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Shah Ali Bugti, presidente de la Federación Sindical de Pakistán (APLF), y otros trabajadores fueron liberados el sábado 7 de febrero de 2026 después de que el secretario regional de la ISP para Asia-Pacífico enviara una carta al ministro principal de Baluchistán instándole a liberar a los líderes y trabajadores detenidos. La carta también instaba al gobierno a entablar un diálogo social con los trabajadores para conseguir salarios y condiciones laborales justas.

Tras la recepción de la carta, el hermano Bugti y otros fueron puestos en libertad sin cargos pendientes. Además, se ha constituido un comité que se encargará de examinar las cuestiones relativas al subsidio por reducción de la disparidad (DRA) y otras prestaciones a las que tienen derecho.

Los trabajadores fueron recluidos en varias cárceles de Baluchistán, entre ellas la cárcel de Machh, la cárcel de Hudda, la cárcel de Loralai, la cárcel de Naseerabad y otros centros de detención en virtud de la Ley de mantenimiento del orden público (MPO-3). Han sido puestos en libertad de todos los centros.

La ISP ha escrito al Gobierno de Baluchistán expresando su profunda preocupación por la detención de líderes sindicales y la denegación de los derechos fundamentales de los trabajadores en Baluchistán, Pakistán.

Shah Ali Bugti, presidente de la Federación Sindical de Pakistán (APLF), junto con otros organizadores de la Gran Alianza de Baluchistán, fueron detenidos tras las protestas pacíficas de los trabajadores del sector público que exigían la aplicación del subsidio de reducción de la disparidad (DRA) y otras reivindicaciones legítimas relacionadas con el lugar de trabajo.

Los trabajadores se enfrentaron a cargas con porras, bloqueos de Internet y detenciones masivas. Más de 400 empleados públicos han sido detenidos en todo Baluchistán. A pesar de la aprobación federal del DRA, a los empleados públicos de Baluchistán se les siguen negando las prestaciones que les corresponden.

La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán ha documentado las alarmantes condiciones en las que se encuentran los detenidos, entre ellas la privación de alimentos, la falta de atención médica, la exposición al frío extremo y el uso de celdas de aislamiento.

Pakistán ha ratificado el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. El país también es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protege el derecho de reunión pacífica y de protesta.

La ISP insta al Gobierno de Baluchistán a que respete sus compromisos internacionales y libere inmediatamente a todos los dirigentes sindicales detenidos. La violencia y la intimidación no son respuestas aceptables a las reivindicaciones legítimas de los trabajadores. El Gobierno debe entablar un diálogo social genuino con los sindicatos para abordar las preocupaciones de los trabajadores sobre los salarios y las condiciones laborales.