En 2018, la contratación pública ascendió a 11 billones de dólares del PIB mundial de casi 90 billones de dólares, lo que supone el 12% del PIB mundial. Los gobiernos locales y regionales (GLR) son los principales agentes de la contratación pública, representando en promedio casi el 50% de la contratación pública en la OCDE. Esta cifra se eleva al 62% en los países federales. Por ello, los GLR, las empresas públicas y los servicios públicos son grandes compradores de productos textiles y prendas de vestir.

Lxs trabajadorxs de los servicios públicos necesitan a diario productos textiles, uniformes, Equipos de Protección Individual (EPI) y materiales de trabajo, como toallas, fregonas, alfombras y ropa de cama, para prestar servicios públicos, desde los servicios municipales de recogida de residuos hasta los de saneamiento y de salud. Estos productos son más necesarios que nunca en esta época de pandemia.

¿Cuál es la mejor manera de que lxs trabajadorxs y los sindicatos participen en la gobernanza de la cadena de suministro impulsada por la contratación pública y cómo se pueden mantener la responsabilidad social y los derechos laborales a lo largo de las cadenas de contratación de los GLR?

"La trazabilidad, las soluciones tecnológicas y completar cuestionarios no parecen ser los sistemas más adecuados para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a lo largo de las cadenas de suministro, ya que la responsabilidad social tiene que ver con las personas", afirmó Daria Cibrario, responsable de gobiernos locales y regionales de la ISP, en su intervención en el Foro de la OCDE.

"Si la responsabilidad medioambiental puede implicar una dimensión más técnica y de comprobación de casillas, cuando se trata de la responsabilidad social, trabajadorxs y sindicatos, lo que importa es crear confianza entre las personas; corregir las asimetrías de poder entre los actores de la cadena de suministro; y forjar relaciones sólidas y a largo plazo, para poder pasar juntos a través de los buenos y malos momentos y resolver los problemas de forma continua", añadió.

Los contratadores públicos pueden elaborar estratégicamente los pliegos de condiciones para ir más allá de los criterios de precio y fomentar las prácticas de CPSR (Contratación Pública Socialmente Responsable). Los GLR pueden ejercer una poderosa influencia para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La inclusión de cláusulas laborales y medioambientales en las licitaciones y contratos públicos permite a las autoridades locales promover prácticas de abastecimiento socialmente responsables y sostenibles a lo largo de las cadenas de suministro, tanto a corto como a largo plazo. Mientras que las primeras se extienden a nivel mundial a través de los continentes, las segundas pueden impulsar las economías de proximidad y beneficiar a sus comunidades locales.

"Las autoridades locales pueden incluir en sus contratos cláusulas que obliguen a los proveedores a pagar un salario digno, a reconocer a los sindicatos de la forma más rápida, a negociar y cumplir los convenios colectivos, o a contratar cuotas de trabajadorxs vulnerables en todas sus operaciones, como trabajadorxs discapacitadxs o paradxs de larga duración", dijo Cibrario.

"También pueden exigir que el proveedor acepte someterse al proceso de mediación previsto en las Líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en caso de conflicto laboral".

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Sin embargo, para garantizar que las cadenas de suministro sean responsables, es fundamental que los GLR - especialmente los de las zonas rurales y las ciudades pequeñas - tengan acceso a los recursos y capacidades adecuadas para que puedan perseguir los objetivos sociales y medioambientales por encima de los criterios de precio, y crear la capacidad de diseñar los pliegos de condiciones de los contratos de las CPSR a través de una dotación de personal adecuada y de la formación de lxs responsables de compras, incluyendo el aprendizaje entre pares.

"Las competencias y los recursos son a menudo el eslabón perdido entre los GRL y la CPSR. Los gobiernos centrales deben empoderar y establecer un marco que propicie la CPSR en los GRL", dijo la responsable de la ISP.

Por último, el precio y la longitud de la cadena de suministro son fundamentales.

"Si se quiere comprar de forma socialmente responsable, hay que pagar un precio justo. Cuando los precios son excesivamente bajos, son los trabajadores los que se llevan las migajas. También hay razones de peso para acortar las cadenas de suministro. En efecto, a mayor número de niveles de subcontratación, mayor riesgo".

Y concluyendo con una nota provocativa:

"¿realmente necesitamos adquirir tantos bienes básicos tan lejos? Con la crisis del COVID, quizá debamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿En cualquier caso, realmente necesitamos adquirir ciertos bienes o servicios? ¿No se pueden producir localmente? ", concluyó.

Recursos:

• OCDE, "Integrating Responsible Business Conduct in Public Procurement", https://bit.ly/3bVMb20 El informe de la OCDE "Integrating Responsible Business Conduct in Public Procurement", diciembre de 2020. Véase la página 76.

• La ISP, los funcionarios del gobierno local y los miembros del sindicato CFDT Interco se embarcan en una iniciativa innovadora para promover la contratación pública responsable en la Región Metropolitana de Burdeos (artículo en Inglés), junio de 2019.