Este artículo fue publicado originalmente en la revista "Trabajo y Democracia Hoy", órgano de difusión del Centro Nacional de Promoción Social, A.C. (CENPROS), de México.

Desde la declaración de la pandemia generada por el Covid-19, a mediados de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom, nos advertía que los colapsos en el sistema sanitario de los países por este coronavirus podrían aumentar drásticamente las muertes de pacientes con otras enfermedades, hasta llegar a más de un millón. Sin embargo, al 18 de mayo un reporte publicado por la Universidad Johns Hopkins, los casos totales confirmados en el mundo ascendían a 4,859,742 (millones) y a un total de 318,398 personas lamentablemente fallecidas. Siendo que los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Brasil encabezan el mayor número de casos, superando a España, Italia, Francia y Alemania, quienes hasta hace unas pocas semanas atrás, repuntaban estas alarmantes estadísticas.

En el interés de coadyuvar a dimensionar las graves consecuencias generadas por esta crisis sanitaria, es preciso que centremos nuestra atención en las repercusiones económicas, sociales y políticas que sensiblemente han venido aflorando cada vez más en la región de América Latina y el Caribe (ALCA).

En un informe de la CEPAL1 , se dice que antes del COVID-19, la tasa de crecimiento del PIB regional había disminuido del 6% al 0,2%. Esta será causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Otras entidades financieras como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el propio Fondo Monetarios Internacional (FMI), estiman que para este 2020 la región de ALCA proyecta una caída de la economía entre el 5-6% del PIB, lo que significa un crecimiento de 30 millones más de personas pobres; así como un ensanchamiento del endeudamiento de los países, 11 millones de personas desempleadas, un crecimiento de la informalidad laboral y una quiebra inminente de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Dicho esto, es necesario enfatizar que el COVID-19 ha venido a confirmar, lo que, por muchos años, las organizaciones sociales globales, defensoras de derechos humanos, laborales y ambientales, han pregonado en distintos foros internacionales: “… que el modelo económico excluyente, exacerbado por una Clase Capitalista Transnacional (CCT), ha evidenciado su inevitable agotamiento, y que la élite dominante de la gobernanza global neoliberal, tenga necesariamente que mostrarse de acuerdo que el rumbo trazado hasta antes de esta pandemia, amenazaba con la destrucción absoluta de la democracia, las libertades individuales, la privacidad y de la supervivencia económica de miles de millones de personas en todo el mundo”.

El cierre de fronteras, el obligado confinamiento de las personas en sus casas, la pérdida de innumerables empleos, entre otras medidas restrictivas severas adoptadas por los gobiernos para contener al COVID-19, y el bajo crecimiento de las economías hasta el 2021, exaltó la preocupación de entidades financieras internacionales como el FMI

Como nunca, reconocidas figuras políticas como el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la Primera Ministra de Alemania, Angela Merkel entre muchas otras notorias personalidades y entidades influyentes en el mundo, han tenido que empezar a revalorizar el rol del Estado con el imprescindible financiamiento de los servicios públicos esenciales y de la salud ante las fracasadas políticas de austeridad de los años precedentes, bajo el liderazgo de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y los gobiernos conservadores, tan solo por poner como ejemplo el continente europeo, en una situación similar con lo que pasa en nuestro propio continente americano.

El cierre de fronteras, el obligado confinamiento de las personas en sus casas, la pérdida de innumerables empleos, entre otras medidas restrictivas severas adoptadas por los gobiernos para contener al COVID-19, y el bajo crecimiento de las economías hasta el 2021, exaltó la preocupación de entidades financieras internacionales como el FMI. La Directora Gerente, Kristalina Georgieva, en una declaración hecha el pasado 23 de marzo en el marco de una teleconferencia con los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20, manifestó lo siguiente2 :

“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad, un tema central en la reunión que mantuvieron los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20”.

Curiosamente, una las propuestas formuladas por la Sra. Kristalina Georgieva durante esta reunión al grupo del G 20, fue: “…respaldar firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya han tomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a los trabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de los principales bancos centrales de flexibilizar la política monetaria.”

Después de esta declaración algunos podríamos pensar que este giro de tuerca viró hacia el keynesianismo3 , pero suspicazmente debería concluirse que no y por el contrario observar con recelo, como el gran capital, nuevamente en momentos de crisis, acude al Estado para exigirle más protección, a través de nuevos auxilios que van desde una mayor flexibilización fiscal y de la legislación laboral, en detrimento de las contribuciones a la seguridad social, los empleos, la productividad y el medio ambiente.

