humanos. Sólo entonces podrán los gobiernos locales tener plena capacidad para aplicar los derechos humanos en los territorios y comunidades de sus jurisdicciones a través de sus misiones de gobierno y la prestación de servicios públicos.

Necesitamos un enfoque coherente. Si los gobiernos locales tienen que proteger e cumplir con los derechos humanos en sus territorios y comunidades, esto significa garantizar que estos mismos derechos humanos se respeten para su personal, incluidos los derechos laborales de sus trabajadorxs, que son derechos humanos.

Además, respetar los derechos laborales para su propio personal también es beneficioso para los GLR. Un estudio estadounidense realizado en 2022 demostró que los GLR que garantizan buenas condiciones laborales a sus trabajadorxs obtienen múltiples beneficios. En primer lugar, como los puestos de trabajo de GLR suelen estar en el extremo inferior de pago en el sector público, son predominantemente mujeres y minorías quienes trabajan en los servicios públicos locales, por lo que las mejoras en este ámbito contribuyen al objetivo general de más equidad. En segundo lugar, garantizar unas buenas condiciones laborales en los lugares de trabajo de GLR contribuye a atraer y retener a trabajadorxs cualificadxs, al tiempo que minimiza el elevado coste de la frecuente rotación de personal. En tercer lugar, los GLR son a menudo los principales empleadores en las zonas rurales y desfavorecidas, y unas condiciones de trabajo decentes, incluida la remuneración, tienen un efecto multiplicador en la comunidad, estimulando un desarrollo socioeconómico local integrador. En cuarto lugar, al actuar como empleadores modelo, los GLR pueden marcar la pauta para los empleadores privados y sin ánimo de lucro de la comunidad. Por último, al resistirse a la privatización -e invertirla - garantizan mejores condiciones para los trabajadores de GLR, al tiempo que realizan ahorros globales y garantizan servicios de mejor calidad a medio y largo plazo[v].

Recomendaciones de la ISP para reforzar la capacidad de los gobiernos locales de cumplir con los derechos humanos

El 28 de agosto de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) convocó una reunión de expertos para los Estados, los gobiernos locales y las partes interesadas a fin de debatir el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales para incorporar los derechos humanos en todas sus actividades, de conformidad con la Resolución 51/12. La ISP participó y contribuyó con dos declaraciones(primera declaración de la ISP, segunda declaración de la ISP) y una presentación a la convocatoria de aportaciones de la OACDH.

Las principales recomendaciones de la ISP son las siguientes

1. Los Estados deben canalizar niveles adecuados de inversión pública para desarrollar la capacidad de los gobiernos locales: no sólo la infraestructura física, sino también la capacidad humana, como trabajadorxs profesionales y formados en número suficiente, con empleo estable y directo y trabajo decente, según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

2. La descentralización debe contar con la financiación adecuada para fortalecer a los GLR, dotándolas de personal suficiente en condiciones laborales dignas para que puedan funcionar correctamente; también debe proporcionar marcos nacionales de relaciones laborales que propicien un diálogo social constructivo y la negociación colectiva entre los empleadores de las autoridades locales y regionales y las organizaciones representativas de lxs trabajadorxs.

3. La aplicación de los derechos humanos es una obligación fundamental de los Estados y, por tanto, está profundamente arraigada en la prestación de un acceso equitativo a unos servicios públicos locales de calidad para todos dentro de su territorio. Esta responsabilidad fundamental significa que la capacidad no debe verse reducida por las medidas de austeridad, la congelación de la contratación y la externalización, la privatización y el uso sistemático de consultores privados en las administraciones públicas. A la inversa, la capacidad de las autoridades locales para hacer cumplir los derechos humanos debe (re)construirse internamente, en particular mediante la desprivatización, la (re)municipalización y la internalización de servicios clave como el agua y el saneamiento.

4. Lxs representantxs sindicales de lxs trabajadorxs de servicios públicos deben participar desde el principio en el diseño y la aplicación de políticas públicas y programas de formación para el personal de GLR, ya que se encuentran en primera línea y son expertxs en la prestación de servicios públicos y en la aplicación de políticas de derechos humanos en las ciudades y los territorios.

