La ISP reporta sobre la 73ª Asamblea Mundial de la Salud

La 73ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS) se celebró virtualmente los días 18 y 19 de mayo de 2020, debido a las medidas adoptadas en todo el mundo para frenar la pandemia de COVID19. Lxs jefxs de Estado y los agentes no estatales, como la ISP, se reunieron para acordar una resolución de gran alcance, que permita intensificar los esfuerzos para controlar el COVID19.

Catorce jefxs de Estado tomaron la palabra ante la Asamblea de la Salud virtual, y dejaron constancia de la gravedad de la crisis de salud pública y socioeconómica que atraviesa el mundo, y que reflejó la "AMS COVID19". Tanto lxs jefxs de Estado como otrxs jefxs de delegación hicieron referencia a la virulenta emergencia y dedicaron un tiempo considerable a plantear más cuestiones políticas. Uno de los aspectos más destacados de la AMS fue la aprobación de una resolución tendiente a intensificar los esfuerzos de lucha contra el COVID19.

Declaraciones y política

Se lanzaron las críticas habituales sobre la conveniencia o no del reconocimiento de Taiwán como observador en la AMS. Rusia y Ucrania mantuvieron un intercambio de palabras sobre los efectos de la anexión militar de la región de Crimea en la respuesta frente al COVID-19 en la región. También se puso de relieve la cuestión de las repercusiones de las sanciones promovidas por los EE.UU. contra Cuba, Irán y Venezuela en la lucha contra la pandemia en estos países.

Probablemente el discurso más enigmático de la AMS lo pronunció la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien señaló que "las naciones ricas y pobres están buscando inspiración", ya que el COVID19 "saca más a la luz las desigualdades de nuestra sociedad". En su calidad de Presidenta de la Conferencia de Jefes de Gobierno y de Estado de CARICOM, expresó el sincero agradecimiento de los países y pueblos del Caribe a Cuba "por su firme asistencia durante esta pandemia".

Podría decirse que a la cabeza de la lista estaba la delegación de los Estados Unidos. El Presidente de este país anunció un condenable recorte de la financiación a la OMS, rechazó una invitación para dirigirse a la AMS, diciendo que era "una marioneta de China. Están centrados en China, por decirlo de una manera más agradable". Así pues, la declaración de los Estados Unidos fue pronunciada por Alex Azar, Secretario de Salud y Servicios Humanos, que solía ser uno de los principales cabilderos de la poderosa industria farmacéutica..

Alex Azar dijo que "una de las principales razones por las que este brote se escapó a todo control" fue el supuesto "fracaso" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "en obtener la información que el mundo necesitaba". Luego añadió: "Ese fracaso costó muchas vidas". No es de extrañar que no pronunciara ni una sola palabra sobre la lamentable torpeza del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al minimizar los efectos del SARS-CoV-2, al que calificó de "virus chino", y decir que no iba tener más repercusiones que la gripe común.

Países como Alemania, Sudáfrica y Suecia, salieron en defensa de la OMS. La Canciller alemana, Angela Merkel, subrayó la necesidad de la coordinación internacional para luchar contra la pandemia y el protagonismo de la OMS a este respecto. Además, pidió un aumento de la financiación de la OMS, para permitirle fortalecer esta función.

Suecia expresó "su firme apoyo y reconocimiento al papel crucial de la OMS y su liderazgo irremplazable en esta pandemia". Añadió que: "Ahora, quizás más que nunca, es el momento de fortalecer nuestra cooperación internacional y mostrar solidaridad mundial". La delegación sudafricana afirmó: "Debemos aprovechar la oportunidad para apreciar el asesoramiento de los expertos técnicos de la OMS".

El Presidente chino Xi Jinping destacó en su discurso el hecho de que "la solidaridad y la cooperación es nuestra arma más poderosa para derrotar al virus". Y añadió: "China aportará 2.000 millones de dólares a lo largo de dos años para ayudar a la respuesta a la pandemia de COVID-19, y a los países económicamente afectados, en especial a los países en desarrollo". Prometió que su país consideraría cualquier vacuna que desarrolle frente al COVID19 como un bien público mundial; en otras palabras, China y las empresas chinas no pretenderán obtener ningún beneficio de ello.

