Informe especial de la ISP: El TISA frente a los Servicios Públicos

Tratar a los servicios públicos como mercancías destinadas al comercio crea un error conceptual fundamental acerca de los servicios públicos. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (en inglés, TISA), que se está negociando actualmente en secreto y fuera de las normas de la Organización Mundial del Comercio, es un intento deliberado por privilegiar los beneficios de las empresas y países más ricos del mundo por encima de los que tienen mayores necesidades.

Los servicios públicos están diseñados para satisfacer las necesidades sociales y económicas vitales –tales como la atención de la salud y la educación– de una manera asequible, universal y en función de las necesidades. Los servicios públicos existen porque los mercados no producirán estos resultados. Además, los servicios públicos son fundamentales para garantizar una competencia leal para las empresas y una reglamentación eficaz para evitar los desastres medioambientales, sociales y económicos –tales como la crisis financiera mundial y el calentamiento del planeta. Los acuerdos comerciales promueven conscientemente la comercialización y definen los productos y servicios en términos de su capacidad de ser explotados con fines lucrativos por parte de las empresas mundiales. Incluso los más fervientes partidarios de los acuerdos comerciales admiten que hay ganadores y perdedores en este juego amañado.

Los ganadores son generalmente los países poderosos que son capaces de hacer valer su poder, las empresas multinacionales que son las que se encuentran en mejor situación para aprovechar el nuevo acceso a los mercados y los consumidores adinerados que pueden permitirse las importaciones extranjeras. Los perdedores tienden a ser los trabajadores que se enfrentan a la pérdida de empleo y a una presión a la baja sobre los salarios, los usuarios de los servicios públicos y las pequeñas empresas locales que no pueden competir con las empresas multinacionales.

Preparado para la Internacional de Servicios Públicos por Scott Sinclair, Centro Canadiense de Alternativas Políticas, y Hadrian Mertins-Kirkwood, Instituto de Economía Política, Universidad de Carleton.

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