La Internacional de Servicios Públicos (ISP) manifiesta su preocupación frente a la profundización de la crisis política y social en Perú y repudia las decenas de muertes producidas en el contexto de las protestas sociales legitimas que viene tomando el país desde día 7 de diciembre de 2022, con lo decreto del estado de excepción impuesto por el gobierno interino. La crisis política afecta a los derechos políticos de la población que está saliendo a las calles con manifestaciones de rechazo desde la capital, Lima, hacia las provincias del sur del país. La persecución y la violencia desmedidas de las fuerzas de represión del gobierno ya han muerto 48 personas y herido centenas.

Todo el descontentamiento social que se expresa en las calles está reflejado en una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que revela que el 71 por ciento de la población peruana rechaza la gestión de la presidenta Dina Boluarte, quien accedió al cargo tras la destitución de Pedro Castillo. La renuncia de Boluarte tampoco parece la solución, una vez que en este caso quien asumiría sería el presidente del Congreso que tiene el 81 por ciento de rechazo, según la misma encuesta. Por lo que adelantar las elecciones generales para este año, mientras se pone fin a la represión excesiva se presenta como principio para la resolución de los conflictos.

La ISP, junto a la agrupación de Sindicatos Globales, hace un llamado al cese de la violencia desmedida y la crisis prolongada en el tiempo que ha desgastado las instituciones que dan sustento a la democracia peruana, al punto del colapso, afectando sobre todo a los derechos de las y los trabajadores peruanos quienes tienen sus vidas, empleos y familia en riesgo.

“No podemos hablar en democracia en Perú porque estamos en una situación donde la vida no vale nada”, manifiesta Wilfredo Ponce Castro, secretario general de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud - FED CUT, Perú.

“Como una Federación Sindical Internacional, que representa a más de 30 millones de trabajadorxs de más de 150 países en el mundo, demandamos a las autoridades del gobierno peruano respetar el derecho a la protesta, poner fin al estado de excepción y a la violencia desmedida contra el pueblo. Esperamos que sea posible establecer un acuerdo político que permita tener elecciones generales en el plazo más corto posible”, expuso el secretario regional para Interamérica de la ISP, Jocelio Drummond.