El pasado 26 de agosto, la ciudad de Asunción fue testigo de un acontecimiento clave para el sindicalismo latinoamericano y, en particular, para quienes defienden la salud como un derecho humano fundamental. Durante el Foro Internacional de Salud “Por el derecho a la salud pública: trabajo decente y servicios públicos de calidad”, las enfermeras de Paraguaya dejaron claro que ya no aceptan la invisibilización histórica ni la precarización estructural que la han marcado durante décadas.

El foro, organizado por la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) en conjunto con la Internacional de Servicios Públicos (ISP), en el marco del proyecto Union to Union, se desarrolló en un contexto político regional convulsionado, donde el avance de las políticas neoliberales y la creciente influencia del capital privado en el sector salud ponen en riesgo el carácter universal y solidario de los sistemas públicos.

El panel inicial estuvo dedicado a analizar cómo el capital privado ha capturado los sistemas de salud en América Latina, debilitando el rol del Estado y generando profundas inequidades. Mirna Gallardo, presidenta de la APE, inauguró el foro junto con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Paraguay, Mirtha Arias y de representantes de la ISP, y posteriormente intervino en el panel dedicado a las condiciones laborales en el sector salud, donde expuso con contundencia los problemas que enfrentan las y los profesionales de enfermería: la sobrecarga laboral crónica, la tercerización que degrada derechos y la persistente falta de reconocimiento profesional. Su intervención no se limitó a la denuncia, sino que planteó un horizonte de dignificación, convencida de que la organización sindical del personal de enfermería es estratégica para la defensa del sistema público de salud.

El exministro paraguayo Edgard Giménez, por su parte, puso el acento en la necesidad de fortalecer la atención primaria y familiar, así como de implementar reformas fiscales que aseguren un financiamiento sostenible.

Pedro Villardi, responsable regional de salud en la ISP, advirtió que “las multinacionales han extendido sus tentáculos en nuestros países, generando dependencia de lógicas de mercado y debilitando la capacidad de los Estados para garantizar equidad. El patrón se repite en Brasil, México, Chile, Paraguay, Colombia y Perú: desfinanciamiento de la salud pública, precarización del empleo y mecanismos de captura del sector público. El resultado es que la salud se convierte en un bien de consumo accesible solo para quienes pueden pagar, dejando atrás la idea de derecho universal”

Desde Chile, la exministra María Fernanda Villegas agregó una mirada complementaria, señalando que la privatización no solo limita el acceso a los servicios, sino que también erosiona las condiciones laborales: “Cada proceso privatizador se traduce en fragmentación de la atención, pérdida de estabilidad laboral y un despojo silencioso de derechos conquistados. Esto afecta tanto a los usuarios como a los trabajadores de la salud, que ven deteriorarse su calidad de vida mientras sostienen sistemas cada vez más frágiles” .

Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP Cono Sur, en sus palabras de apertura, señaló: “Nos encontramos en un momento histórico y desafiante para nuestros pueblos. Allí donde se impone la agenda de la privatización, lo que retrocede no es solo la capacidad de los Estados para garantizar salud, educación o seguridad social, sino también la esperanza de millones de personas que necesitan de un Estado presente y de sistemas públicos sólidos”.

La voz de la enfermería y la agenda sindical

En un país donde el modelo sanitario se ha construido históricamente sobre la base de la atención de urgencia y con un financiamiento insuficiente —como recordó el exministro Edgard Giménez—, la voz de Gallardo proyecta un llamado urgente a transformar la estructura del sistema. Apostar por un modelo de atención primaria y familiar, en el que la enfermería ocupa un rol insustituible, es una de las claves para avanzar hacia la universalidad del derecho a la salud.

El segundo panel, moderado por Germán González, amplió esta mirada. Miguel Mejía, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares de Honduras (SITRAMEDHYS) de Honduras, relató cómo la precarización laboral en su país impacta no solo en la vida del personal de salud, sino en la calidad misma de los servicios brindados, y como la acción sindical ha permitido llevar a cabo procesos de negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales de sus miembros. A su vez, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) de Argentina, denunció el desfinanciamiento de los servicios públicos por parte del gobierno de Javier Milei y su correlato directo en el deterioro de las condiciones laborales y la entrega de salud a la población con cierres de hospitales emblemáticos como en centro pediátrico "Dr. Juan P. Garrahan"

Estas intervenciones consolidaron una visión sindical compartida: sin trabajo decente, no es posible garantizar servicios de salud de calidad. La defensa del sistema público pasa necesariamente por dignificar la labor de quienes lo sostienen día a día y por la inversión del Estado en sistemas robustos de salud.

Desafíos hacia adelante

El foro concluyó con la certeza de que la región enfrenta desafíos comunes que requieren respuestas colectivas. Para la Asociación Paraguaya de Enfermería, el reto principal será consolidar su papel como actor sindical y político, ganando espacio en la discusión pública y conquistando reconocimiento profesional para la enfermería. Esta tarea se cruza con la necesidad de avanzar en la igualdad de género, dado el carácter feminizado del sector.

Para el conjunto del movimiento sindical en salud, los desafíos son igualmente claros: detener el avance del capital privado, regular el poder de las corporaciones, y construir una narrativa compartida que sitúe a la salud como un derecho universal y no como un bien de consumo. Ello implica, además, tejer alianzas con movimientos sociales y, profundizar la acción sindical a nivel internacional y proponer reformas fiscales que aseguren recursos suficientes para sostener sistemas públicos de calidad.