El Decreto 813, vigente desde julio del 2011, desvinculó de forma arbitraria a cientos de servidores públicos bajo la figura de renuncia obligatoria, la cual no existía en ningún cuerpo legal. En estos 9 años, varios miembros de la asociación han fallecido debido a la imposibilidad de encontrar trabajo en el sector público o privado, al igual que los demás compañerxs que se mantienen en una lucha permanente para que sean restituidos sus derechos.

El abuso de poder cometido por el Decreto 813 violentó el derecho a la legítima defensa y al debido proceso de los servidores públicos, quienes fueron desvinculados sin motivo alguno que justifique su abrupta salida. Esta decisión del gobierno de Rafael Correa ha merecido el rechazo de importantes instituciones del país como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional Anticorrupción, la Universidad San Francisco, la Universidad Católica, y por supuesto de la Internacional de Servicios Públicos, ISP en Ecuador, entre otras.

Solicitamos a los señores jueces de la Corte Constitucional del Ecuador dar trámite a la demanda de la Asociación Nacional de Despedidos por el Decreto Ejecutivo 813, fijando fecha y hora para la audiencia de sustitución, y emitir la justa y anhelada resolución que reivindique y respete uno de los más fundamentales derechos del ser humano: el derecho al trabajo.