Bajo el slogan “Sin recursos ni servicios públicos no hay derechos”, una serie de organizaciones sociales y sindicatos lanzaron la Iniciativa Popular de Norma Constitucional 18.202 que busca que la Convención incluya en la nueva carta fundamental la promoción de servicios públicos universales y de calidad, así como una política de impuestos que permita su financiamiento, para asegurar en la práctica los derechos sociales que este nuevo texto consagre. 

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Esta iniciativa es impulsada por un conjunto de organizaciones que participan en el Cabildo Ciudadano por los Servicios Públicos y la Red Ciudadana por la Justicia Tributaria y Fiscal.

Entre ellas se encuentran la Internacional de Servicios Públicos (ISP) -organización internacional que agrupa a 700 sindicatos a nivel global, incluyendo a nueve del sector público en Chile como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD), la Asociación Nacional de Empleados de Impuestos Internos (ANEIICH),  la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile (AFIICH), la Confederación Nacional de Empleados Municipales de Chile (ASEMUCH), la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM), la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación Municipal de Chile (CONFEMUCH), la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), la Federación Nacional de Trabajadores de las Obras Sanitarias (FENATRAOS), la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR por sus siglas en inglés) y la Ciudadanía Inteligente, entre otros.

Las entidades impulsoras de esta iniciativa afirman que los servicios públicos son fundamentales para enfrentar los desafíos colectivos y satisfacer las necesidades mínimas para una vida digna, como educación, salud y cuidados, vivienda, agua  y pensiones, entre otros. Para que los servicios públicos cumplan su rol, es vital que sean universales, capaces de mejorar y adaptarse a las necesidades locales, sean de calidad y que tengan financiamiento de largo plazo. Esto implica que la política fiscal, esto es la forma en que el Estado recauda e invierte sus recursos, tenga como uno de sus objetivos sustentar estos servicios y hacerlo de manera progresiva, donde quienes tienen más pongan más. 

Para eso, las organizaciones firmantes plantean que la nueva Constitución debe establecer una serie de principios para una política fiscal justa y progresiva, entre ellos la obligación de que las personas y las empresas contribuyan de acuerdo a sus capacidades, así como mayores estándares de transparencia y control ciudadano. 

“Avanzar en una transformación del Estado en la perspectiva señalada, requiere desde su diseño, que los servicios públicos contemplen inversiones y financiamiento permanentes pensando en el futuro de las comunidades, así como también que estén disponibles desde una perspectiva universal para la ciudadanía”, explica Nayareth Quevedo, Secretaria Subregional de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) para los países del Cono Sur.

La verdad es que sin servicios públicos fuertes y sin recursos públicos, es imposible garantizar los derechos humanos

Sin embargo agrega, “también deben ser entregados en óptimas condiciones de trabajo, con herramientas de capacitación y posibilidades de organización y desarrollo sindical, para que sus trabajadoras y trabajadores puedan brindar el mejor servicio posible a la ciudadanía.

Por su parte, Marcos González, Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (ANEIICH), pone énfasis en en el financiamiento al plantear que “para que los derechos sociales se reconozcan y se conviertan en una realidad en nuestra nueva Constitución, necesitamos servicios públicos de calidad junto a un sistema tributario justo y equitativo, que reduzca las profundas desigualdades existentes en nuestro país y promueva un modelo de desarrollo sustentable para Chile". 

“La verdad es que sin servicios públicos fuertes y sin recursos públicos, es imposible garantizar los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Con esta iniciativa popular buscamos que el reconocimiento de los derechos fundamentales no se quede en letra muerta.”, dice Rodrigo Echecopar de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El día 1 de febrero vence el plazo para que las organizaciones y personas que presentaron iniciativas populares de norma constitucional reúnan las 15 mil firmas necesarias para que sus propuestas deban ser discutidas por la Convención Constitucional.