Huelga nacional de lxs trabajadorxs de los servicios públicos italianos

Lxs trabajadorxs italianxs de los servicios de agua, electricidad, gas y gestión de residuos han iniciado hoy una huelga nacional para instar al Gobierno y al Parlamento italianos a que modifiquen sustancialmente el artículo 177 del nuevo Código de Contratación Pública que consagra la norma injusta de subcontratación obligatoria en la ley de contratación pública.

El artículo, que obliga a las empresas de servicios públicos a externalizar y subcontratar el 80% de todas sus actividades internas, incluidos los contratos de trabajo directos, está poniendo en peligro miles de puestos de trabajo de calidad, provocando un aumento de la precariedad laboral en un momento de dramática crisis socioeconómica para los hogares y las poblaciones italianas.

El Secretario General de la CGIL, Maurizio Landini, durante la manifestación en Roma, el 30 de junio de 2021

El artículo [...] está poniendo en peligro miles de puestos de trabajo de calidad, provocando un aumento de la precariedad laboral en un momento de dramática crisis socioeconómica para los hogares y las poblaciones italianas.

La norma también obliga a las empresas de servicios públicos a dividir y desagregar sus operaciones, lo que provoca una fragmentación y una multiplicidad de servicios que va a multiplicar los costes de transacción, aumentar las facturas de lxs usuarios, empeorar la calidad y la supervisión de los servicios públicos locales vitales y deteriorar notablemente las condiciones de trabajo.

En una declaración conjunta, los sindicatos representativos CGIL FP, CISL FIT y Uiltrasporti declararon: "esta norma va a tener un coste económico importante, obligando a las empresas a desmantelar rápidamente su servicio mediante licitaciones de bajo coste. También supondrá un importante coste social porque provocará la pérdida masiva de puestos de trabajo y dejará a lxs trabajadorxs fuera de la cobertura de la negociación colectiva del sector de los servicios públicos".

Si no se modifica, la norma de externalización obligatoria del 80% contenida en el art. 177 va a suponer un duro golpe para el sector italiano de los servicios de gestión de residuos, en el que las condiciones de trabajo y la profesionalización del oficio habían evolucionado positivamente en los últimos años gracias al compromiso de lxs trabajadorxs con el servicio y a la incesante labor de los sindicatos a pesar de las difíciles condiciones.

El art 177 desprecia totalmente el sacrificio de lxs trabajadorxs de los servicios públicos y les hace cargar con las malas políticas pro-privatización, ideológicamente tendenciosas

"Lxs trabajadorxs de los servicios de saneamiento ambiental han desempeñado un papel crucial durante el cierre, protegiendo sin descanso la salud pública y eliminando eficazmente el aumento exponencial de los residuos médicos", afirma Massimo Cenciotti, Secretario Nacional encargado de los servicios ambientales del sindicato CGIL FP, afiliado a la ISP.

"Gracias a estxs trabajadorxs de primera línea, la recogida de residuos ha continuado ininterrumpidamente, las ciudades se han mantenido limpias en todo momento y se han protegido de una mayor contaminación", añadió. "El artículo 177 desprecia totalmente el sacrificio de lxs trabajadorxs de los servicios públicos y les hace cargar con las malas políticas pro-privatización, ideológicamente tendenciosas, que sólo generarán más precariedad laboral y exclusión socioeconómica. Esta norma tiene que ser eliminada ya", concluyó Cenciotti.

Comentando la huelga nacional, la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, dijo: "En un momento en el que el pueblo aprecia plenamente el valor incalculable del acceso a los servicios públicos de calidad; el sacrificio de lxs trabajadorxs de primera línea está bajo los ojos de todxs; y las comunidades están volviendo a contratar sus servicios debido a los evidentes fracasos de la privatización, el Gobierno y el Parlamento italianos van en la dirección contraria. El art. 177 debe ser revocado de inmediato". "Justo diez años después del referéndum que rechazó la privatización de los servicios públicos, el gobierno de Draghi vuelve a intentarlo, como si la voluntad de lxs italianxs - ahora reforzada por el reconocimiento del valor de los servicios públicos - no fuera suficientemente clara", añadió.

Manifestación en Roma, 30 de junio de 2021