La ISP ha sostenido sistemáticamente que las instituciones financieras internacionales (IFI) contribuyen a socavar el ejercicio del derecho a la salud, en particular en los países de ingresos bajos y medios. Un informe titulado Unhealthy conditions: IMF loan conditionality and its impact on health financing [Unas condiciones perjudiciales: la condicionalidad de los préstamos del FMI y su impacto en la financiación de la salud], publicado a finales del año pasado por la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (EURODAD) confirma esta perspectiva y llama la atención mundial sobre el hecho de que este tipo de malas prácticas se podrían estar agravando.

Esta investigación de EURODAD se centró en la práctica del Fondo Monetario Internacional (FMI) de imponer condiciones políticas en sus préstamos, en particular para los países castigados por la crisis. Analizó las condiciones asociadas a los préstamos del FMI destinados a 26 programas nacionales que se aprobaron en 2016 y 2017. Sus conclusiones se compararon con las de un estudio anterior de la Red que abordó los programas del FMI aprobados de 2011 a 2013.

Contrariamente al compromiso declarado del FMI de simplificar sus condicionalidades y limitarlas a consideraciones de resiliencia esencial a nivel macroeconómico, las condiciones establecidas para los préstamos y para las revisiones de los préstamos han aumentado. Los 26 programas juntos tenían 227 condiciones cuantitativas (es decir, un promedio de 8,7 por programa) y 466 condiciones estructurales (es decir, un promedio de 17,9 por programa). En cambio, el promedio de condiciones por préstamo entre 2011 y 2013 era de 19,5.

Las condiciones cuantitativas para los préstamos del FMI, descritos por la institución como criterios de ejecución cuantitativos de desempeño, “se refieren a variables macroeconómicas que están bajo el control de las autoridades, como los agregados monetarios y de crédito, las reservas internacionales, los saldos fiscales o los empréstitos externos”. Las condiciones estructurales o criterios de ejecución estructurales, como se denominan, implican reformas económicas que requieren legislación y cambios políticos importantes.

Estas condicionalidades socavan la soberanía de los países que reciben recursos del FMI. Tienden a promover medidas de austeridad, que van acompañadas de recortes en la financiación de los servicios públicos, como la prestación de atención médica.

El informe de EURODAD señala también que:

“Las condicionalidades del FMI tienen un impacto sobre los sistemas de salud y el acceso a los servicios de atención médica a través de distintos procedimientos–en particular, los pagos del servicio de la deuda, la reducción del déficit fiscal y las limitaciones relativas al empleo en el sector público”.

Los fondos sumamente necesarios para los servicios de salud quedan comprometidos debido a los pagos del servicio de la deuda. Y para cumplir los objetivos en materia de déficit fiscal establecidos como condicionalidades cuantitativas, los gobiernos se ven obligados a limitar el gasto público destinado a la salud. De hecho, en 23 de los 26 programas nacionales, la “consolidación financiera” (eufemismo para las medidas de austeridad) se especifica claramente en el objetivo, las políticas y las estrategias del programa.

El continuo impulso neoliberal de los instrumentos de préstamo del FMI socava la posibilidad de hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La salud es un sector fundamental relacionado con la pobreza que es particularmente vulnerable a la reducción de los gastos. La deuda incurrida por los países menos desarrollados generalmente es considerada por el FMI en términos macroeconómicos, que tienen poco en cuenta el vínculo entre la deuda y el logro de los objetivos de desarrollo social.

Al analizar el impacto de los programas del FMI en 21 países durante dos décadas, los investigadores demostraron en 2008 que las condicionalidades de los programas del FMI se asocian a un empeoramiento de los resultados en materia de salud. Y en 2015 se constató que el hecho de priorizar durante décadas el pago de la deuda sobre la inversión contribuyó significativamente a la magnitud devastadora del impacto del brote de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Los servicios de la salud habían sido privados de inversiones, incluso de inversiones en infraestructuras vitales para la salud pública, lo cual debilitó aún más los ya frágiles sistemas de salud, que no estaban preparados para hacer frente a la crisis. A consecuencia de ello nada menos que 11.315 perdieron la vida.

No se puede permitir que el FMI siga promoviendo continuamente las condicionalidades perjudiciales de sus préstamos. Hace falta un cambio de planteamiento fundamental. La ISP comparte las recomendaciones políticas de EURODAD: la expansión del espacio fiscal a través de la reestructuración de la deuda como primera opción y que se demuestre que se respeta que los instrumentos políticos son propiedad de los estados democráticos.

Los préstamos del FMI están destinados a ayudar a los países miembros a abordar los problemas de la balanza de pagos, estabilizar sus economías y restablecer el crecimiento económico sostenible. Por lo tanto, los países recurren a las IFI cuando tienen problemas económicos. No obstante, los desafíos económicos no deben abordarse a costa del bienestar social. Es imposible vislumbrar un futuro mejor si la salud no se hace realidad como derecho humano fundamental. Son las personas, y no los beneficios, quienes deben ocupar un lugar central en el desarrollo para que este sea sostenible y humano.

Por ello, las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda que realiza el FMI deberían complementarse con Evaluaciones independientes de Impacto en los Derechos Humanos (EIDH). Esto ayudaría a determinar las repercusiones de la carga de la deuda y garantizaría que fuera reestructurada para permitir que los países pudieran alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos con la población.