Por otro lado, el crecimiento exponencial de la pandemia ha dejado al descubierto en la mayoría de los países, las falencias existentes en materia de seguridad sanitaria; así como las profundas brechas de desigualdad como resultado de tres décadas de imposición de políticas neoliberales que agudizaron los índices de pobreza y agrandaron aún más los problemas derivados de la exclusión social.

En este nuevo contexto, debido a los problemas de encadenamiento productivo y de distribución global, causado por la emergencia del coronavirus, hasta los países más ricos se vieron afectados por el desabastecimiento de medicamentos y equipos de protección personal (EPP), incluido desinfectantes, lo cual causó todo un caos, al verse los países imposibilitados en el corto plazo de producirlos localmente.

Esta situación provocó una verdadera emergencia médica, al verse las unidades y centros hospitalarios con insuficientes EPP; así como de respiradores artificiales y otros insumos necesarios para atender en las unidades de cuidados intensivos (UCI) a los enfermos más graves por el contagio.

La carrera científica de algunos países más desarrollados por alcanzar la cura del COVID-19 a través del descubrimiento de una vacuna, así como la producción de otros medicamentos más efectivos para palear la pandemia, apunta hacia una desglobalización al verse los países más obligados a proteger con una mayor prevalencia sus propios intereses, poniendo una mayor restricción a la investigación científica y a la industria farmacéutica a priorizar su mercado en el país donde está asentado y del cual goza de ciertos beneficios del Estado. Esto ocurrió recientemente, cuando el gobierno de Francia protestó tras el anuncio del gigante farmacéutico francés “Sanofi” de que daría prioridad a Estados Unidos en caso de hallar una vacuna contra la covid-19, una medida "inaceptable" en plena pandemia, dijo la secretaria de Estado francesa para Economía Agnès Pannier-Runacher en declaraciones a la radio4 .

En otro contexto, más apegado al día a día de la pandemia, las y los trabajadores de la salud pública y de otros servicios esenciales que están en primera línea de combate al coronavirus, se encuentran laborando en condiciones precarias, al estar desprovistos de EPP y de insumos básicos necesarios frente al Covid.

A inicios de la pandemia, la Secretaria General de la ISP, la Sra. Rosa Pavanelli, ya advertía al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que esta organización multilateral se ocupara del faltante de equipos de protección personal (EPP) para las y los trabajadores que pasando largas horas en contacto directo con pacientes contagiados; no contaban con esas protecciones, ni tampoco los pacientes con suficientes ventiladores y/o respiradores artificiales.

Ante esta preocupante situación expuesta por los sindicatos de trabajadores de la salud, la ISP se vio forzada a desplegar una campaña global cuyo lema enfatiza que: “Trabajadores protegidos salvan vidas”.

El objetivo de esta campaña está enfocado en la necesidad de:

1. Asegurar que todas las y los trabajadores de los servicios públicos, en particular el personal de la salud, tengan las condiciones de trabajo de calidad y el equipo de protección personal (EPP) que necesitan para no correr riesgos indebidos en la lucha contra el Coronavirus.

2. Fomentar la solidaridad mundial compartiendo materiales y estrategias entre los sindicatos de todo el mundo para ayudar a mantener la seguridad de sus miembros.

3. Recopilar testimonios de las y los trabajadores de primera línea para ilustrar los retos a los que nos enfrentamos en el futuro.

4. Presionar a los gobiernos para que adopten medidas más rigurosas para proteger a las y los trabajadores, garantizando la dotación efectiva de personal para la prestación de servicios de salud y el respeto de los derechos y principios laborales fundamentales.

Por tanto, la ISP hace hincapié, que las y los trabajadores de este sector y otras actividades esenciales como por ejemplo de los gobiernos regionales, estaduales o locales que están en primera línea de atención de esta pandemia, sean dotados de suficientes equipos de protección personal (EPP), así como sean capacitados sobre las implicaciones y riesgos de este virus, con la finalidad de mantenerse saludables mientras salvan vidas y dan una continuidad ininterrumpida a la prestación de otros servicios básicos.

Con respecto a las extenuantes jornadas laborales que imposibilitan un adecuado cuidado de sus hijos y personas a su cargo, adoptar las medidas necesarias que solucionen tales dificultades. Así como establecer disposiciones para el trabajo a domicilio, licencias por enfermedad remuneradas, subsidios de desempleo de emergencia y, sobre todo, atención de la salud gratuita para TODAS/OS.

