Las centrales sindicales, federaciones, la Internacional de Servicios Públicos-ISP, las organizaciones sindicales del sector salud y de la seguridad social, las 69 organizaciones sociales, estudiantiles, académicas, de usuarios, de pacientes y políticas que conformamos la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud –ANSA- presentamos a la sociedad colombiana, a la Corte Constitucional, al Congreso de la República, a los gobiernos nacional y territoriales, y a la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana, nuestra voz de rechazo a la ley estatutaria en salud aprobada y al proyecto de ley ordinaria que ha respaldado el gobierno nacional.

El negocio de la salud en Colombia ha dejado todo tipo de víctimas: pacientes sometidos a sufrimientos injustificados, discapacitados sin respuesta alguna, poblaciones pobres tratadas como ciudadanos de segunda, trabajadores de la salud con trabajos inestables y precarios, grandes zonas azotadas por enfermedades controlables, hospitales públicos sin liquidez y a punto de quebrarse, profesionales sin autonomía que no pueden ni dedicar el tiempo necesario a sus pacientes, pensionados sometidos a pésima atención, estudiantes y profesores sin hospitales universitarios para aprender e investigar, población carcelaria abandonada a su suerte. Todos y todas somos víctimas de los negociantes de la salud, aquellos que se han apropiado de más de 8 billones de pesos, según la Contraloría General de la República, a costa del sufrimiento de las mayorías, mientras el gobierno nacional se niega a recuperar estos recursos públicos para pagar las enormes deudas acumuladas.

La ley estatutaria en salud, aprobada con afanes por el Congreso de la República el 20 de junio pasado, es un verdadero fraude. La ley no hace más que limitar el derecho a la atención en salud a un plan de beneficios similar al actual POS, pero con un No POS explícito, definido por el Ministerio de Salud, que no será cubierto por el Estado. Todo aquello que sea excluido deberá ser pagado por las familias, de acuerdo a su capacidad de pago. Todo aquello que no esté directamente relacionado con el tratamiento deberá ser asumido por las familias, a menos que sean clasificados como pobres (Sisben 1 y 2). Los jueces no podrán aceptar una tutela por bienes o servicios excluidos, porque habrá recursos previos a la tutela que deben ser aplicados, a menos que se demuestre, otra vez, que está en riesgo la vida de la persona. Los profesionales de la salud no podrán formular un bien o servicio excluido, porque violarían una ley estatutaria y podrían ir a la cárcel. Esta restricción del derecho no es más que la misma estrategia de la emergencia social del presidente Uribe en 2010: hacer sostenible el negocio de los intermediarios y aplicar la sostenibilidad fiscal del Estado. Se reparten las cargas entre el Estado y las familias, como si ellas no pagaran por anticipado cotizaciones e impuestos para recibir la atención necesaria.

El proyecto de ley ordinaria que sigue en debate en el Congreso no es otra cosa que un cambio de nombres para mantener el mismo modelo de la Ley 100/93 y el negocio de la salud. El Fosyga se convierte en un gran banco llamado Salud Mía, que tendrá cuentas a nombre de las nuevas EPS, llamadas ahora Gestores de Servicios de Salud (GSS). Esas cuentas tendrán el valor de las unidades de pago por capitación (UPC) según la cantidad de afiliados que tenga cada una. Así, los nuevos intermediarios seguirán autorizando los servicios que soliciten sus afiliados a los prestadores que ellos digan, según lo que se haya definido en “Mi Plan”, que no es otra cosa que el nuevo POS. Continúan los rechazos, los aplazamientos, las barreras de acceso, porque entre menos autoricen más ganancias tendrán los GSS.

Para completar el cuadro, el gobierno propone un régimen laboral inconsulto que no hace más que legalizar la flexibilización laboral en el sector salud, facilitar la expulsión de más de 30.000 trabajadores y enganche de 250.000 como “servidores de la salud” de libre nombramiento y remoción, y aumentar la clientela de los políticos regionales, quienes pondrán los gerentes y todo el personal de los hospitales públicos a su antojo, lo que quiere decir que los senadores legislaron en provecho propio.

Existe propuesta alternativa. La ANSA, junto con un grupo de parlamentarios de varias corrientes políticas, presentó al Congreso el proyecto de ley N° 233/13 que la Comisión Séptima desechó sin discusión en primer debate. La opción es eliminar las funestas EPS y recuperar la administración pública y descentralizada de los recursos disponibles, para garantizar el derecho a la salud de manera plena y sin regímenes ni planes de beneficios.
La movilización es la única salida, frente al engaño y la violación sistemática del derecho a la salud y de los derechos laborales. Convocamos a la sociedad colombiana:

1. Al Encuentro Nacional Sindical y Popular el 18 de Julio de 2013, en Bogotá, donde se tomarán las decisiones sobre las acciones a realizar para la defensa del pleno derecho a la Salud y de los derechos laborales.
2. A la Gran Marcha Nacional por el derecho a la salud y de indignación nacional por el engaño al pueblo colombiano con la reforma a la salud el 19 de Julio de 2013 en Bogotá y las ciudades capitales.
3. A la preparación de un gran Paro Nacional Sindical y Popular por la salud y la dignidad del pueblo colombiano y de los trabajadores de la salud.