La Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Interamérica, hace un llamado urgente a todas sus organizaciones afiliadas a estar alertas y movilizadas ante el inminente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), previsto para este 7 de agosto, sobre el derecho al cuidado. Esta opinión consultiva puede representar un hito histórico en la lucha por el reconocimiento del cuidado como un derecho humano autónomo y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades para fortalecer nuestras demandas de sistemas públicos de cuidado, universales, financiados y garantizados por el Estado.

Durante años, el sindicalismo, el movimiento feminista y organizaciones sociales han denunciado la invisibilización del trabajo de cuidado, su precarización y su mercantilización. Hoy, estamos a las puertas de un avance crucial en el sistema interamericano de derechos humanos que podría cambiar ese escenario.

¿Por qué este pronunciamiento es clave?

1. Reconocimiento del cuidado como derecho humano autónomo. Un fallo favorable permitiría consolidar este derecho en el marco del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dando paso a su exigibilidad jurídica directa y fortaleciendo el marco internacional desde una perspectiva inclusiva, interseccional y de género.El concepto del cuidado como derecho humano autónmo está asociado a reconocerlo como un derecho emergente y que debe ser asumido por los Estados bajo el planteamiento de desarrollo progresivo bajo los principios de indivisibilidad e interdependencia.

2. Perspectiva interseccional y progresiva. La Corte podría incorporar una mirada que reconozca cómo el género, la edad, la condición socioeconómica, la orientación sexual, la discapacidad o la pertenencia étnica determinan el acceso y ejercicio del derecho al cuidado. Este enfoque sería fundamental para garantizar políticas públicas que no reproduzcan desigualdades.

3. Interrelación con otros derechos fundamentales. El cuidado está estrechamente vinculado con derechos como la salud, la vida, la igualdad y la no discriminación. Reconocerlo como un derecho autónomo permitiría una protección más robusta e integral del conjunto de derechos sociales y económicos.

4. Obligaciones concretas para los Estados. La Corte podría establecer que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y garantizar el derecho al cuidado. Esto implicaría avanzar en marcos normativos, asignaciones presupuestarias y servicios públicos universales, con condiciones laborales dignas para quienes trabajan en el sector del cuidado.

Una oportunidad para avanzar en justicia social y de género

Este pronunciamiento podría marcar un antes y un después para América Latina y el Caribe. La posibilidad de que el cuidado sea reconocido como un derecho humano autónomo nos coloca ante el desafío de redoblar la organización sindical, la presión política y la incidencia para exigir a los gobiernos medidas concretas: infraestructura pública de cuidado, políticas integrales y reconocimiento del trabajo de cuidado como un eje central del desarrollo.

Desde la ISP reafirmamos que el cuidado no es un lujo ni una responsabilidad individual. Es un derecho colectivo, un servicio esencial y una responsabilidad pública que debe estar en el centro de los sistemas de protección social.

Llamado a la acción

La ISP convoca a todas sus organizaciones afiliadas en la región a seguir de cerca este pronunciamiento y a exigir a los Estados una respuesta clara y comprometida con la garantía del derecho al cuidado.

¿Cómo?

• Envíe cartas a sus gobiernos nacionales con los puntos mencionados sobre la importancia de este pronunciamiento

• Difunda la importancia en las redes sociales y medios locales, bajo estas consignas:

Es hora de poner el cuidado en el centro de las políticas públicas.

Es hora de que los Estados asuman su responsabilidad.

Es hora de que el sindicalismo actúe con fuerza y unidad.