Producir materiales de investigación en los que se recojan tanto los testimonios de las y los trabajadores como los datos cualitativos sobre la respuesta al Coronavirus, a fin de argumentar a favor de un aumento de los recursos y de personal en la atención de la salud pública y de la necesidad de contar con sistemas de salud pública más resistentes.

He de destacar cómo la respuesta al Coronavirus muestra la necesidad de una fuerte intervención pública que ponga la salud de las personas en primer lugar para hacer frente a los retos futuros, incluida la crisis climática.

la ISP hace hincapié que las y los trabajadores de este sector y otras actividades esenciales sean dotados de suficientes equipos de protección personal (EPP), así como sean capacitados sobre las implicaciones y riesgos de este virus, con la finalidad de mantenerse saludables mientras salvan vidas y dan una continuidad ininterrumpida a la prestación de otros servicios básicos.

En complemento a esta estrategia de respuesta sindical ante esta difícil situación, se necesita adicionalmente también de más respuestas políticas justas e inclusivas de corto plazo para no perder de vista la protección de las familias cuyos ingresos han sido menguados o eliminados por la pérdida exponencial de empleos ante esta crisis. Por ejemplo, que nuestros gobiernos, al menos temporalmente, asignen suficientes fondos económicos como auxilio a los miles de salarios perdidos, así como extender un plan de seguridad social no contributivo con programas de ayudas económicas.

Con respecto a la modalidad del teletrabajo, como respuesta a la afectación económica de las empresas públicas y privadas, aprovechar el momento para exigir a los gobiernos y las entidades privadas, una adecuada regulación bajo los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Paralelamente, apoyar cualquier iniciativa nacional o global, con el objeto de exigir al FMI, Banco Mundial, BID y el G20, abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de nuevos ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento, de por sí ya muy pesado. Así como revertir las reformas tributarias e imponer un impuesto solidario a las ganancias de las grandes empresas nacionales y multinacionales asentadas en nuestros territorios y de quienes reciben de nuestros sistemas previsionales, pensiones exorbitantes o de lujo.

El actual brote de Coronavirus está poniendo de manifiesto la necesidad vital de contar con servicios públicos de calidad, especialmente con sistemas de salud pública robustos y bien dotados con personal capacitado.

Defender la prevalencia de los servicios públicos por encima del lucro corporativo, haciendo que nuestros gobiernos mejoren su gestión financiera a través de la imposición de tributos al capital financiero y a un llamado al impago temporal o total de la deuda.

Potencializar el uso de las nuevas tecnologías de información y de telecomunicaciones (TIC´s) para mantenernos interconectados y activados para ser mucho más eficaces en nuestra línea de lucha y mejorar nuestra gestión sindical por la defensa de nuestros derechos laborales y ciudadanos.

Hacer de esta situación de crisis una oportunidad de transformaciones que impliquen un nuevo orden mundial, es decir una nueva normalidad, inclusiva en igualdad de género.

Aprovecho esta ocasión para compartir las palabras del Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe (ALCA), Sr. Vinícius Pinheiro, en el marco de un artículo sobre las secuelas laborales de la pandemia, publicado a finales de marzo, en las que subrayó lo siguiente:

“Esta batalla será larga”. “La desaceleración económica provocará aumento del desempleo, mayor precariedad, disminución del ingreso y una gran presión sobre los sistemas de protección social”. Por lo cual sugiere que, en el marco del diálogo social, trazar una hoja de ruta para respuestas enmarcadas en tres pilares de acción que deberán considerarse como esenciales para enfrentar la crisis: (i) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, (ii) estimular la economía y la demanda de mano de obra por parte de las empresas, y (iii) apoyar el empleo y los ingresos de las personas, en particular los más vulnerables.

Por último, no quisiera cerrar estas notas sin poderles compartir mi lección hasta ahora aprendida de esta emergencia:

“… a pesar de la existencia de tantas transformaciones tecnológicas desde tiempos remotos, el ser humano como especie predominante en este planeta, sigue siendo vulnerable frente a lo desconocido e incapaz por sí sólo de ver la luz ante la incertidumbre. No obstante, como un aspecto positivo y con cierto grado de complicidad y de optimismo, confío como en el pasado, que nuestra resiliencia nos permita construir otro mundo mejor para nuestras futuras generaciones”.

1 Informe Especial N°2.: COVID-19. CEPAL, 21 de abril 2020

2 FMI: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statementfollowing-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency

3 El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. Wikipedia

4 https://www.dw.com/es/sanofi-da-prioridad-a-ee-uu-para-vacuna-contra-covid-19/a-53436248