Un precedente se ha marcado en contra de la persecución antisindical en Ecuador. Después de tres sumarios administrativos interpuestos por la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) con el objeto de despedir a Iván Bastidas Ordóñez, quien es el presidente de la Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador (ASPAE) y de la Confederación de Servidores Públicos del Ecuador (CONASEP), el pasado 23 de octubre, un Juez de apelación revocó la sentencia de primera instancia en favor del gobierno, aceptando la apelación interpuesta y disponiendo la reparación integral - siendo este el segundo caso ganado en dos instancias en procesos de Acciones Constitucionales de Protección.

En octubre del año 2019 el Ecuador vivió un escenario de conflicto social que se originó con las medidas que el gobierno del presidente Lenin Moreno adoptó para complacer al FMI

“La ISP ha sido parte activa de la defensa y actuó nacionalmente como Amicus Curiae, dando un salto en su acción desde lo internacional”, afirma Rosa Pavanelli quien intervino a través de esta figura durante todo el proceso, mismo que inició en enero de 2019.

Persecución

Uno de los casos por los que Iván Bastidas ha sido perseguido antisindicalmente se da en el contexto de octubre del año 2019 en el que Ecuador vivió un escenario de conflicto social, político y económico que se originó con las medidas que el gobierno del presidente Lenin Moreno adoptó para complacer al FMI y se exacerbó con la crisis del Covid-19.

Organizaciones sociales, indígenas y sindicatos levantaron su voz de protesta, siendo una de ellas la de Iván Bastidas, quien en su calidad de presidente de la CONASEP, hizo efectivo su derecho a la libertad de expresión para manifestar su opinión en contra de las mismas.

Iván es una de las tantas víctimas de persecución debido a sus actividades sindicales. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), su empleador, entidad dirigida hasta hace muy poco tiempo por la actual Vicepresidenta María Alejandra Muñoz, le inició entonces el tercer sumario administrativo con el objeto de despedirlo.

En este caso, en un primer momento, la justicia se pronunció en contra de Ivan; en una sentencia de primera instancia del 07 de enero de 2020, una Juez acogió favorablemente la posición del Gobierno, que justificaba el proceso disciplinario seguido, por el uso de medios de comunicación y redes sociales para criticar al gobierno, prohibido por una regulación interna de la SENAE.

El 23 de octubre de este año, sin embargo, un Juez de apelación comprobó que efectivamente se vulneraron los derechos a una tutela judicial efectiva, libertad sindical y libertad de expresión del dirigente sindical, aceptando la apelación interpuesta, revocando la sentencia dictada y disponiendo la reparación integral. Constituyéndose esta en la segunda victoria, ya que la primera Acción de Protección, fue ya ganada en este mismo año.

Solidaridad nacional e internacional

La ISP en Ecuador, y los sindicatos nacionales celebran esta sentencia a favor de Iván Bastidas y de la libertad sindical, la cual representa una victoria sobre el abuso de poder y el autoritarismo de quienes ejercen el poder político, y representa además un impulso importante que fortalecerá la lucha por la defensa de los trabajadores denominados, servidores públicos y los derechos humanos.

Esto ha sido posible gracias a la solidaridad sindical nacional e internacional para respaldar a sus organizaciones afiliadas y a un sólido equipo legal que ejerció su defensa técnica.

Rosa Pavanelli además destaca que la defensa de Iván Bastidas planteó:

a) la supremacía jurídica de los derechos humanos y constitucionales a la libertad de expresión y libertad de asociación, por sobre los derechos del Estado. Es decir hizo un contrapunto entre los derechos humanos (incluyendo aquí a los derechos sindicales) con el derecho administrativo. Pues ha sido el derecho administrativo con el que el Estado ecuatoriano actúa como empleador, y con el que se intentó juzgar a un dirigente de los trabajadores al servicio de ese Estado, descalificando su rol y función sindical; así como su actuación en defensa de los intereses de los trabajadores;

b) la exigibilidad de la implementación de los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos los Convenios 87 y 98 de la OIT como normas vinculantes con las cuales el Estado ecuatoriano mantiene responsabilidades de cumplimiento en el artículo 417 de la Constitución; e,

c) hizo efectiva la jurisprudencia marcada por el CLS al vincular la libertad de expresión con la libertad de asociación como derechos indivisibles e interdependientes.