En el evento reunió altos funcionarios de ministerios de Economía de 15 países de Latinoamérica y el Caribe. El objetivo del espacio es abordar la problemática de la recaudación de impuestos y la distribución más justa de la riqueza, buscando un paradigma de más transparencia y cooperación en materia tributaria entre los países de la región.

Paralelamente al espacio gubernamental de la cumbre, docenas de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos latinoamericanos organizaron una serie de eventos de formación y de elaboración de demandas políticas para publicar y enviar a los gobiernos en el marco de la cumbre.

“Esa cumbre fiscal es una demanda del movimiento sindical Latinoamericano en los últimos años, por comprender que los gobiernos de la región necesitan establecer posiciones comunes coordinadas dentro de las discusiones fiscales internacionales”, dice Gabriel Casnati, coordinador de justicia fiscal en la Internacional de los Servicios Públicos (ISP). “Además, frente al abuso fiscal la única forma de aumentar y mejorar la recaudación y inversión pública es a través de la cooperación, transparencia y coordinación política regional. Es la única vía para combatir los paraísos fiscales, impulsar la progresividad y así reducir la tremenda inequidad en la región”, senãlo Casnati

Latinoamérica y el Caribe es considerada la región más desigual del mundo, en que el 10% más rico concentra el 77% de la riqueza total de los hogares y el 50% más pobre ni siquiera posee el 1%. La tributación regresiva juega un rol central en esa desigualdad, considerando un escenario regional donde los pobres pagan proporcionalmente más tributos que los acaudalados y multinacionales, debilitando la capacidad de los Estados ofrecer servicios públicos de calidad.

Hubo progresos, pero tímidos

La evaluación de los dos dias de Cumbre dejaron un sentimiento mixto por parte del movimiento sindical y de las organizaciones de sociedad civil que acompañaron el proceso. Por un lado, se celebra el establecimiento de una estructura permanente de plataforma fiscal regional, contando con presidencia pro tempore anual, asumido por Colombia, una secretaria técnica coordinada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y unos grupos de trabajo donde está prevista la participación de la sociedad civil.

Por otro lado, la ausencia de países y regiones clave empaña el despegue de la nueva plataforma fiscal latinoamericana y caribeña. Países como Argentina, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Guatemala estuvieron ausentes, así como todas las naciones del caribe anglófono. En ese mismo sentido se destaca negativamente el bajo perfil de la mayor parte de los representantes ministeriales presentes, donde el único ministro de Hacienda que participó fue Ricardo Bonilla, de Colombia. Vale subrayar también la contundente disparidad de género entre los representantes nacionales, con solo una mujer entre las voceras de sus países.

Entre las novedades formales celebradas en Cartagena está la declaración de principios presentada y firmada por la mayoría de los países. Todavía, nos preocupa la falta de contenido político en la declaración, sin mencionar explícitamente temas como evasión fiscal y beneficios tributarios injustificados.

La región también decidió los temas que consideran como prioritarios dentro de las discusiones tributarias a nivel global: tributación ambiental, progresividad del sistema tributaria, beneficios tributarios, tributación digital y nuevas formas de trabajo. Pero poco o nada se profundizo acerca de esos contenidos, al mismo tiempo en que países como México y Haití han demostrado ser reticentes a esas prioridades.

Camino hacia adelante

Aunque no haya estado a la altura de las expectativas, esta es una vieja lucha de la ISP, del movimiento sindical y de los movimientos de justicia tributaria latinoamericanos. Tenemos una gran oportunidad por delante y seguiremos acompañando e incidiendo en este proceso, buscando: i. la consolidación de la plataforma tributaria como un órgano permanente con participación directa del movimiento sindical; ii. Ampliación de la plataforma a los países (especialmente centroamericanos y caribeños) que estuvieron ausentes en la primera reunión, iii. Incorporación de las demandas sindicales de justicia tributaria en América Latina.

De cara al proceso de Cartagena, la ISP y la CSA publicaron un documento con sus reivindicaciones:

1. Que reconozcan públicamente que su objetivo es trabajar juntos para lograr reformas fiscales bien diseñadas que conduzcan a una mayor recaudación de ingresos públicos de forma más progresiva.

2. Que convirtieran esa primera Cumbre en una plataforma permanente para la cooperación fiscal de alto nivel entre los países de América Latina y el Caribe. “Los ministros deberían reunirse al menos una vez al año a partir de ahora y debe haber consultas regulares y significativas desde el principio con el movimiento sindical y la sociedad civil.”

También pidieron que se deberían poner en marcha mecanismos necesarios para las conversaciones regionales sobre las reformas convenientes para los trabajadores y que estos deberían incluir los siguientes temas:

• Mayores impuestos a las grandes empresas y a los ricos y una recaudación fiscal más eficaz.

• Modelos de desarrollo alternativos que se centren en la innovación y la movilización de recursos internos, especialmente en los países del Caribe con bajos impuestos.

• Mayor transparencia, un registro de activos e intercambio automático de información fiscal dentro de la región.

• Una fiscalidad más justa y eficaz de los beneficios digitales.

• Vincular la reforma fiscal a una mayor transparencia en el uso de los presupuestos públicos, garantizando una mayor financiación de los servicios públicos e inversiones sostenibles en línea con los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales.

• Un mayor rol de la región en la elaboración de las normas fiscales internacionales.

ISP también formó parte de la construcción de la declaración preparada por 10 organizaciones de la sociedad civil que siguió a las reuniones de Cartagena, resumida en 10 puntos (y disponible más abajo):

Recomendaciones para las reformas tributarias en la región

1. Incorporar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y en asuntos ambientales como principios generales que guíen e informen la toma de decisiones tributarias.

2. Promover la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios de la región.

3. Promover reformas de la tributación corporativa, en especial de las empresas multinacionales, que consideren y protejan los intereses de la región.

4. Tomar medidas orientadas a incrementar la transparencia fiscal.

5. Promover tributos que busquen la protección del ambiente, especialmente con relación a la transición energética y la respuesta a la crisis climática.

6. Revisar beneficios tributarios con criterios de transparencia y equidad, eliminando los privilegios y priorizando los beneficios que generan crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y justicia social.

7. Fomentar una gobernanza tributaria global verdaderamente inclusiva y respetuosa de la soberanía nacional.

8. Incorporar enfoque de género en la política fiscal.

9. Descolonizar los estándares sobre tributación y transparencia internacional.

10. Asegurar la participación genuina de la sociedad civil en la nueva plataforma.