La crisis climática y la parálisis política: el mayor desafío del movimiento sindical

Ya es hora de que lxs trabajadorxs se tomen en serio la crisis climática. A medida que se abre la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25) en Madrid, la ISP ha actualizado su política climática, mostrando su intersección con nuestras principales políticas y sectores.

Noviembre de 2019

Treinta años de debates y datos científicos irrefutables.

Aumenta el número de fenómenos climáticos más severos, frecuentes y extremos: sequías, inundaciones, incendios, olas de calor, huracanes de categoría 5, tornados, aumento del nivel del mar y acidificación, deshielo de glaciares y extinción de especies.

¿Qué más pruebas necesitan nuestrxs dirigentes políticxs para actuar?

¿Qué más pruebas necesitamos para actuar?

Los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) son estremecedores. La crisis nos está afectando antes de lo que los científicos pensaban, con mayor severidad, avanzando a una velocidad mucho mayor de lo que sus modelos preveían. Cada vez disponemos de menos tiempo para actuar y la necesidad es mayor.

Después de que 4 millones de personas se movilizaran a favor de la acción climática el 20 de septiembre en más de 180 países, la estudiante sueca Greta Thunberg dijo a los gobiernos y a lxs líderes empresariales en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática el 23 de septiembre de 2019:

Greta Thunberg

De lo único de lo que hablan es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. [...] Pero lxs jóvenes estamos comenzando a comprender su traición. Las miradas de todas las futuras generaciones están puestas sobre ustedes y si eligen fallarnos, nunca los perdonaremos

Ya es hora de que en el mundo del trabajo se tome en serio la crisis climática. También es hora de que el movimiento sindical reconozca su propia complicidad en la crisis que se ha desencadenado en el planeta. Debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia.

La crisis climática es un síntoma del caos creado por el capitalismo, donde la avaricia, el materialismo, el consumo y la riqueza personal definen el éxito, lo que propicia desigualdades y pobreza enormes.

Debemos reconocer los peligros que plantea el hecho de que las corporaciones sef hayan apropiado de cada aspecto de la vida: definen nuestras necesidades y deseos; controlan nuestras granjas y alimentos; contaminan nuestro aire, agua y suelo; financian las elecciones de políticos cómplices, determinan que (pocas) leyes y normativas promulgan y hacen cumplir nuestros gobiernos; establecen las condiciones del comercio entre los países, y fabrican las armas utilizadas para dominar y subyugar.

Las democracias y los servicios públicos que sostienen la democracia han sido despojados por los intereses corporativos - hasta el punto de que un número creciente de personas se sienten alienadas y siguen a los movimientos de derecha - lo que ha llevado a un mayor desafecto, aislamiento, desigualdad, injusticia y violencia.

Entre el debilitamiento global de la fuerza del movimiento sindical desde la década de 1970 y la intensificación de la crisis climática, los sindicatos deben darse cuenta de que poner nuestras esperanzas en una “transición justa” basada en las demandas tradicionales de seguridad laboral y salarial nos condenará a una mayor marginación. Crear alianzas tratando de lograr un mejor acuerdo con las mismas corporaciones que son responsables de una gran parte de la crisis climática (y de atacar a los sindicatos) no es la respuesta. Una transición justa y equitativa en el sector energético requiere que las corporaciones tomen el tema en serio e integren las preocupaciones sociales y ambientales antes de los imperativos de ganancias.

El movimiento sindical necesita alinearse con los elementos más progresistas de los movimientos por el clima y la justicia social, donde enfrentar la desigualdad sistemática y los déficits democráticos es parte de una respuesta coherente a la crisis climática. Nuestra visión debe incluir justicia para todas las personas, no solo para lxs afiliadxs a nuestros sindicatos. Los cambios que debemos lograr son mucho más amplios y profundos que defender los salarios y las condiciones de trabajo de nuestrxs afiliadxs actuales.

