Las Federaciones Sindicales Internacionales ISP, UNI, IndustriALL, ITF, ICM e IE (llamadas GUFs en su sigla en inglés), junto a la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y el Comité Brasileño en Defensa de las Empresas Públicas unieron fuerzas para luchar contra las privatizaciones de empresas y servicios públicos y defender la promoción del trabajo decente en las Américas.

Este 7 de octubre, día de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, las mencionadas organizaciones realizaron virtualmente el Foro Sindical de las Américas en Defensa de los Empleos, las Empresas y Servicios Públicos de Calidad.

El Foro Sindical de las Américas defendió “lo público en manos públicas” como factor fundamental, particularmente en períodos de crisis, para el desarrollo sustentable y la calidad de vida de la población, según su declaración final, cuyas consignas son:

• Por un Nuevo Contrato Social, con trabajo decente y acceso universal a los bienes y servicios públicos.

• Por un Estado democrático, un presupuesto público al servicio de la sociedad y por justicia fiscal.

• Contra la privatización del Estado y la captura corporativa de las empresas públicas.

• ¡Demandamos que lo público esté en manos públicas, porque si es público es de todas y es todos!

“La crisis global generada por las medidas de respuesta a la pandemia del Covid-19 ha evidenciado lo que ya veníamos denunciando desde hace años, las insuficiencias del actual modelo de Estado y de la política económica global, con una creciente concentración de las riquezas en las manos de unos pocos y la falta de acceso a servicios públicos de calidad, protección social universal y trabajo decente para las masas de trabajadoras y trabajadores”, dice el documento elaborado por las organizaciones.

Estas señalan además que los servicios privatizados solo contemplan los intereses de las empresas transnacionales, destacan la importancia de la unión del movimiento sindical a nivel local y global en la lucha contra la privatización y por la democracia y del establecimiento de alianzas con otros sectores de la sociedad. Reivindican aun reformas tributarias progresivas para financiar a los servicios públicos y que “los multimillonarios y las grandes empresas transnacionales paguen su cuota proporcional de impuestos”.

Las organizaciones firmantes de la declaración también expresan su rechazo a los tratados de libre comercio y los acuerdos de protección de inversiones, “que favorecen solamente al interés de las grandes empresas transnacionales, desregulando el Estado, impulsando la privatización, priorizando los derechos de las transnacionales frente a los derechos de la población trabajadora, entre ellos, el trabajo decente y profundizando el modelo agro extractivo que destruye nuestro patrimonio ambiental y cultural de los pueblos originarios.”

Para responder a la crisis del modelo neoliberal y promover una transición justa hacia una sociedad sustentable con trabajo decente, las organizaciones firmantes de la declaración proponen la construcción de un nuevo contrato social global, por medio del cual “el Estado y las políticas públicas deberán jugar un papel central en favor de la población excluida del actual modelo político-económico”.

Descargue la declaración en español, portugués e inglés:

El Foro Sindical de las Américas

Cientos de personas de distintos países del continente pudieron ver el evento en vivo, ya sea más de 400 dirigentes sindicales vía la plataforma Zoom, ya sea las que lo siguió por las páginas de Facebook de la CSA (en español), ISP (en portugués) y UNI Americas (en inglés), que sumadas alcanzaron a casi seis mil personas y obtuvieron alrededor de 800 interaciones.

El saludo del Consejo de Global Unions quedó a cargo del secretario general de la CSA Rafael Freire. Destacando la crisis del neoliberalismo, él señaló la necesidad de que frente al Estado neoliberal, reducido al mínimo, los movimientos sindicales reivindiquen estados democráticos, la garantía de derechos laborales y que el trabajo decente esté en el centro de cualquier propuesta de salida de la crisis. “Debe haber la intervención estatal para promover el pleno empleo, las economías populares, la redistribución de las riquezas y poner el trabajo en el centro, reconociendo su rol en la reproducción de la vida”, dijo Freire, quien saludó la unión de las organizaciones sindicales. “Nos articulamos, nos encontramos. Avanzamos en la movilización permanente.”

