En el marco del 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de Naciones Unidas, el movimiento sindical global organizó el evento “Reimaginando la Justicia: trabajo decente para las mujeres”, un espacio de diálogo que reunió a dirigentas sindicales, especialistas de organismos internacionales y federaciones sindicales globales para debatir cómo garantizar el acceso a la justicia para las mujeres trabajadoras.

El encuentro se llevó a cabo en el Church Center, en Nueva York, y abordó una premisa central: sin trabajo decente no hay acceso real a la justicia para las mujeres. Desde esa perspectiva, las intervenciones analizaron el papel de los derechos laborales, la negociación colectiva, la inspección del trabajo, la igualdad salarial, los sistemas de cuidado y los servicios públicos en la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias.

Servicios públicos y sindicatos para garantizar justicia laboral

Uno de los momentos centrales del evento fue la intervención de Catherine McKenna, presidenta del sindicato británico UNISON y representante de la ISP en el segundo panel del evento, quien destacó que el acceso efectivo a la justicia para las mujeres trabajadoras depende directamente de servicios públicos fuertes y de sindicatos capaces de defender los derechos de las trabajadoras.

McKenna recordó que más de un millón de los 1,3 millones de afiliados de UNISON son mujeres, lo que convierte al sindicato en la mayor organización de mujeres del Reino Unido.

Desde esa experiencia, explicó que los sindicatos han sido actores decisivos para garantizar que los mecanismos de justicia laboral sean realmente accesibles. Un ejemplo emblemático fue la batalla legal contra las tarifas que el gobierno británico impuso para acceder a los tribunales laborales, que podían alcanzar 1.200 libras y que provocaron una drástica caída en las denuncias, especialmente en casos que afectaban a mujeres, como discriminación por sexo, embarazo o igualdad salarial.

Tras cuatro años de lucha liderada por UNISON, el Tribunal Supremo del Reino Unido declaró en 2017 que estas tarifas eran ilegales e inconstitucionales, obligando al gobierno a eliminarlas y a devolver más de 27 millones de libras.

mejorar el acceso a la justicia para las mujeres depende de servicios públicos fuertes y de la voz de las trabajadoras dentro de ellos

Por ello, destacó el trabajo de UNISON para impulsar un Servicio Nacional de Cuidados en el Reino Unido con financiamiento adecuado, mejores estándares laborales y acceso universal a servicios de cuidado de calidad.

En representación de la ISP, también subrayó el trabajo internacional de los sindicatos de servicios públicos para fortalecer los sistemas de cuidado y defender el reconocimiento del cuidado como un derecho humano. Como ejemplo concreto, mencionó el trabajo conjunto con PSLINK y PIPSEA en Filipinas para organizar y defender a trabajadoras comunitarias de la salud que, al ser clasificadas como “voluntarias”, quedan completamente excluidas de derechos laborales y sin posibilidad real de acceder a la justicia.

Su mensaje fue categórico al señalar que “hacer reales los derechos en el trabajo requiere sistemas conectados: justicia, servicios sociales y sistemas de cuidado”, reforzando el rol estructural que cumplen los sindicatos en esa articulación. 

Derechos laborales y cadenas globales de precariedad

El panel permitió evidenciar que el acceso a la justicia para las mujeres trabajadoras no se limita a marcos legales formales, sino que está profundamente condicionado por la estructura del sistema económico global.

Las intervenciones coincidieron en que amplios sectores laborales —particularmente aquellos feminizados o precarizados— continúan excluidos de la protección efectiva de los derechos, ya sea por vacíos normativos, por la falta de implementación de las leyes o por modelos productivos que trasladan los costos laborales hacia los eslabones más débiles.

En ese contexto, las cadenas globales de suministro emergen como espacios donde se concentran dinámicas de desigualdad: la subcontratación, la competencia basada en bajos costos y la fragmentación de responsabilidades empresariales debilitan la negociación colectiva y dificultan el acceso a mecanismos de justicia.

Al mismo tiempo, persisten brechas estructurales en sectores como el trabajo doméstico, el trabajo migrante o el empleo informal, donde las mujeres enfrentan múltiples formas de discriminación interseccional. A ello se suma la persistencia de violencia y acoso en el mundo del trabajo, especialmente en contextos donde aún no se han ratificado o implementado plenamente instrumentos internacionales como el Convenio 190 de la OIT.

Desde esta mirada, el acceso a la justicia no puede entenderse únicamente como un derecho formal, sino como el resultado de condiciones materiales, institucionales y sindicales que permitan a las trabajadoras ejercer efectivamente sus derechos.

Antes de este segundo panel, el evento también contempló una primera mesa redonda dedicada a analizar el acceso a la justicia para las mujeres desde la perspectiva del mundo del trabajo, abordando su vínculo con la democracia, la paz y los derechos laborales.

De la CSW70 a la agenda global del trabajo

El evento de los Sindicatos Globales también miró hacia adelante. Se anunció que en junio de este año, durante la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, la OIT realizará una discusión general sobre la agenda transformadora para la igualdad de género en el mundo del trabajo, impulsada por el grupo de trabajadores.

Este debate buscará evaluar los avances alcanzados desde la Declaración del Centenario de la OIT de 2019, que estableció los pilares de una agenda transformadora para la igualdad de género, ampliada posteriormente tras la pandemia con nuevos compromisos en materia de trabajo decente, cuidado y protección social.

Las organizaciones sindicales destacaron que este proceso será trascendental para definir las prioridades de la OIT en los próximos años y que requerirá una estrategia sólida para defender los avances alcanzados frente a los intentos de retroceso en materia de igualdad de género.

En el cierre del encuentro, las organizaciones sindicales valoraron que las conclusiones acordadas de la CSW70 incluyan avances importantes para las mujeres trabajadoras, entre ellos el fortalecimiento de los derechos laborales, la libertad sindical, la negociación colectiva, la igualdad salarial, el desarrollo de servicios de cuidado y la erradicación de la violencia de género en el mundo del trabajo.

Sin embargo, también advirtieron que estos avances se producen en un contexto internacional complejo, marcado por intentos de cuestionar conceptos fundamentales para la igualdad de género.

Frente a ese escenario, el movimiento sindical no tiene más camino que mantener la presión sobre los gobiernos para que los compromisos internacionales se traduzcan en cambios reales en la vida de las mujeres trabajadoras. Pues en definitiva, la justicia para las mujeres no puede separarse del trabajo decente, los servicios públicos y la organización sindical.