El gobierno de Costa Rica negó la solicitud para disolver la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP). El pedido había sido hecho oficialmente por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

La información de rechazo a esta solicitud consta en el oficio MTSS-DMT-OF-1603-2019 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social costarricense, con fecha 25 de octubre, dirigido a la secretaria general de la ISP Rosa Pavanelli y al secretario regional interamericano de la ISP Jocelio Drummond. “Por medio del presente oficio, me permito informarles que la solicitud planteada por la Uccaep, tendente a proceder con la disolución de la ANEP, fue resuelta mediante oficio MTSS-DMT-OF-947-2019, de manera negativa”, escribió Geannina Dinarte, actual ministra de Trabajo.

El 9 de octubre la ISP había enviado una carta a Dinarte en la que demostraba preocupación antes a “estos lamentables hechos sindicales”. Anteriormente, el 16 de septiembre, había mandado su respaldo y solidaridad al secretario general de la ANEP Albino Vargas.

“La ISP se siente muy complacida por esta decisión. Esta perversa solicitud de disolución fue hecha por la UCCAEP, en represalia por la huelga contra la reforma fiscal del 2019 en ese país. Sin embargo, nos preocupa que ante esta solicitud fallida del sector empresarial se ha abierto una causa penal por instigación contra Albino Vargas, Secretario General de la ANEP. Ante estos lamentables ataques antisindicales, hemos pedido al Director de la OIT, Sr. Guy Rider una muy pronta intervención”, dice Oscar Rodríguez, secretario subregional de la ISP para México, América Central y República Dominicana.

A la prensa costarricense, Albino Vargas señaló: “Ante el fracaso de la UCCAEP, entidad que parece estar desintegrándose, esperamos que la sensatez y la cordura imperen en el liderazgo empresarial de este gremio corporativo. El fracaso de la UCCAEP también lo es el de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), cuyos jerarcas, Enrique Egloff y Maurizio Musmanni, pretendían lo mismo: ilegalizar a la ANEP”.