Existen dos enfoques globales que compiten por captar la atención

Uno dice que el mercado debe generar las soluciones y el gobierno debe crear el entorno propicio para que las corporaciones actúen (es decir, subsidios públicos para beneficios privados). Esta es la esencia sobre la que se basan las normas sobre la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que se mantiene actualmente en las Naciones Unidas y este enfoque es impulsado por el Banco Mundial, la OCDE y el G20. Aboga por dejar que los conglomerados bancarios y financieros utilicen sus herramientas y conocimientos especializados para desarrollar una financiación innovadora, donde se combinen los fondos públicos y privados para lograr los objetivos de desarrollo. Este enfoque significa tomar acción por el cambio climático cuando y si es rentable para las corporaciones. Y significa más privatización.

El otro dice que el sector público debe tomar la iniciativa y que debemos abordar las crisis combinadas del cambio climático/la ecología, la desigualdad, la pobreza, la alienación política y la desafección con un nuevo multilateralismo, con nuevas normas e instrumentos de financiación que pongan a los gobiernos al mando en lugar de las corporaciones. El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2019 de la CNUCD reúne muchos de estos aspectos en un paquete comprensible y sensato que promueve un Nuevo Pacto Verde Global con el objetivo de reparar los errores de los últimos 40 años de dominación neoliberal. Hay otros actores que apoyan este enfoque, pero tenemos que generar una mayor voluntad política para introducir cambios profundos y desafiar a los poderes arraigados, incluyendo, por ejemplo, las empresas estatales de petróleo y carbón. Este enfoque requiere un mayor compromiso de los ciudadanos en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, que no siempre han estado del lado correcto de las luchas sociales y ambientales.

Los gobiernos deben reflejar la voluntad de los ciudadanos del mundo y la necesidad de asegurar la supervivencia de las especies. Necesitarán el espacio fiscal para invertir masivamente en infraestructura climática y servicios públicos, para reducir las emisiones de carbono (mitigación), construir la resiliencia necesaria para responder a los golpes de los fenómenos climáticos (adaptación) y para hacer frente a las pérdidas y daños significativos que ya se han producido sin toparse con límites de endeudamiento. Las instituciones financieras cooperativas y públicas tienen un potencial mucho mayor. La inversión en la acción climática es urgente y estas inversiones deben realizarse al margen de las restricciones que imponen la maximización de los beneficios y los rendimientos a corto plazo. Algunos países y organismos estudian actualmente nuevas reglas para reclasificar este tipo de gasto público.

Los países, regiones y gobiernos locales tienen el derecho a recibir apoyo financiero. La consecuencia de la gran riqueza acumulada por los países más ricos, son las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que tienen la obligación histórica de ayudar a financiar los cambios en todo el mundo. Los planes financieros actuales son demasiado limitados y están vinculados a mecanismos de mercado y modelos económicos que han fracasado.

Muchos de los fondos necesarios para implementar los programas del gobierno están desvaneciendo en paraísos fiscales. Los países en desarrollo se ven doblemente afectados, por la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.

¿Qué puede hacer el movimiento sindical?

La ISP insta a todos/as los/las dirigentes sindicales a actuar inmediatamente. El Nuevo Pacto Verde Global nos presenta una hoja de ruta para una Transición Justa. Debemos asegurarnos de que nuestrxs afiliadxs estén mejor informados y sean capaces de aportar soluciones acordes a los desafíos. Necesitamos movilizarnos como nunca antes para presionar y que se introduzcan cambios sistémicos profundos, no solo correcciones tecnológicas aquí y allá. En primer lugar, debemos vincularnos con otros a través de las comunidades para fortalecer nuestras instituciones democráticas.

Todxs lxs trabajadorxs y sindicatos deben realizar un análisis crítico para examinar las cuestiones sistemáticas a lo largo del tiempo, no sólo los retos transaccionales de las reclamaciones de ayer y de los convenios colectivos de mañana. Necesitamos una mayor claridad para desarrollar nuestra visión y permitirnos actuar con determinación, en solidaridad con todxs lxs trabajadorxs. Nuestra visión y solidaridad también se deben extender a futuras generaciones.

