La ISP y otras organizaciones sindicales internacionales, han trabajado juntos para elevar la presión sobre el gobierno de Guatemala para poner fin a la impunidad y para que el gobierno, en consulta con los interlocutores sociales, revise y proponga enmiendas al Código del Trabajo para abordar las recomendaciones de larga data hechas por la Comisión de Expertos de la OIT, con el fin de armonizar la legislación nacional con el Convenio 87.