La polémica propuesta tiene su origen en el Acuerdo de Tidö, un pacto de cooperación formado en 2022 entre partidos políticos conservadores y de extrema derecha de Suecia. Este acuerdo pretende limitar los derechos de lxs solicitantes de asilo y lxs inmigrantes indocumentados, incluido su acceso a servicios públicos como la asistencia de salud y social.

Según la medida propuesta, lxs trabajadores de los servicios públicos a nivel nacional, municipal y local estarían obligados a denunciar a lxs inmigrantes indocumentadxs a la policía y a la Agencia Sueca de Migración en cuanto se pusieran en contacto con ellos. Esta política se ha enfrentado a una fuerte oposición por parte de las afiliadas suecas de la ISP, otros sindicatos y aliados de la sociedad civil.

Los críticos sostienen que la política viola los derechos humanos, las obligaciones del derecho internacional y los códigos éticos de los profesionales de la salud y la asistencia social. Se ha expresado preocupación por sus posibles repercusiones negativas en la salud pública, la seguridad humana y la cohesión social.

La ISP y la FSESP se mantienen firmes en su compromiso de defender los derechos humanos y la dignidad de todxs lxs migrantes, independientemente de su estatus. Seguimos defendiendo el acceso de todxs a unos servicios públicos de calidad.