Necesitamos enviar a los líderes políticos el mensaje más rotundo posible: que los sindicatos no se quedarán de brazos cruzados mientras los medios de vida de la gente trabajadora y las generaciones futuras se venden a sus benefactores corporativos. Debemos decirles que, si no actúan, estamos dispuestos a utilizar nuestra fuerza colectiva para demandar acciones por el clima.

La estrategia de la ISP en materia de cambio climático es coherente con nuestras otras áreas de trabajo: los gobiernos deben actuar representando a todas las personas y necesitan las herramientas para realizar los cambios significativos necesarios para hacer frente a la amenaza de la crisis climática. El control corporativo, la desregulación, el desfinanciamiento y la privatización impiden que los gobiernos actúen de forma decisiva y el mercado no resolverá la crisis climática mundial.

Privatización: cuando los gobiernos privatizan, pierden los conocimientos y el personal esencial y la capacidad de influenciar en el desarrollo del sector. La presión que ejerce el sector privado para maximizar los beneficios y obtener resultados a corto plazo lo convierte en un socio inadecuado para resolver la crisis climática ya que probablemente se resistirá a efectuar muchos de los cambios sistémicos necesarios.

Comercio: los gobiernos deben contar con herramientas políticas, financieras y regulatorias para avanzar rápidamente a una sociedad sin emisión de carbono. Estas herramientas se ven amenazadas directamente por regímenes comerciales regionales y bilaterales orientados hacia la protección de los intereses corporativos y a limitar la legislación y las normativas gubernamentales que puedan “amenazar” los beneficios. Las cláusulas de trinquete o de mantenimiento del statu quo de los acuerdos comerciales impiden que los gobiernos den marcha atrás respecto a las privatizaciones. Las cláusulas de neutralidad energética impiden que los gobiernos elijan las fuentes de energía más renovables, las disposiciones sobre comercio electrónico podrían significar que las corporaciones mantienen y comercializan datos sobre el clima y el agua y que los gobiernos tienen prohibido incluir mediciones de carbono en sus políticas de adquisición.

Impuestos: el sistema fiscal actual ya no cumple su propósito. Necesitamos urgentemente una reforma para crear un nuevo sistema fiscal en el marco de las Naciones Unidas que aborde el problema de la evasión y fraude de las corporaciones y termine con los paraísos fiscales para garantizar que los gobiernos cuenten con los recursos que necesitan.

Migración: en la última década, más de 260 millones de personas han sido desplazadas por desastres naturales y hasta 1.000 millones más se verán desplazadas para el año 2050 si no se mitiga la crisis climática. Solo en 2018, casi dos tercios de los 28 millones nuevos casos de desplazamiento interno fueron consecuencia de desastres naturales y el tercio restante se debió a conflictos. Los desastres y los conflictos están estrechamente vinculados a la reducción de los recursos naturales, exacerbada por los efectos de la crisis climática. Por lo tanto, el enfoque basado en los derechos respecto de la gobernanza de la migración, junto con el fortalecimiento de la protección internacional de lxs refugiadxs y el sistema de asilo, deben tener prioridad en todas las respuestas locales, nacionales e internacionales a la migración relacionada con el clima y el desplazamiento forzado.

Género: las mujeres y las niñas de países en desarrollo sufren las consecuencias más directas del cambio climático. El cambio climático a menudo aumenta la carga del trabajo de asistencia no remunerado, especialmente cuando la energía, el agua, la infraestructura de saneamiento, la salud, la atención, el transporte público, etc. son inaccesibles, están dañados o son caros. La pobreza y el desplazamiento a causa del clima también aumentan las demandas de matrimonios precoces, forzados y de dote. Por lo tanto, las políticas y los programas que tengan en cuenta las cuestiones de género deben ser fundamentales en cualquier estrategia climática, de reducción del riesgo de desastres y la respuesta a los mismos.

