La devaluación del trabajo tiene un enorme impacto no sólo en los trabajadores sino también en los ciudadanos a los que brindan servicio. Un ejemplo son los trabajadores del cuidado: desde la cuna hasta la tumba, el trabajo de cuidado es fundamental para la humanidad; el futuro se nutre de los cuidadores de niños, y el cuidado de la tercera edad protege la dignidad de las personas mayores; los servicios de cuidado ayudan a garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas con discapacidad; y a lo largo de nuestro ciclo de vida, la mayoría de nosotros necesitaremos servicios de apoyo social para abordar las necesidades, incluidas las derivadas de la enfermedad o la pobreza. Y si bien el número de personas que necesitan asistencia social sigue aumentando, los servicios públicos de asistencia han estado bajo asedio, lo que ha dado lugar a una disminución de la calidad y la disponibilidad de la atención para las personas pobres que necesitan urgentemente asistencia social. La prestación de cuidados se ha convertido en una actividad comercializada, impulsada por las ganancias. La explotación de la mano de obra migrante, los contratos de hora cero y la informalización de los trabajos de cuidado son algunas de las formas en que los salarios de la hambruna y las malas condiciones de trabajo se han convertido en el destino de los trabajadores de cuidado, que cada vez con más frecuencia se enfrentan a la violencia y al acoso durante su trabajo.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, el trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT (creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social) pasaron a formar parte del nuevo Programa de Desarrollo Sostenible para 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el objetivo 8 del programa se pide, entre otras cosas, que se promueva el crecimiento económico sostenible, el empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todas las mujeres, todos los hombres, y la protección de los derechos laborales y entornos de trabajo seguros y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes.

Sin embargo, el logro de estos objetivos requiere recursos masivos - la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima que el logro de los 17 ODS requerirá entre 5 a 7 billones de dólares. - y si bien son los gobiernos los que poseen una parte significativa de los recursos necesarios para lograr los ODS, se requiere mucho más financiamiento. Como resultado, la ONU está explorando actualmente mecanismos de inversión de "impacto social" o de "financiación innovadora", una serie de instrumentos no tradicionales para recaudar fondos para la cooperación internacional al desarrollo a través de asociaciones público-privadas y transacciones financieras basadas en el mercado.

Durante muchas décadas, hemos sido testigos de cómo las promesas y milagros de la privatización y las APP nunca se materializaron. Del mismo modo, este nuevo intento no será diferente. Como era de esperar, al "mercado" y a las personas que lo sustentan no les importa la sostenibilidad o la dimensión social de su "inversión", sino su propio beneficio económico. Mientras más pronto el dinero ofrezca un retorno, mejor. Por lo tanto, existe un alto riesgo de que las metas a corto plazo se prioricen sobre los objetivos a largo plazo, de que los diferentes organismos de las Naciones Unidas compitan por los fondos, de que cada uno de ellos ofrezca la "cartera de inversiones" más atractiva para seducir a las partes interesadas, o de que las actividades principales se pospongan para dar cabida a otras más rentables.

El sector con fines de lucro plantea una amenaza existencial para el sistema de las Naciones Unidas y la OIT en particular: la asociación con empresas reconocidas por su política de bajos salarios, su postura antisindical, su evasión fiscal y sus violaciones de los derechos humanos afectará irremediablemente a su reputación y planteará interrogantes sobre su capacidad para seguir liderando los esfuerzos por aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de trabajo y de vida de millones de personas.

En esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD) decimos que la lucha por el trabajo decente es también una lucha en defensa de la humanidad por encima de los intereses lucrativos y de las corporaciones que se benefician de la mercantilización y comercialización de los empleos, la atención de la salud y la protección social.

Por lo tanto, estamos unidos en solidaridad para luchar por la dignidad de todos los trabajadores del mundo y exigimos políticas y programas de trabajo decente que realmente logren estos objetivos.