Más de 250 mil personas salieron a las calles el miércoles 20 de septiembre en Guatemala para protestar contra la corrupción en el país centroamericano. La manifestación general exigió también la renuncia de los diputados y del presidente de la República Jimmy Morales, además del respeto a la carrera judicial y la aprobación de reformas importantes a varias leyes, como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Servicio Civil, Compras y Contrataciones. 

A las protestas se sumaron las afiliadas de la ISP, quienes desde antes han venido denunciando diversos hechos de corrupción en el país. Por ejemplo, la campaña de mundial de la organización sobre la Justicia Fiscal es llamada en Guatemala de Campaña Por la Justicia Fiscal y contra la Corrupción, de la cual participan todas las afiliadas.

La lucha por parte de la sociedad civil en contra de la corrupción se está intensificando desde las jornadas de abril de 2015, cuando la población se levantó para manifestarse en contra de la corrupción y del saqueo de fondos públicos por parte de las autoridades de turno, esto después de instalada en el país, en 2007, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por mandato de la ONU. La creación de este organismo había sido solicitada por el gobierno guatemalteco para ayudar a combatir las estructuras paralelas y el crimen organizado.

Las jornadas de 2015 contribuyeron para la descubierta de varios casos de corrupción en el interior del Estado, llevando a la prisión el presidente y la vicepresidenta de esa época, el General Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Hay actualmente diversas denuncias en el sistema de justicia en contra de ellos. Además, varios empresarios y otros funcionarios de gobierno se encuentran detenidos y reos en procesos judiciales.

La CICIG ha llevado a juicio al hijo y al hermano del actual presidente Jimmy Morales a estar sujetos a proceso judicial por varios delitos vinculados a la corrupción. Dirigentes del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro de la Propiedad (STARP), afiliada a la ISP, colaboran con el proceso como testigos y denunciantes.

Posteriormente el presidente Morales solicitó a la ONU que retirara del Comisionado de la CICIG al representante de este organismo Iván Velasquez, medida rechazada por las afiliadas de la ISP. Dos días antes, Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana habían pedido la retirada de la inmunidad del presidente para investigarlo por financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2015. El mismo día, tras una reunión de emergencia, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la acción presidencial. El martes, 30 de agosto, el tribunal ratificó su decisión en forma definitiva.

El Congreso de la República no aprobó la retirada de la inmunidad de Morales y aprovechó para aprobar dos decretos leyes que determinan que este tipo de delitos quedaba sujeto a medidas conmutables, es decir, si se comprueba que se cometieron estos ilícitos y todos los que tienen condenas mayores o iguales a 10 años, el acusado puede ser sujeto a sanciones económicas y no a prisión. Tras la mala repercusión pública, los diputados dieron marcha atrás a estos decretos. 

“Esto lo hicieron con el ánimo de blindarse para que ni el presidente, ni los demás políticos que cometan estos ilícitos puedan ser procesados penalmente”, opina Arturo Ruíz, de la ISP en Guatemala, quien destaca que el gobierno Morales vive su peor crisis.

“En todas estas acciones en contra de la corrupción nuestras afiliadas han jugado un papel importante. La denuncia de estos escándalos ha llevado a que varios dirigentes de los sindicatos afiliados a la ISP en Guatemala hayan sido despedidos o sancionados en sus centros de trabajo, otros amenazados de muerte y otros asesinados. De los cuales muchos casos se encuentran denunciados ante OIT e instancias internacionales”, completa Ruíz.