Lxs trabajadorxs jóvenes probablemente están más involucrados y justificadamente más preocupados por el cambio climático. La ISP necesita reconocer la injusticia intergeneracional del cambio climático e involucrar a jóvenes sindicalistas en nuestro trabajo.

La ISP considera que se deben tomar medidas urgentes en sectores clave

En el sector de la energía, debemos poner fin a la privatización de nuestra infraestructura y recursos. Si queremos dejar de quemar combustibles fósiles, los gobiernos deben invertir masivamente, para todas las personas, no solo para aquellos que pueden permitirse pagar el servicio. Una mayor proporción de la materia prima para la energía renovable se debe abastecer localmente, tanto para crear buenos empleos locales como para evitar cadenas de suministro largas que hacen un uso intensivo del carbono y son perjudiciales para la sociedad. Debemos reconocer que los trabajadorxs no están exigiendo más puestos de trabajo en la industria de los combustibles fósiles, sino que están exigiendo más puestos de trabajo sindicados y bien remunerados en el sector público de las energías renovables. Nuestra respuesta no debería consistir en defender el aumento del uso de la energía nuclear.

En el sector del agua, debemos detener la comercialización del agua, la especulación, la privatización y exigir que se respete el acceso al agua potable como un derecho humano. Debemos proteger nuestros recursos naturales, consumir solo lo necesario y limpiar lo que utilizamos. Todos los servicios de agua deberían ser capaces de suministrar agua potable a lxs usuarixs. La ISP apoya las alianzas público-públicas entre los servicios de suministro de agua destinadas a aumentar las competencias del personal para que pueda gestionar los procesos que permitan el acceso universal. Además, debemos anticiparnos a los impactos causados por la crisis climática para garantizar nuestra infraestructura y servicios. Dado que el sector agrícola utiliza el 70% del agua dulce disponible, también tenemos que promover el abandono de la gigantesca agroindustria y la adopción de cadenas cortas de suministro de alimentos orgánicos. Siempre que sea posible, deberíamos oponernos al agua embotellada y a otras formas de acaparamiento y privatización del agua.

En el sector de los servicios sociales y de la salud, tenemos que prepararnos para un incremento de las lesiones, las dolencias y las enfermedades. Nuestros hospitales y clínicas deben anticiparse y estar preparados. Se necesitarán muchxs más profesionales de la salud, puesto que actualmente ya hay un déficit mundial. Se necesitarán más a menudo los servicios de lxs profesionales de primeros auxilios y emergencias, quienes deberán enfrentarse a situaciones más graves. Necesitan urgentemente una mayor protección, mejores herramientas y formación y el reconocimiento de sus derechos de formar parte de sindicatos y negociar sus condiciones de empleo.

Los gobiernos locales y regionales cada vez se verán más presionados para responder a las necesidades de la gente, ya que más de la mitad de la humanidad está urbanizada y los barrios marginales están en crecimiento. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a las ciudades. Los gobiernos municipales cada vez son más responsables de la prestación de servicios públicos, pero a menudo carecen de recursos. Los gobiernos locales y regionales deben estar preparados y tener los recursos suficientes para hacer frente a las turbulencias y responder a los efectos de aparición lenta o repentina de la crisis climática, en particular la acogida de poblaciones desplazadas.

El personal de la administración nacional trabaja en algunos de los departamento y ministerios clave que necesitarán desarrollar los compromisos y programas nacionales para combatir el caos climático (y social), incluyendo el desarrollo e implementación del Nuevo Pacto Verde Global. Esto implicará redefinir las obligaciones comerciales, modificar las normas fiscales mundiales, determinar finanzas públicas sostenibles, y otras acciones más.

Lxs trabajadorxs del sector de apoyo educativo y los trabajadorxs culturales deben ante todo proteger a nuestrxs niñxs y nuestra infraestructura cultural. Estxs trabajadorxs deben estar completamente integrados en los planes de reducción y recuperación del riesgo de desastres, ya que serán convocados en casos de emergencia y después de desastres naturales, y por lo tanto necesitan las herramientas y la capacitación para prevenir y proteger.