Loretta Dodwell, antigua empleada de Affinity que trabajaba en un centro de Queensland, afirmó: «Los recortes presupuestarios y la falta de personal provocaron incidentes graves en el centro... No son aptos para trabajar en el sector del cuidado infantil porque son muy codiciosos».

Affinity Childcare fue adquirida por la empresa de capital riesgo Quadrant en 2021 y se expandió rápidamente hasta alcanzar más de 250 centros. El deterioro de las condiciones descrito por el personal sigue un patrón documentado en el reciente informe de la ISP «Privatisation Playbook», que examina los costes del creciente control del capital privado sobre el cuidado infantil para los niños, las familias y el personal en todo el mundo.

Emeline Gaske, secretaria nacional del sindicato australiano Australian Service Union, afiliado a la ISP, afirmó: «La educación y el cuidado de la primera infancia deben centrarse en el desarrollo de los niños, no en los beneficios de las empresas. Cuando los servicios se rigen por los resultados económicos, la calidad, el acceso y la asequibilidad se resienten. Las familias necesitan una atención asequible y con recursos suficientes, pero los proveedores con ánimo de lucro suelen anteponer los beneficios de los accionistas a las necesidades de la comunidad. Por eso, muchos ayuntamientos han intervenido como proveedores de último recurso, prestando servicios de cuidado infantil e incluso sanitarios cuando nadie más lo hace. Estas comunidades cubren el coste financiero, porque la alternativa es dejar a las familias sin la atención esencial que necesitan».

Las revelaciones sobre los centros de Affinity Care se producen en un momento en que los gobiernos de todo el mundo buscan ampliar la financiación de los servicios de cuidado infantil. El secretario general de la ISP, Daniel Bertossa, afirmó: «Sin una regulación más estricta y alternativas públicas a la prestación privada, corremos el riesgo de ver cómo los fondos públicos van a parar a los bolsillos de los socios de capital privado a costa de los niños y las trabajadoras. Las pruebas son claras: no podemos confiar el cuidado de nuestros hijos a las empresas de capital privado».

El Manual sobre privatizaciones de la ISP documenta cómo las empresas de capital privado han desplegado tácticas similares en distintos países, desde Estados Unidos hasta el Reino Unido y Australia, para maximizar los beneficios y minimizar el gasto en personal, instalaciones y cumplimiento normativo. La ISP y nuestras afiliadas reclaman:

• El fin de la propiedad de los servicios de cuidado infantil por parte del capital privado

• La obligatoriedad de una ratio de personal por niño y la legislación para la planificación futura de la mano de obra

• Mejores salarios y condiciones de trabajo para los trabajadores del cuidado infantil a fin de retener al personal cualificado

• Apoyo al personal con acceso a formación continua y cualificaciones

• Mayor poder regulador y aplicación de la normativa

• Ampliación de la oferta pública de servicios de cuidado infantil

Bertossa afirmó: «No podemos seguir jugando con la seguridad y el desarrollo de los niños dejando los servicios de cuidado esenciales a merced de las empresas de capital privado».