La delegación de Qatar hizo referencia a la declaración de Doha, subrayando que la respuesta mundial debe "incluir la utilización de licencias obligatorias para garantizar un acceso equitativo al material sanitario. La propiedad intelectual no debe suponer una barrera para la salud de todos".

¿Una resolución histórica?

La resolución “Respuesta a la COVID19 ”, que tiene el propósito unir al mundo en la lucha contra la pandemia de COVID19, fue la decisión histórica emanada de la #WHA73. La apoyaron 130 países de los 194 Estados miembros de la OMS y hace un llamamiento para que:

“se otorgue prioridad a nivel mundial al acceso universal, oportuno y equitativo a todas las tecnologías y productos sanitarios esenciales de calidad, seguros, eficaces y asequibles, incluidos sus componentes y precursores, que sean necesarios para la respuesta a la pandemia de COVID-19”

Pero, como observó con razón la red activista de la sociedad civil, People’s Health Movement:

La resolución incluye contenidos alentadores sobre las flexibilidades de los ADPIC, los cuidados paliativos y otras cuestiones. Sin embargo, no aborda algunas cuestiones clave que se han convertido en fundamentales para la respuesta a la pandemia de COVID19, entre las que cabe destacar la violencia de género, los efectos del confinamiento para el hambre y la crisis para los migrantes.

It could thus be seen as a victory, including for the PSI which has called for a “people over profit” approach for defeating the new coronavirus and determining the post-COVID world. But there are significant gaps which we must now address. The political gains made with the adoption of this resolution cannot be consolidated without putting comprehensive measures in place to build well-funded, universal and democratically run public services.

Por lo tanto, podría considerarse una victoria incluso para la ISP, que defiende aplicar el principio de "el pueblo por encima del lucro" para derrotar al nuevo coronavirus y configurar el mundo post-COVID. Pero hay importantes carencias que debemos abordar ahora: Los logros políticos alcanzados con la adopción de esta resolución no podrán consolidarse si no se ponen en marcha medidas integrales que permitan establecer unos servicios públicos bien financiados, universales y gestionados democráticamente.

El enfoque de la resolución sobre la protección de los trabajadorxs de la salud en primera línea también carece de detalles importantes. La ISP ha subrayado que la escasez mundial de equipos de protección personal (EPP) es una emergencia dentro de la emergencia mundial de salud pública. Dado que las recomendaciones de la OMS sobre la protección respiratoria de los trabajadorxs de la salud que atienden a pacientes sospechosos o confirmados de haber contraído COVID19 (excepto en contextos de exposición por generación de aerosoles) se limitan a las mascarillas quirúrgicas –y dado que hay crecientes pruebas de que esto podría no ser adecuado– el compromiso expresado en la resolución de "proporcionar a los profesionales de la salud, los trabajadores sanitarios y otros trabajadores pertinentes de primera línea expuestos a COVID19, acceso al equipo de protección personal y otros productos básicos necesarios" es insuficiente.

La inadecuada consideración dada a los EPP necesarios (es decir, respiradores - máscaras N95/FFP3/FFP2) para garantizar la protección respiratoria de los trabajadorxs de la salud y frenar sus tasas inaceptablemente altas de infección y muerte, se basa más en la economía de la disponibilidad que en la evidencia de las necesidades de lxs trabajadorxs.

La principal controversia en el proceso de redacción de la resolución fue la cuestión del acceso al tratamiento y a una vacuna contra el virus. El proyecto final aprobado por la Asamblea de la Salud refleja en parte los compromisos emanados de los "duelos" librados detrás de escena y las compensaciones durante su redacción. Estos se centraron en "un lenguaje muy técnico, pero con una gran carga política, sobre los derechos de los países a anular las patentes de remedios sanitarios vitales". Los Estados Unidos, por ejemplo, se oponía enérgicamente a la cláusula sobre "acceso universal, oportuno y equitativo" a los tratamientos de COVID19. Defendían un supuesto "enfoque equilibrado", acabaron retirándose de las negociaciones sobre el proyecto y no apoyaron la resolución.