5. Es necesario establecer mecanismos de enlace, comunicación, puesta en común de conocimientos especializados y sinergia entre los órganos y organismos de las Naciones Unidas, incluidas la OACDH y la OIT, en relación con esta cuestión crucial. Es esencial que los Estados -en diálogo y cooperación con los GLR - mejoren la representación de los GLR en las delegaciones nacionales que participan en todos los mecanismos de aplicación de los derechos humanos. Esto incluye garantizar una representación significativa de los GLR en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).

6. También existe una necesidad urgente de garantizar un enfoque eficaz, integrado y coherente dentro de los órganos y organismos de la ONU encargados de la realización de los derechos humanos, basado en la premisa de que los derechos laborales de lxs trabajadorxs de GLR son también derechos humanos y que permiten a lxs funcionarixs y al personal de los servicios públicos de todos los niveles de gobierno de promover y realizar los derechos humanos en los territorios, ciudades y comunidades bajo su jurisdicción.

7. Cuando se trata de prestar servicios públicos vitales y de buscar soluciones innovadoras y prácticas a las múltiples crisis del mundo, lxs representantxs de empleadorxs y de trabajadorxs de GLR necesitan un espacio adecuado y mecanismos significativos para entablar un diálogo constructivo, formular recomendaciones conjuntas y canalizar su experiencia y sus voces en el sistema multilateral [vi].

8. Los Estados deben garantizar un marco jurídico y práctico que propicie el respeto de los derechos humanos y laborales de lxs trabajadorxs del GRL, y tienen la responsabilidad de garantizar que lxs empleadorxs de GRL dispongan de las facultades y los recursos necesarios para negociar colectivamente y de buena fe con los sindicatos de sus trabajadorxs. Esto también garantizaría que disponen de condiciones de trabajo dignas, con plantilla adecuada, equipos de protección personal y herramientas de trabajo apropiadas para servir a sus comunidades y cumplir con sus misiones de interés público.

Cuando subimos a un avión, el mensaje de seguridad nos dice que si perdemos presión en la cabina, antes de ayudar a los demás debemos colocarnos correctamente nuestra propia máscara de oxígeno. La cuestión de la capacidad de los gobiernos locales para cumplir con los derechos humanos no es diferente.

Por eso, con motivo del Día Mundial de las Ciudades 2023 de las Naciones Unidas, el mensaje de la ISP es: "Los derechos de los trabajadores GLR son derechos humanos". Hacemos un llamamiento a la ONU, a los estados, a lxs alcaldes y alcaldesas y a los GLR, así como a las organizaciones aliadas, para que adopten medidas de manera urgente, en diálogo y cooperación con los sindicatos de trabajadorxs de GLR, para abordar los déficits de derechos humanos y laborales de lxs trabajadorxs de GLR prioritario, de modo que los GLR puedan desarrollar de forma concreta su capacidad de integrar y defender un enfoque basado en los derechos humanos en todas sus actividades en las ciudades y territorios.

[i] Asamblea General de las Naciones Unidas, A/HRC/RES/51/12 El gobierno local y los derechos humanos, p.2, Resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, 6 de octubre de 2022, Quincuagésimo primer período de sesiones 12 de septiembre-7 de octubre de 2022, Tema 3 del programa, Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.

[ii] Ibid.

[iii] Sitio web de la ISP,"La ISP revela que la mitad de los trabajadores sanitarios y asistenciales del mundo están a punto de renunciar", 12 de octubre de 2023.

[iv] Derechos sindicales, condiciones de empleo y relaciones laborales en el sector de la administración local y regional, ISP LRGNext2021 Brief #7 (2021).

[v ] Gerstein, T. y Gong L., The role of local government in protecting workers' rights, Economic Policy Institute, Harvard Law School Labor and Worklife Program and Local Progress, 13 de junio de 2022.

[vi] Inclusive multi-level governance: the case for the meaningful involvement of local and regional governments and public service trade unions in the multilateral system of the future, en Spotlight on Global Multilateralism "Perspectives on the future of international cooperation in times of multiple crises", Global Policy Forum (2023).