La realidad del derecho a la salud en Níger

Garantizar la salud de la población nigeriana es una obligación constitucional que se supone vinculante para el Gobierno. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución. Conforme al artículo 12 «Todos tienen derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y moral, a alimentos saludables y en suficiente cantidad...» Pero la realidad hasta ahora dista mucho de lo que estipula la ley.

La escasez de recursos y la falta de prioridad para la salud por parte del Gobierno, incluso con los recursos disponibles, han hecho que la vida sea más difícil que nunca para los 20 millones de personas que viven en nuestro país sin litoral en la subregión de África occidental. La partida del sector de la salud en los presupuestos anuales nunca ha llegado al 10 %. El resultado es que tenemos un sistema público de salud muy frágil.

Recientemente, el Estado nigeriano aprobó un plan quinquenal de desarrollo de la salud (PNS). Comprende varios programas, planes y proyectos que parecen encaminados a mejorar el estado de salud de la población.

El Estado y las autoridades de la salud han conseguido varios logros en la creación de infraestructuras de salud. Pero siguen siendo extremadamente insuficientes. Además, las condiciones de trabajo en el sector de la salud aún son terribles a pesar de los tan alardeados logros.

Aunque se han construido nuevos centros de salud, presentan una flagrante carencia de personal cualificado. El 90 % de los trabajadores/as sociales y de la salud son contratados o voluntarios. Las salas de tratamientos están atestadas de pacientes y los servicios ambulatorios son prácticamente inexistentes. De ahí que la población haya perdido la confianza en los centros de salud.

Para colmo, el Estado se aparta cada vez más de la prestación de los servicios de salud. La prestación del sector privado en materia de salud está aumentando rápidamente. Pero es imposible para la mayoría de la población, que es pobre, asumir estos gastos. Por lo tanto, muchas personas no tienen más alternativa que automedicarse o acudir a los curanderos tradicionales con todos los riesgos correspondientes que ello conlleva.

La situación es sensiblemente peor en las zonas rurales. Y allí es donde vive la mayoría de los nigerianos. Muchas mujeres se mueren desangradas durante el parto o justo después en estas zonas porque no pueden acceder a ningún servicio de salud.

Hay unos pocos procedimientos médicos que se suponen han de ser gratuitos, sobre todo para las mujeres y la atención infantil. Pero esto carece de sentido si faltan los medicamentos y los equipamientos médicos básicos. Como consecuencia, se están revirtiendo algunos de los avances conseguidos en materia de salud a comienzos de la década como la reducción de la mortalidad infantil.

Los sindicatos, con las afiliadas de la ISP al frente, y las organizaciones de la sociedad civil siguen reclamando al Gobierno de Nigeria que se preocupe más de reformar el sector de la salud en la práctica que en la retórica. Pero ha sido en vano.

Varios socios y organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, también han hecho recomendaciones al Gobierno recalcando la importancia de dedicar a la salud al menos un 15 % del presupuesto nacional y un 8 % del de las autoridades locales. El Gobierno no ha respondido positivamente a estas sugerencias. Por lo tanto, el sistema público de salud sigue hundiéndose en el abismo de la escasez de recursos materiales, humanos y financieros.

Más allá de las vacuas declaraciones de progresos realizados, las autoridades nigerianas deben darle al sector de la salud la prioridad fundamental que se merece, para garantizar que los ciudadanos/as disfruten de su legítimo derecho a la salud.

La salud no tiene precio ¡pero sí un coste!