Una y otra vez hemos comprobado hasta qué punto este supuesto "enfoque equilibrado" beneficia a la industria farmacéutica, que clara o sutilmente sabotea la primacía de las necesidades de las personas en detrimento de la maximización de sus beneficios. La imagen más nítida de esta dinámica en la respuesta a la pandemia de COVID19 puede verse en el sondeo de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI).

Basándose en las enseñanzas extraídas del brote de Ébola de 2014 en África occidental, la CEPI se creó en 2015 como una "asociación público-privada" y se puso en marcha dos años más tarde en el Foro Económico Mundial de Davos. Ha reunido a países como los Estados Unidos, Japón, Noruega, Alemania y, posteriormente, la UE, el Reino Unido y Australia con gigantes farmacéuticos como Johnson & Johnson, Pfizer y Takeda, fundaciones filantrópicas capitalistas como la Fundación Bill y Melinda Gates y Wellcome Trust y organizaciones de la sociedad civil como Médicos sin Fronteras.

Las grandes farmacéuticas presentes en la CEPI lograron la revocación de la Política de Acceso Equitativo original de la coalición, para que todos los contratos de fabricación de vacunas obtuvieran primero la aprobación de una junta de revisión pública. Esto se hizo en 2018 de manera manifiestamente turbia. Médicos Sin Fronteras dio la voz de alarma, pero las empresas se salieron con la suya, mientras que la CEPI insistió, algunos dirían que de manera irónica, en que esto no se aparta de su objetivo declarado de garantizar el acceso equitativo.

Así pues, si bien celebramos la modesta victoria que implica la resolución de respuesta a la pandemia de COVID19, los países (en particular en el sur global), los sindicatos, las comunidades y el movimiento de la sociedad civil deben ser plenamente conscientes de los obstáculos que minan el camino que queda por recorrer, y estar dispuestos a luchar por la primacía de la salud de la población sobre la riqueza de las empresas, mientras el mundo se apresura por conseguir una vacuna para detener el COVID19.

Conclusión

El mundo está lidiando con una tormenta en aguas inexploradas. La 73ª Asamblea Mundial de la Salud marcó un paso adelante importante en la búsqueda de la mejor manera de afrontar el temporal. Supone un punto de partida para la colaboración internacional a la hora de abordar la emergencia de salud pública de lo que se ha convertido en una crisis general y sistémica. Pero el mundo puede dar mucho más de sí.

Mientras se negociaba el borrador de la resolución "Respuesta a la COVID19", se lanzó paralelamente un llamado pidiendo una "Vacuna universal". Se trata de una carta abierta llamada "Unidos por una vacuna universal contra el COVID-19, y firmada por más de 150 dignatarixs, incluidos jefxs de Estado en ejercicio y ex jefxs de Estado, prominentes economistas y encargadxs de la formulación de políticas mundiales— que expone claramente la necesidad de unirse para:

“crear una garantía mundial que asegure que, cuando se desarrolle una vacuna segura y eficaz, se produzca rápidamente a gran escala y se ponga a disposición de todas las personas, en todos los países, de forma gratuita. Lo mismo se aplica a todos los tratamientos, diagnósticos y otras tecnologías para frenar el COVID-19”.

Esto nos lleva al punto principal de la cuestión: la necesidad de una fundamental y radicalmente nueva economía y enfoque de gobernanza mundial, que inequívocamente priorice a las personas sobre el ánimo de lucro. No podemos resolver el problema histórico en el que estamos inmersos mediante mejoras o nuevas versiones de la lógica que lo hizo posible. El ejemplo de la CEPI que dimos antes (que, por cierto, es un actor clave en la actual carrera por la vacuna COVID-19) muestra que el "acceso universal, oportuno y equitativo" es necesario pero no suficiente, sobre todo para muchos países de ingresos bajos y medios.

Los sindicatos, las comunidades y el movimiento de la sociedad civil deben establecer las conexiones necesarias: defender las concesiones que logremos, pero luchar por obtener mucho más. Debemos dejar claro, de una vez por todas, quiénes son lxs beneficiarixs y porqué es imprescindible no sólo corregir las reglas del juego, sino cambiarlas, si realmente queremos trabajar por un mundo mejor y más justo para todxs.