El lunes 11, durante el evento paralelo “Servicios públicos de cuidado de cara a la segunda cumbre de desarrollo social” organizado por la iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la organización estuvo representada por Varia Altamirano, secretaria de Igualdad de Oportunidades de la Federación Nacional de Profesionales Univesitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss).

Altamirano describió con claridad el diagnóstico que sustenta la propuesta de la ISP: en América Latina y el Caribe, el trabajo de cuidados —remunerado y no remunerado— continúa feminizado, precarizado y, en gran parte, invisibilizado. Las mujeres realizan tres veces más tareas de cuidado no remunerado que los hombres, mientras la inversión pública sigue siendo insuficiente y la mercantilización avanza. “No se trata solo de reconocer la importancia del cuidado, sino de garantizar la dignidad de quienes cuidan. El cuidado es un derecho humano, y como tal, debe estar respaldado por servicios públicos universales, de calidad y con trabajo decente”, afirmó.

No hay justicia de género sin justicia laboral para quienes cuidan, y no hay sistemas de cuidado justos sin servicios públicos robustos

La intervención puso énfasis en que la actual crisis de cuidados, profundizada por políticas de austeridad, la fragmentación institucional y la sobrecarga familiar, requiere una transición justa. Esta debe incluir compromisos estatales vinculantes, financiamiento suficiente a través de fiscalidad progresiva, regulación estricta del sector privado como actor complementario y no sustituto, y participación sindical protagónica en el diseño y monitoreo de políticas. “No hay justicia de género sin justicia laboral para quienes cuidan, y no hay sistemas de cuidado justos sin servicios públicos robustos”, sentenció Altamirano.

La propuesta de la ISP, basada en su marco de las 5R (Reconocer, Recompensar, Reducir, Redistribuir y Reivindicar), plantea romper con la idea de que el cuidado debe compartirse equitativamente entre familia, Estado y mercado, para asumir que es responsabilidad primaria de los Estados, garantizando condiciones laborales dignas, profesionalización y representación sindical para las trabajadoras y trabajadores del sector.

En su exposición, Altamirano también advirtió que la resolución más reciente de la OIT y el Compromiso de Tlatelolco (aún negociándose) presentan vacíos críticos al diluir la responsabilidad estatal y no reconocer con suficiente fuerza el principio de trabajo decente. “Los Estados deben asumir que el cuidado no puede quedar a merced del mercado ni de la buena voluntad familiar. Debe estar garantizado por políticas públicas sólidas, recursos suficientes y con la voz de las y los trabajadores del cuidado en la mesa de decisiones”, subrayó.

Con esta intervención, la ISP dejó claro que su agenda no se limita a mejorar servicios, sino a despatriarcalizar, desmercantilizar y democratizar el cuidado, entendiendo que dignificar a quienes cuidan es un paso imprescindible para construir sociedades más igualitarias.

si el cuidado sostiene la vida, sostener a quienes cuidan es una obligación política y ética ineludible

Este posicionamiento cobra especial relevancia de cara a la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social, donde el reconocimiento del cuidado como derecho humano autónomo será clave para definir compromisos internacionales vinculantes. La ISP llega a este proceso con una propuesta sólida: situar el cuidado en el corazón de las agendas de desarrollo, asegurar que la provisión pública sea la norma y que el trabajo decente para quienes cuidan se convierta en un estándar global. En palabras de Altamirano, “si el cuidado sostiene la vida, sostener a quienes cuidan es una obligación política y ética ineludible”.