La ISP reclama los derechos de lxs trabajadores del sector del agua y que el agua sea un bien público en la Conferencia de la ONU

La ISP participó en la reunión preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Dakar (Senegal) del 25 al 27 de enero de 2026, en la que defendió el agua y el saneamiento como derechos humanos y bienes públicos.

La primera conferencia de la ONU sobre el agua en 45 años, celebrada en Nueva York en 2023, supuso una exclusión casi total de los movimientos progresistas por la justicia hídrica, tanto en lo que respecta a la participación como, sobre todo, a la representación en los paneles y a las oportunidades de intervenir. Estos fueron dominados por un grupo que se autodenomina Comisión Global sobre la Economía del Agua (GCEW), que aboga por el uso de fondos públicos para garantizar el lucro de los inversionistas privados (las políticas del Banco Mundial de «miles de millones a billones» o de «financiamiento innovador») y nuevas formas de privatización. La GCEW está financiada en gran medida por la OCDE y el gobierno de los Países Bajos. La estrategia de inversión en agua del Banco Mundial está fallando al sector del agua y el saneamiento, ya que menos del 2 % del lucro se destina a infraestructura y servicios: esto se debe a que el lucro no es lo suficientemente rápido ni elevado como para atraer a los inversionistas privados.

La próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026 está programada para el 2 al 4 de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos. En esta ocasión, diversas redes de la sociedad civil centradas en la defensa del agua y el saneamiento como derecho fundamental y bien público, y en la promoción de la justicia hídrica, están mejor preparadas, gracias en gran parte al trabajo del incansable Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre los derechos al agua y al saneamiento, quien ya en 2023 comenzó a movilizarse dentro de la ONU y con los Estados miembros para lograr una mayor participación. La ISP forma parte desde hace tiempo de estos esfuerzos y luchas, y es miembro fundador del Foro de los Pueblos por el Agua (PWF), la red de ONG y sindicatos del agua creada hace más de 20 años. Su grupo central está formado por el Consejo de Canadienses/Proyecto Planeta Azul; el Consejo Mundial de Iglesias, que cuenta con una importante Red Ecuménica del Agua; e Ingenieros sin Fronteras de Cataluña (España).

El gobierno de Senegal, recientemente elegido, organizó en enero de 2026 una reunión preparatoria para la conferencia de diciembre, en la que las «partes interesadas» trabajaron en las seis áreas temáticas un día antes de la reunión de «alto nivel» de dos días de duración. La orientación política de izquierda progresista del actual gobierno (Diomaye Faye y Ousmane Sonko) marca un cambio notable en términos de política hídrica en comparación con el anterior gobierno de centro-derecha del presidente Macky Sall (2012-2024), cuyo gobierno organizó el Foro Mundial del Agua de 2022, liderado por las empresas.

Aunque se admitió a las partes interesadas en la reunión de Dakar, muchas no pudieron asistir en persona (por motivos presupuestarios o de visados) y no se disponía de instalaciones híbridas.

Los seis temas y los países que coordinarán el trabajo sobre ellos de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua son:

  1. Agua para las personas: Ghana y Suiza

  2. Agua para la prosperidad: China y España

  3. Agua para el planeta: Egipto y Japón

  4. Agua para la cooperación: Finlandia y Zambia

  5. Agua en los procesos multilaterales: Alemania y México

  6. Inversiones para el agua: Francia y Sudáfrica

Esta reunión de alto nivel de dos días dio prioridad a las intervenciones de los Estados miembros, las agencias de la ONU y lxs expertxs, dejando poco espacio para las voces de las comunidades. Sin embargo, nuestros mensajes de la «reunión de partes interesadas» fueron resumidos por los seis relatores.

Algunos mensajes clave de las partes interesadas:

  • El control privado del agua, ya sea a través de la financiación, la gestión u otros medios, es inaceptable por diversas razones.

  • La ONU debería institucionalizar las reuniones sobre el agua, celebrándolas cada 2-3 años, con mecanismos participativos que reflejen las asimetrías de poder entre los Estados, pero también entre la sociedad civil, los Estados y las empresas. Estas reuniones de la ONU deberían estar claramente separadas del Foro Mundial del Agua, que se celebra cada tres años y está impulsado por las empresas y el Banco Mundial.

