La conferencia abordó temas críticos, como la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, que privan a los países en desarrollo de recursos esenciales para la inversión en servicios públicos y la creación de empleo. Según un estudio de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que fue presentado por la secretaria subregional de de la ISP para el Cono Sur, Nayareth Quevedo, “la evasión fiscal les cuesta a los países más de 427 mil millones de dólares anuales, afectando gravemente sus economías y sistemas de protección social. Además, las grandes corporaciones y las élites adineradas que recurren a paraísos fiscales y esquemas de evasión fiscal dejan una carga desproporcionada sobre los trabajadores y las pequeñas empresas, quienes deben compensar la pérdida de ingresos fiscales”.

El evento también puso de relieve la participación activa de la sociedad civil y los sindicatos en la lucha por una fiscalidad justa. “Los sindicatos juegan un papel crucial en esta lucha por la justicia fiscal. Por una parte, pueden pueden educar a sus miembros sobre la importancia de la fiscalidad justa, y por otra, abogar ante sus gobiernos para que apoyen reformas fiscales inclusivas y movilizarse contra las prácticas fiscales abusivas de las multinacionales”, señaló Quevedo.

También, puso énfasis en que la concentración de la riqueza en manos de unos pocos reduce la movilidad social y perpetúa un ciclo de pobreza y el desempleo. Las oportunidades de empleo se vuelven escasas y mal remuneradas, aumentando la precariedad laboral y la informalidad.

Finalmente, la representante de la ISP presentó en la Conferencia una serie de recomendaciones de este sindicato global para fortalecer las capacidades de las autoridades fiscales y garantizar un sistema más equitativo, incluyendo la provisión de más recursos, recomendaciones para la independencia de las autoridades fiscales y la promoción de la cooperación internacional a través de un convenio fiscal bajo los auspicios de la ONU. 

Este encuentro representó un paso significativo hacia la justicia fiscal y el desarrollo inclusivo, demostrando el compromiso de América Latina y El Caribe en la lucha contra la evasión fiscal y la desigualdad económica, donde  los sindicatos, como defensores de las y los trabajadores, deben continuar presionando para que se establezcan normas fiscales justas que aseguren una distribución equitativa de la riqueza y el financiamiento adecuado de los servicios públicos esenciales, fundamentales para una sociedad justa y equitativa.