Los encuentros pretenden congregar no sólo las actividades formativas y de capacitación que se realicen en el período, sino que además, convertirse en un espacio de confluencia de buenas prácticas sindicales en materia de prevención y lucha contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sobre todo en estos tiempos de pandemia. La próxima actividad será la subregión de Brasil, el 21 de octubre, que será sucedida por la de Países Andinos, el 28 de octubre y finalmente la subregión de México, América Central y República Dominicana, el 11 de noviembre.

Vea el encuentro completo del 8 de octubre en el video de abajo:

La secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur Nayareth Quevedo, coordinadora del proyecto Forsa, introdujo el encuentro del 8 de octubre señalando que la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19 ha llevado a miles de trabajadoras y trabajadores a ejercer sus funciones bajo distintas modalidades, como el teletrabajo y la semipresencial, lo que ha traído una serie de dificultades relacionadas con el acceso a la tecnología y la precariedad de los espacios físicos para el trabajo. Por otra parte, las y los empleados públicos de servicios esenciales nunca dejaron sus puestos y quedaron expuestos a la contaminación y al aumento significativo de la carga laboral.

“La pandemia evidenció los límites de la economía patriarcal, que delega a las mujeres el trabajo no remunerado del cuidado de la vida. Eso tiene consecuencias de gran alcance. Son las mujeres las que masivamente están en la línea de acción de los servicios públicos de salud, otros servicios esenciales, en la comunidad y en el hogar. Con en teletrabajo, donde además están a cargo de los hijos y de la familia, las mujeres están sufriendo con el aumento del trabajo de cuidado y con la pérdida de ingresos”, dijo. “Y esta crisis ha resultado también en el aumento de la violencia de género”, continuó Quevedo, quien destacó que el encuentro serviría para abordar este tema no solo en el marco de la pandemia, sino que también en la construcción de una nueva normalidad que deje de oprimir a las mujeres.

A continuación habló Carolina Espinoza, representante titular del Cono Sur ante el Comité Mundial de Mujeres de la ISP (WOC). Ella relevó el papel de la ISP como una organización pionera en implementar políticas de género en el medio sindical y señaló que la situación de vulneraciones hacia las mujeres que ya existía y que se ha visto agravada por la pandemia “requiere unidad y coordinación para que vayamos avanzando para protegernos y construir un mundo mejor”.

El secretario regional de la ISP Interaméricas Jocelio Drummond relató que ha escuchado muchos testimonios respecto a las consecuencias de la pandemia para las y los trabajadores, en especial las que actúan en la primera línea de respuesta a la emergencia, y que se evidencia que las mujeres viven una situación particular, demostrada en dos iniciativas de la ISP en la región: el estudio “Trabajar en tiempos de pandemia”, de Chile, y la encuesta con profesionales realizada en el marco de la campaña “Trabajadoras e trabajadores protegidos salvan vidas”, de Brasil.

Verónica Montúfar, la Responsable mundial de género de la ISP, resaltó que la pandemia ha provocado una exacerbación de las desigualdades y el relieve de otras crisis debido a la existencia previa de una construcción social y política inequitativa. “Dos de estas crisis que se ponen de relieve y que se marcan como temas de total emergencia es la crisis alrededor del cuidado y la crisis alrededor de la violencia”, dijo.

“El trabajo de cuidado no remunerado sigue teniendo una carga de invisibilidad sobre todo del aporte económico que este trabajo está haciendo no solo a la sociedad sino a la acumulación de capital. Y por otra parte hay el trabajo remunerado de cuidado que es devaluado, donde hay malas condiciones laborales y salariales y también inequidad de pago”, señaló ella, para quien el no reconocimiento del derecho humano al cuidado se refleja en la total ausencia de sistemas públicos de cuidado.

Según Montúfar, vivemos el momento en lo que el contexto y la coyuntura política internacional demanda que se abra el debate sobre una reformulación del concepto de trabajo de cuidado que parta de su reconocimiento económico, de su reducción y de su redistribución, pero, fundamentalmente, de la intervención del Estado a través de la restauración de sistemas públicos de cuidado. “Pensamos que esta desigualdad existente con respecto al trabajo de cuidado va generando condiciones materiales, psíquicas e ideológicas para presentar y generar violencia en las relaciones de género, así que si logramos cambiar el rol de secundaridad del trabajo de cuidado, existirán las condiciones para generar una reducción de la violencia”, concluyó.

Para María Fernanda Villegas, del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA), de Chile, la sociedad patriarcal heteronormativa en la que vivimos produce siempre violencia de género y más desigualdad por medio de un círculo vicioso. Para ella, si bien se ha desarrollado elementos protectores a la vida y los derechos de las mujeres, hay muchos elementos incitadores de la violencia que son normalmente entendidos como naturales y no como construcciones sociales a partir de modelos de desarrollo determinados.

“Aparte de estos elementos, están las crisis como factores estimulantes tanto al naturalizar la violencia de género como invisibilizarla como un problema político. En cambio hay factores protectores que hay que tener en cuenta como por ejemplo el Convenio 190 de la OIT. Este convenio puede efectivamente ayudarnos y ser un fator protector. Lo mismo con políticas públicas con enfoque de derechos, pero no aquellas que entienden a las mujeres como receptoras de fondos de transferencia, pero sen redistribución social de trabajo. Finalmente, un importante factor protector a la violencia de género es una mayor habilitación laboral y el trabajo remunerado de calidad”, explicó.

Villegas llama la atención para el hecho de que la pandemia ha incrementado el trabajo no remunerado de cuidado de las mujeres no solo en sus hogares, como también en las comunidades. “Las iniciativas para contener los efectos de las crisis al nivel comunitario se cargan sobre las espaldas de las mujeres. Hay funcionarias públicas donando tiempo adicional para ir en apoyo a sus comunidades.”

Por su turno, Viviana García, directora en la Federación Nacional de Profesionales de la Salud (FESPROSA) de Argentina, explicó detalladamente a las participantes del encuentro los aspectos y dimensiones del Convenio 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo. Pero previamente, ella resaltó que la violencia y el acoso siempre ocurren cuando existen relaciones desiguales de poder.

“Quienes sufren mayor violencia y acoso son justamente las, los y les trabajadores a quienes el patriarcado ha asignado un rol en la esfera pública. El origen de la división sexual del trabajo se dio con las mujeres a cargo del ámbito doméstico, del trabajo de cuidado, de la reproducción de la vida. Con el capitalismo, esta división se repitió en el ámbito público y a las mujeres les fueron asignados los trabajos de cuidados, de menor calidad, de mayor informalidad y menos remunerados”, afirmó.

Según García, el gran mérito del Convenio 190 es establecer el vínculo total entre las relaciones laborales y los derechos humanos. “El Convenio reconoce el mundo del trabajo no solo como el espacio físico. Va más allá, es el espacio del hogar, de la capacitación, de la formación, el ir y venir, todo esto es el mundo del trabajo. Ya sea formal o informal”, explicó.

Entre otros méritos de este instrumento, para la directora de FESPROSA, están la inclusión de terceras partes, como pacientes, usuarios de servicios públicos y clientes, como integrantes del mundo del trabajo, el reconocimiento de los factores de riesgo psicosociales, y la mención a las diversidades e identidades de género.

Finalizando el encuentro, Mara Rivera, subsecretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaria de Relaciones Gremiales de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), y Carolina Espinoza compartieron las experiencias de las afiliadas de la ISP en Argentina y Chile en las campañas por la ratificación del Convenio 190 de la OIT en sus respectivos países.