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Declaración Las afiliadas a la ISP en Chile exigen el fin de la agenda represiva y neoliberal del gobierno de Sebastián Piñera
El uso indiscriminado de la fuerza y de medios “no letales o menos letales” contra manifestantes han producido miles de víctimas, incluyendo decenas de muertos, heridos de distinta gravedad, numerosas lesiones oculares, etc. Asimismo, en este 8 de Marzo de 2021 se observaron casos de violencia sexual contra militantes, mientras en las últimas semanas han ocurrido masivos y brutales allanamientos en poblaciones.
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Estas graves violaciones a los derechos humanos son denunciadas y rechazadas por medio de una declaración firmada por las organizaciones sindicales afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Chile, que también alertan para una serie de propuestas del gobierno del presidente Sebastián Piñera que buscan el fortalecimiento del modelo neoliberal, significando un amarre al proceso Constituyente que vive este país sudamericano, “forjado por la lucha de millones de personas”.
“Esta política de represión a la ciudadanía debe terminar y sus responsables deben responder ante la justicia. Condición ineludible para que el proceso constitucional tenga legitimidad, es la libertad de todas y todos las y los presos políticos de la revuelta”, dice la declaración.
“Asimismo, la construcción de una Nueva Constitución Política no puede estar sometida a limitaciones con las que el actual Gobierno pretende imponer mediante la aprobación de una agenda legislativa orientada a fortalecer el modelo neoliberal impuesto en dictadura (…) Todas estas iniciativas pretenden atar de manos el proceso constituyente en curso, en defensa de los intereses de la élite dominante en Chile, aliada a las grandes corporaciones trasnacionales.”
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La Coordinadora de afiliadas a la ISP en Chile exige fin a la violación de los Derechos Humanos y rechazo de las “leyes de amarre”
Lee la carta completa a continuación:
La Coordinadora de afiliadas a la ISP en Chile exige fin a la violación de los Derechos Humanos y rechazo de las “leyes de amarre”
El estallido social que se inició en octubre de 2019 permitió que se abrieran grandes esperanzas para avanzar hacia la construcción de un nuevo pacto social que permita mayor dignidad a la vida de las y los ciudadanos que habitan nuestro país. Han pasado 17 meses de ese momento histórico que abrió oportunidades antes impensables para Chile, en un proceso que ha sido forjado por la lucha de millones de personas. Pero ese proceso ha mostrado permanentemente la cara cruel y autoritaria del Gobierno de Sebastián Piñera.
Uso indiscriminado de la fuerza y de medios “no letales o menos letales” contra manifestantes han producido miles de víctimas, incluyendo decenas de muertos, heridos de distinta gravedad, numerosas lesiones oculares, etc. Violencia sexual contra manifestantes este 8M de 2021. En estas últimas semanas, masivos y brutales allanamientos en poblaciones. Ni defensores de DD HH, ni brigadistas de salud, ni periodistas se han librado de la brutal represión por parte de agentes del Estado. Esta política de represión a la ciudadanía debe terminar y sus responsables deben responder ante la justicia.
Condición ineludible para que el proceso constitucional tenga legitimidad, es la libertad de todas y todos las y los presos políticos de la revuelta, muchos de ellos sometidos a prisión preventiva por meses sin que los procesos judiciales avancen e incluso, se conocen antecedentes de uso de medios de prueba falsificados contra manifestantes detenidos en los últimos meses con la finalidad de incriminarlos.
Asimismo, la construcción de una Nueva Constitución Política no puede estar sometida a limitaciones con las que el actual Gobierno pretende imponer mediante la aprobación de una agenda legislativa orientada a fortalecer el modelo neoliberal impuesto en dictadura mediante la, así llamada, modernización del FONASA que no es más que un claro intento privatizador de dicha institución, a lo que se agrega la Reforma Previsional cuyo objetivo no es otro que mantener el modelo de capitalización individual, además de la intención de lograr que el Congreso apruebe el funesto TPP11. Todas estas iniciativas pretenden atar de manos el proceso constituyente en curso, en defensa de los intereses de la élite dominante en Chile, aliada a las grandes corporaciones trasnacionales. Por ello, instamos a las actuales autoridades inhibirse de avanzar en lo que son verdaderas leyes de amarre, al más puro estilo de las heredadas de la dictadura.
Con sentido de urgencia llamamos a las autoridades y a las candidatas y candidatos que estén por la construcción de un nuevo Chile justo y solidario a denunciar y rechazar la agenda represiva y neoliberal del gobierno de Sebastián Piñera.
Asociación Nacional de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (AFIICH)
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)
Asociación Nacional de Empleados del Servicios de Impuestos Internos (ANEIICH)
Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile (ANEJUD)
Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH)
Confederación Nacional de Funcionarios de la Educción Municipal de Chile (CONFEMUCH)
Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM)
Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS)
Federación Nacional de Trabajadores de las Obras Sanitarias (FENATRAOS)
Santiago, 24 de marzo de 2021