Los ataques a los derechos sindicales y los cambios legislativos y reformas laborales ocurridos en los últimos años en América Latina han tenido graves consecuencias para la prestación de servicios públicos de calidad, una situación que ha debilitado la respuesta a la pandemia de Covid-19. Esta alerta fue hecha por Euan Gibb, asistente regional de la Internacional de Servicios Públicos en Interaméricas durante una audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos humanos realizada los días 27, 28 y 29 de julio de 2020.

Fue la primera vez que la ISP Interaméricas hizo una intervención en una audiencia de este organismo. El encuentro fue motivado por una solicitud a que la Corte interpretara las principales normas interamericanas relativas a las obligaciones de los Estados en relación con el ejercicio de las libertades sindicales. Para esta ocasión la ISP ha enviado un documento con observaciones sobre el tema, elaborado con la participación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), afiliada en Chile, la Confederación de Trabajadores Municipales de la ISP en las Américas (CONTRAM) y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial (CLTPJ).

Vea aquí los videos de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Las profundas consecuencias de esta situación se han hecho temporalmente más visibles para el público debido a la actual pandemia”, dijo Gibb. “Hay menos interlocutores en la negociación al otro lado de la mesa. Incluso en momentos de crisis. Esto ha debilitado las respuestas a la pandemia, situación que se ha agravado aún más por el hecho de que muchos gobiernos se han negado a incluir a los sindicatos existentes del sector público en las reuniones de respuesta a la pandemia”, señaló.

“Hay menos interlocutores en la negociación al otro lado de la mesa. Incluso en momentos de crisis. Esto ha debilitado las respuestas a la pandemia

Gibb mencionó al estudio de la ISP "El estado de los derechos de los trabajadorxs en las Américas: violaciones en la ley y en la práctica", cuyos datos muestran cómo la libertad de asociación ha sido violada en los últimos anos en América Latina. “El único país de la región que tiene un sistema claro de regulación de la negociación colectiva del sector público es el Uruguay. En contraste, en nuestro estudio se identificaron 19 países de nuestra región que limitan específicamente el derecho de sindicación, y por consiguiente de negociación colectiva, para grupos de trabajadorxs del sector público.”

Asimismo, el asistente regional de la ISP Interaméricas señaló como el respeto del derecho de sindicación, negociación y huelga hace diferencia en la vida de las trabajadoras, dada la mayor proporción de mujeres en el sector público. De ahí la importancia de la afiliación a un sindicato, que si bien no elimina la discriminación, el acoso ni la violencia contra las mujeres, sí proporciona un importante acceso a instrumentos muy eficaces para reducir esos riesgos, así como oportunidades esenciales de recurso que a menudo implican directamente a quienes discriminan, acosan y violan.

“En conclusión, es importante destacar que las violaciones del derecho a la negociación colectiva en el sector público no sólo afectan a los trabajadorxs cuyos derechos se violan directamente, sino que tienen consecuencias profundas en a la sociedad”, concluyó Gibb. “La libertad de asociación en el sector público es una condición esencial para asegurar la prestación de servicios públicos de calidad.”

Arturo Ruíz, representante de la ISP en Guatemala, detalló la situación de violación a los derechos sindicales en este país centroamericano. Él inició su relato mencionando que el gobierno guatemalteco está demandado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el sector sindical por ya casi una década, debido a los muchos casos de asesinatos de dirigentes. Pero el enfoque de su intervención fue los sucesos desde que el actual presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei Falla, asumió el cargo, en enero de este año. Desde entonces, dijo Ruíz, los asesinatos y la persecución en contra de sindicalistas se han incrementado.

“A tan sólo cuatro meses de un nuevo gobierno, entre los días 2 de febrero y 2 de junio, han sido asesinados en Guatemala seis dirigentes y activistas sindicales. Cuatro de los fallecidos eran miembros de organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos. Además, hubo un intento de asesinato contra otro dirigente, también de una afiliada a la ISP. Todo ello ocurre en medio a una serie de amenazas y persecuciones a sindicalistas”, dijo.

“Vemos como un mal ejemplo como se vulneran las garantías que se establece como obligación, para los Estados parte del llamado Pacto de San José, de velar por el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la OEA.

Ruíz denunció también el ataque que partió desde el mismo gobierno que, tomando como pretexto la pandemia, propuso que los fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fueran utilizados para pagar los salarios de los trabajadores que estaban prestando sus servicios al sector privado. “Motivo por el cual las afiliadas a la ISP, en medio de la pandemia, se vieron obligadas a actuar para hacer sentir su malestar e inconformidad ante tal propuesta”.

La reacción sindical resultó en represalias. La Junta Directiva del Congreso de Guatemala, por ejemplo, dio inicio en abril a dos procesos disciplinarios en contra de dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL), afiliada a la ISP.

“Vemos como un mal ejemplo como se vulneran las garantías que se establece como obligación, para los Estados parte del llamado Pacto de San José, de velar por el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la OEA. Por lo cual lanzamos una alerta para esta Corte y en conjunto aplaudimos su rol para tratar de garantizar que se respeten los derechos mínimos a nivel humano que nos conduzcan a sociedades más justas, incluyentes, representativas y fortalecer las débiles democracias que hoy existen en nuestro continente”, finalizó el representante de la ISP en Guatemala.

Benjamín Sevilla, secretario de Juventud de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP) e integrante del Comité Regional de Jóvenes de la ISP Interaméricas, publicó un artículo (disponible aquí) en el que comenta las observaciones a la Corte que hizo su organización sindical.