El 12 de marzo, en el marco de la 69ª Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69), la ISP reafirmó su papel como el sindicato global que representa a las trabajadoras y trabajadores del cuidado en todos los sectores (público, privado, sin fines de lucro y comunitario), en todas las regiones y niveles profesionales de los servicios de salud, cuidado a largo plazo, cuidado social y educación. Durante el evento virtual “El derecho humano al cuidado en los compromisos mundiales de Beijing +30”, el secretario general de la ISP, Daniel Bertossa, subrayó la urgencia de consolidar el derecho al cuidado como un pilar de la justicia social y de garantizar sistemas públicos de cuidado universales y de alta calidad.

Bertossa destacó la relevancia de la agenda de cuidado de la ISP y los esfuerzos de construcción de alianzas, que han colocado el Manifiesto por el Cuidado en el centro del debate global. Este documento es un llamado a la acción sin precedentes para avanzar en la justicia social mediante el reconocimiento del cuidado como un derecho humano autónomo. “No podemos permitir que el cuidado siga siendo una responsabilidad individual o una mercancía accesible solo para quienes pueden pagarla. Es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado mediante inversión pública y regulación efectiva”, afirmó.

Por su parte, Margarita López, vicepresidenta del Comité Mundial de Mujeres de la ISP, participó también en el evento y destacó la importancia de reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo.

En su intervención, López enfatizó que “el cuidado no es un privilegio, es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y protegido de la mercantilización”. Además, subrayó que la lucha por sistemas de cuidado universales y de calidad está estrechamente vinculada a la defensa del trabajo decente para las trabajadoras del sector, quienes históricamente han sido invisibilizadas y precarizadas.

La participación de la ISP en este evento responde a una estrategia global que busca consolidar el reconocimiento del cuidado como un derecho humano y no solo como una responsabilidad individual o familiar.

Dos enfoques en el debate global sobre el derecho al cuidado

Durante su exposición, López explicó que, a nivel internacional, han surgido dos enfoques clave sobre el derecho al cuidado. En 2022, la Estrategia Europea de Cuidado y el Compromiso de Buenos Aires posicionaron el tema en el centro de la agenda política, aunque desde perspectivas distintas.

Por un lado, la Estrategia Europea se centró en mejorar las condiciones laborales en el sector del cuidado, promoviendo la negociación colectiva, el diálogo social y estándares de seguridad y salud en el trabajo. En contraste, el Compromiso de Buenos Aires adoptó una visión más amplia, reconociendo el derecho al cuidado en tres dimensiones fundamentales: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado.

Sin embargo, López advirtió que ninguna de estas iniciativas ha puesto suficiente énfasis en la necesidad de garantizar sistemas de cuidado públicos, accesibles y de calidad.

El papel de la ISP en la lucha por sistemas públicos de cuidado

López explicó que la ISP ha estructurado su estrategia en torno a tres ejes fundamentales: la lucha por el reconocimiento del cuidado como un derecho humano, la promoción de sistemas públicos de cuidado universales y de calidad, y la defensa del trabajo decente para las trabajadoras del sector. “No podemos hablar de justicia social sin abordar el trabajo de cuidado. Es un sector esencial para la vida y debe ser tratado como tal”, afirmó.

Entre las principales acciones que la ISP ha impulsado se encuentran la promoción del empleo formal en el sector, la garantía de una dotación de personal suficiente para cumplir con estándares de calidad y la defensa de los derechos sindicales de las trabajadoras del cuidado. Esto incluye la sindicalización, la negociación colectiva y la lucha por salarios justos, condiciones seguras de trabajo y protección contra la violencia y el acoso laboral.

Sin embargo, una de las principales barreras para avanzar en esta agenda es la creciente mercantilización del cuidado. En muchos países, los servicios de cuidado han sido privatizados o funcionan bajo esquemas de asociaciones público-privadas (APP), lo que ha precarizado aún más el empleo en el sector y ha reducido el acceso a los servicios para las personas con menos recursos. “La mercantilización del cuidado es una amenaza para la justicia social. No podemos permitir que el acceso a un derecho humano dependa de la capacidad de pago de las personas”, advirtió López.

Otro desafío importante es el impacto de las políticas de austeridad en la capacidad de los Estados para invertir en servicios de cuidado. En muchos países, los recortes presupuestarios han afectado directamente la calidad y disponibilidad de estos servicios, generando una mayor carga para las familias, especialmente para las mujeres. Ante esta situación, la ISP aboga por un sistema fiscal progresivo que permita una inversión sostenida en el sector y garantice su expansión y mejora continua.

“La mercantilización del cuidado ha generado profundas desigualdades y ha precarizado aún más a las trabajadoras del sector. Es hora de que los Estados asuman su responsabilidad y garanticen servicios de cuidado públicos, accesibles y de calidad para todas las personas”, afirmó Bertossa.

La ISP ha liderado la lucha para visibilizar las condiciones laborales del sector y exigir cambios estructurales que permitan el acceso a derechos laborales plenos, mejores condiciones de trabajo y reconocimiento profesional para quienes sostienen los sistemas de cuidado. Entre las principales acciones que la ISP ha impulsado se encuentran la promoción del empleo formal en el sector, la garantía de una dotación de personal suficiente para cumplir con estándares de calidad y la defensa de los derechos sindicales de las trabajadoras del cuidado. Esto incluye la sindicalización, la negociación colectiva y la lucha por salarios justos, condiciones seguras de trabajo y protección contra la violencia y el acoso laboral.

Otro desafío importante es el impacto de las políticas de austeridad en la capacidad de los Estados para invertir en servicios de cuidado. En muchos países, los recortes presupuestarios han afectado directamente la calidad y disponibilidad de estos servicios, generando una mayor carga para las familias, especialmente para las mujeres. Ante esta situación, la ISP aboga por un sistema fiscal progresivo que permita una inversión sostenida en el sector y garantice su expansión y mejora continua.

La ISP agradeció a sus organizaciones aliadas por su apoyo en esta nueva etapa de trabajo, su compromiso con la justicia social y la lucha conjunta que debe continuar para hacer del derecho al cuidado una realidad para todas las personas. Este evento, organizado junto a DAWN Feminist, ActionAid, Oxfam, Center for Economic and Social Rights, GI-ESCR, Global Alliance for Tax Justice, Tax Justice Network y The African Women’s Development and Communication Network, reafirmó la importancia de seguir construyendo alianzas estratégicas para impulsar políticas que garanticen el acceso universal al cuidado.

En este contexto, “la ISP reafirma su compromiso de seguir liderando la lucha global por sistemas públicos de cuidado de calidad y por el reconocimiento del cuidado como un derecho humano. No hay justicia social sin justicia en el cuidado, y no hay justicia en el cuidado sin derechos laborales para quienes lo sostienen”, concluyó Bertossa.