Daniel Chávez, del Transnational Institute (TNI), abrió en primer bloque del foro explicando cómo se están cambiando los discursos sobre lo público a escala mundial debido a la pandemia. Es decir, quienes antes defendían la adopción de políticas neoliberales hoy defienden la importancia del Estado para responder a la pandemia. “Es algo que sabíamos desde hace mucho tiempo”, dijo, pero haciendo una alerta sobre una nueva oleada de privatizaciones.

Susana Ruíz Rodríguez, de la Oxfam, habló de la importancia de la justicia fiscal para financiar los servicios públicos. Ella ha resaltado que la América Latina es la región del mundo que más ha sufrido económicamente debido a la pandemia y la que tendrá la recuperación más lenta. De esa manera, afirmó, es necesario enfrentar la incapacidad de la mayoría de los gobiernos del continente de adoptar políticas tributarias progresivas que permitan el financiamiento adecuado de los servicios públicos. “Las decisiones gubernamentales en esta materia son en su mayoría malas, insuficientes e inadecuadas. La tributación es baja y carga excesivamente sobre el trabajo y el consumo, muy poco sobre riqueza y los lucros.” Por lo tanto, concluyó, hace falta una “nueva normalidad tributaria”, con una mayor recaudación, reducción de la regresividad y más impuestos sobre el capital, además del fin de los paraísos fiscales, entre otras medidas.

La expresidenta de la Caixa Econômica Federal de Brasil, Maria Fernanda Coelho, presentó un panorama sobre las diversas crisis por las cuales pasa el Brasil y destacó el papel de los bancos públicos para las economías de los países y la reducción de la desigualdad. Según ella, en la pandemia la actuación de la Caixa y de sus trabajadores y trabajadoras permitió que más de 60 millones de personas recibieran las cuotas del auxilio de emergencia para enfrentar la crisis. Coelho recordó también que durante la crisis mundial de 2008, cuando el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba en su segunda gestión, los bancos privados disminuyeron su oferta de crédito mientras los bancos públicos la aumentaron.

Ernesto Murro, exministro del Trabajo de Uruguay, propuso una reflexión sobre una posible explicación para la derrota electoral de la izquierda en las recientes elecciones nacionales en este país sudamericano pese a los avances conquistados durante los 20 anos de gobiernos del Frente Amplio y la unión de los partidos políticos y del movimiento sindical. Para él, es una señal de que el mundo está cambiando y los sectores regresivos están avanzando, resultando en el debilitamiento de la democracia y la despolitización de la población. Para responder a eso, según Murro, hace falta el respeto a las distintas formas de pensamiento, la adopción de un lenguaje accesible y entendible por la gente y la unión y coordinación del movimiento sindical. “En esta pandemia se ha fortalecido en el mundo el rol del Estado y también la solidaridad. Tenemos que ser capaces de aprovechar esta oportunidad.”

Experiencias sindicales

El según bloque estuvo reservado para el intercambio de las experiencias sindicales en los distintos sectores. Rita Serrano, del Comité Nacional de Defensa de Empresas Públicas de Brasil, abrió esta sesión destacando la urgencia de la definición de una serie de políticas y acciones globalizadas desde la sociedad civil. “Si el capital es globalizado, nuestras acciones igual deben ser.” Según ella, el comité ha sido creado a partir de la necesidad de enfrentar el proyecto privatista intensificado desde el golpe parlamentario de 2016 contra la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff. “Nuestro foco está en el debate con la sociedad. Como ha dicho el exministro de Uruguay, debemos disputar la narrativa con respecto al papel del Estado. Sensibilizar la población en el sentido de que todo que es colectivo está orientado para los intereses de los ciudadanos, mientras la mirada del privado es para el consumidor.”

Mark Dimondstein, del Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales (UNI) hizo un breve relato de la lucha de estos trabajadores contra la privatización de los correos en los Estados Unidos, lo que significaría cortes de los empleos y el deterioro del servicio. “Solamente en la esfera pública los servicios postales podrían expandirse. Estamos en un momento político de reconocimiento del valor de los servicios públicos y del colectivo”, dijo él, quien llamó la atención para el hecho de que millones de personas en el país van a votar por el correo en las elecciones presidenciales de noviembre, lo que ha hecho que el actual presidente aumentara la presión sobre la confiabilidad del servicio postal. “El correo no está a la venta, lo que es público se queda público”, concluyó.

