La pandemia de covid-19 ha puesto de relieve las desigualdades provocadas por el actual modelo económico adoptado globalmente. Ha demostrado también la precariedad de los sistemas públicos de salud en la mayoría de los países, que sufren con la escasez de recursos causada por las políticas de austeridad puestas en marcha en los últimos años o décadas en la mayoría de los países.

En este contexto, crece la defensa de propuestas de tributación progresiva, es decir, de grandes patrimonios y empresas, en aras del fortalecimiento de los servicios públicos, de salud u otros igualmente esenciales. Sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y hasta instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el presidente de Estados Unidos Joe Biden vienen planteando una mayor progresividad en la tributación. En América Latina, la Argentina se destaca como uno de los primeros países en plantear este tipo de política, con la propuesta de tributación de grandes riquezas: la Ley 27.605, reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 42/2021 del 29 de enero del 2021.

Para debatir el ejemplo de este país sudamericano, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) promovió el último 27 de abril el webinario “El escenario fiscal regional y la propuesta argentina para superar la crisis”, parte del proyecto en asociación con la Fundación Friedrich Ebert (FES) en la América Latina. La actividad tuvo el apoyo del Center for Economic and Social Rights, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y Red Fiscal América Latina y Caribe.

Vea abajo una parte del webinario:

“La pandemia ha radicalizado las asimetrías estructurales del modelo neoliberal en América Latina”, dijo Jorge Coronado, politólogo y director de Latindadd, quien habló de la crisis económica causada por la pandemia en la región y la consecuente disminución de la recaudación tributaria de los Estados, al paso que los gobiernos tuvieron que aumentar sus gastos para mitigar los efectos de la crisis. Coronado citó su estudio elaborado en asociación con la ISP que denuncia los incentivos fiscales de gobiernos en América Latina para empresas transnacionales en medio de la pandemia.

Javier Varetto, dirigente de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP), afiliada a la ISP en Argentina, presentó los tópicos y números clave de la nueva propuesta argentina de tributación de grandes riquezas y comentó sobre la capacidad de la Administración Tributaria del país frente a al nuevo tributo.

Fernanda Vallejos, economista y diputada federal por la Provincia de Buenos Aires, profundizó los aspectos políticos e históricos de la propuesta. Rescató el caso de los Estados Unidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando durante el gobierno de Franklin Roosevelt (1933-1945) se aplicó una alícuota marginal de impuesto sobre la renta máxima de 94%. “Miramos para el pasado de las grandes crisis y de las grandes potencias, que tanto ‘admiramos’, para apuntar caminos a nuestros países”, dijo ella, quien señaló la importancia de tributar a los súper ricos para poner en marcha el desarrollo de una nación.

Vallejos contextualizó además la herencia del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina, responsable por conceder exención de impuestos a los más ricos y por hacer crecer la inequidad social entre los deciles más ricos y más pobres del Argentina. Al final de su presentación, la economista y diputada listó los principales desafíos y oposiciones a la propuesta, sobre todo de las élites y del Poder Judicial argentino, que libra una batalla contra el gobierno argentino para derrumbar la ley.

Roberto Arias, economista y secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía de Argentina, presentó el escenario más amplio de las políticas económicas y tributarias en este país, y como éstas se mezclan con la ley de tributación de las grandes riquezas. Entre otras cosas, Arias ha presentado otras medidas de tributación progresiva adoptadas por el presidente Alberto Fernández – en contraposición a las políticas regresivas, de apoyo al gran capital lideradas por Macri – como la disminución de la tributación sobre las pequeñas y medianas empresas, el aumento del tributo sobre grandes empresas, y el alivio tributario a sectores más afectados por la cuarentena.