  • Debería dejarse clara la distinción entre «partes interesadas» —que puede referirse a cualquiera— y «titulares de derechos»; y centrarse en quienes no pueden disfrutar de sus derechos al agua y al saneamiento, dándoles la oportunidad de expresarse en las reuniones de la ONU, ante los Estados miembros, las ONG, etc. Esto requiere un esfuerzo adicional para garantizar no solo su «participación», sino también su capacidad para influir en las decisiones y acciones.

La estrategia de la ISP en las reuniones de la ONU sobre el agua ha sido impulsar la incorporación de cuestiones laborales fundamentales dentro de las agendas progresistas más amplias de derechos humanos, servicios públicos, justicia social, protección ambiental y cambio climático. La ISP lidera la resistencia contra la privatización, dado que los actores corporativos activos en el sector del agua tienden a buscar el lucro mediante recortes de salarios y prestaciones, la subcontratación de puestos de trabajo y el debilitamiento de los sindicatos, todo ello mientras se lucran con un recurso fundamental para la vida y para el planeta. Las ONG y los grupos de consumidores suelen centrarse en la falta de transparencia y rendición de cuentas de los operadores privados, en los aumentos de tarifas y en los problemas de acceso y calidad. La ISP también lidera la remunicipalización y las alianzas público-públicas, mediante las cuales las empresas de servicios públicos más sólidas ayudan a las más débiles —incluso a través de los programas de asociaciones de operadores de agua (WOP) de la rama GWOPA de ONU-Hábitat—, principalmente mediante la capacitación y el desarrollo del personal. Unas empresas de servicios públicos más sólidas beneficiarán a nuestros miembros.

Pedro Arrojo-Agudo también propuso crear una Plataforma Social del Agua dentro del sistema de las Naciones Unidas para el Agua que se va a establecer, la cual reuniría a más grupos, actores e instituciones centrados en el agua. Los preparativos previos a la reunión del Foro de los Pueblos por el Agua (PWF) y la coordinación con grupos aliados contribuyeron significativamente a fomentar un ambiente a favor de la gente a lo largo del proceso preparatorio. Mantener estas colaboraciones y este impulso será fundamental en el período previo a la Conferencia principal de las Naciones Unidas sobre el Agua.

La red de justicia hídrica de la ISP, de la que somos miembros, debe centrarse en los 12 gobiernos que codirigen las seis áreas temáticas. Nuestras prioridades comunes incluirán la exigencia de una mayor inclusividad y un enfoque de la gobernanza del agua basado en los derechos humanos, lo que ayudará a enmarcar la formulación de políticas.

David Boys, en representación de la ISP, intervino en la sesión de partes interesadas sobre inversiones en agua y dijo: «Dondequiera que exista acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, esto solo es posible gracias a una financiación, gestión y operación públicas masivas. Ahora escuchamos que los fondos públicos deben utilizarse para atraer financiación privada… financiación combinada e innovadora. Pero la financiación privada no puede o no quiere manejar los ciclos de inversión de varias décadas que se requieren —en parte porque las personas pobres no tienen suficiente dinero para satisfacer las necesidades de las BlackRocks del mundo. Por lo tanto, no se están dedicando al agua». David indicó que se necesitan urgentemente una reforma fiscal global y un alivio de la deuda, para todos los ODS, no solo para el agua.

Durante una entrevista en mesa redonda con Radio France International (RFI), David señaló que las asociaciones público-privadas (APP) no funcionan porque el «socio» privado debe maximizar el lucro y pagar dividendos a los accionistas, lo que les impide cumplir con las prioridades sociales y ambientales del gobierno. En el sector del agua, no se puede recortar el costo de los productos químicos y los procesos de tratamiento del agua, ni la electricidad necesaria para bombear el agua desde los embalses hasta las plantas de tratamiento y los hogares. El único costo que se puede recortar es el del personal, lo que primero requiere debilitar a los sindicatos y atacar a sus líderes.

Declaraciones emitidas en Dakar:

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