La lucha de los trabajadores del sistema de trolebús en la Ciudad de México fue el tema de la exposición de Benito Bahena y Lome, de la Alianza de Tranviarios de México (ATM – ITF). Él contó las persecuciones contra los dirigentes sindicales promovidas por el gobierno de la capital mexicana y autoridades de la empresa en 2015 y cómo las y los trabajadores realizaron una campaña para salvar los trolebuses a través de un proyecto de transporte sustentable, seguro, económico que resultó en la adquisición de 200 vehículos nuevos y la implementación de más líneas. “Vamos a evitar por todos los medios la privatización”, dijo.

Edwin Palma, de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo de Colombia (USO - IndustriALL), afirmó que las y los trabajadores de esta agremiación siempre han tenido una vocación para defender lo público frente a las amenazas de privatización del sector. “Siempre estuvimos amenazados por los gobiernos. Cuando entró el presidente de extrema derecha Álvaro Uribe, él abrió el capital de la empresa, si bien sigue mayoritariamente pública. Nos hemos dedicado a defenderla”.

Oscar Rodríguez, de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas (Contaguas-ISP), señaló que una gestión democrática del agua y del saneamiento debe estar sustentada en control social y en el financiamiento público. Pero según él, muchos gobiernos viven abriendo las empresas públicas a las asociaciones público-privadas con el objetivo de favorecer las grandes corporaciones e impulsar la mercantilización del agua. “Sin embargo, hemos estado dando seguimiento a diversos procesos de resistencia”, dijo, mencionando que la lucha se está dando, además de Contaguas, a través de la Red Waterlat. “Nuestra consigna está basada en la lucha por cerrar la puerta a la privatización y lograr, desde la construcción de procesos sociales y sindicales, la democratización del agua. Garantizar que los estados resguarden constitucionalmente en sus legislaciones que el agua es un derecho humano y no una mercancía, y que cuente con un adecuado financiamiento público, sostenible en el tiempo, a través de la aplicación de mejores controles fiscales que eviten la elusión y la evasión fiscal”, explicó.

Comberty Rodríguez, de la Internacional de la Educación (IE), trazó un panorama de las amenazas al sector educacional que trajo la pandemia, con la intensificación del uso de plataformas educativas virtuales, manejadas por las grandes corporaciones. “Una vez pase la pandemia, un gran desafío en cada uno de los países con respecto a los sistemas educativos públicos es la virtualidad frente a la presencialidad”, dijo. Según Rodríguez, hay de parte de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), e incluso la ONU, tomados por los sectores privados, una mirada de homogenización de lo que está pasando con la educación en todo el mundo, una lógica que sirve a los intereses corporativos.

Claudio da Silva Gomes, da Confederación Nacional de los Sindicatos de Trabajadores en las Industrias de la Construcción y de la Madera (CONTICOM - ICM), relató como la industria de construcción civil fue destruida por medio de la Operación Lava Jato del Ministerio Público Federal de Brasil, lo que resultó en mucho desempleo. “Eso ha eliminado la capacidad del país de producir su propria infraestructura”, afirmó.

Finalmente, la situación en el Caribe fue presentada por Helene Davis-Whyte, de la Jamaica Association of Local Government Officers (JALGO - ISP). Ella explicó que los territorios caribeños vienen sufriendo una presión extrema para privatizar sus servicios públicos. “Estas políticas han sido propuestas por las instituciones financieras internacionales como parte de las condicionalidades en los lugares donde hay programas asistenciales. Sin embargo, estos esfuerzos han fallado, ya que la mayoría de los servicios públicos en esta región ha estado bajo la propiedad de los gobiernos y ha sido operado por los mismos”, dijo ella, quien afirmó que Jamaica es una excepción, pues en este país varios servicios están privatizados. Ella relató también la actuación de los sindicatos de esta región contra el crecimiento de las asociaciones público-privadas, que vienen siendo presentadas por los gobiernos como una forma de financiar los servicios públicos pero que tienen los mismos problemas que las privatizaciones. Por otra parte, Davis-Whyte explicó que el hecho de que en el Caribe el servicio de salud opera de manera pública ha ayudado la respuesta a la pandemia de coronavirus.