El mundo convulsionó ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a causa del coronavirus, y Paraguay no estuvo exento a la emergencia sanitaria. El gobierno paraguayo la enfrentó en un inicio, estableciendo medidas excepcionales de orden administrativo, fiscales y financieras que se plasmaron en la Ley Nº 6.524, donde junto con declarar estado de emergencia en todo el territorio del país, señalaba un conjunto de disposiciones relativas a las acciones que órganos del Estado deberían emprender para hacer frente a la crisis, liberando 1.600 millones de dólares para estas acciones.

Sin embargo, la llegada del Covid-19 a Paraguay, uno de los países más pobres de la región, también develó la falta de financiamiento e inversión del Estado en el sector salud y en las empresas estatales como ESSAP (empresa de agua y saneamiento) y ANDE (empresa eléctrica). Un 25% de las y los paraguayos vive bajo la línea de la pobreza. A eso se suma, la alta tasa de informalidad y precariedad en el empleo junto a la concentración de la tierra y la riqueza en manos de unos pocos.

Pero, la necesidad de dar respuesta inmediata a una situación de emergencia para la cual el Estado no estaba preparado no fue suficiente. Si bien, la cuarentena total se decretó el 20 de marzo – 13 días después de haberse detectado el primero caso – la flexibilización de las medidas preventivas para retomar las actividades de los sectores, incrementaron la propagación del virus y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Desde el primer día la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) demandó al gobierno equipos de protección personal (EPP) para el personal de blanco de los hospitales públicos, sin embargo, la respuesta ha sido lenta.

“Desde el primer día la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) demandó al gobierno equipos de protección personal (EPP) para el personal de blanco de los hospitales públicos, sin embargo, la respuesta ha sido lenta. Sin embargo, somos conscientes que pese a la falta de infraestructura y personal, hay que seguir en sus puestos haciendo frente a la crisis”, explica Mirna Gallardo, presidenta de APE, quien agrega que la pandemia la ha utilizado el sindicato para relevar la necesidad de contar con una ley de carrera profesional para los y las enfermeras del país.

Lo que relata la dirigenta tiene que ver con las condiciones no sólo laborales sino de infraestructura del sistema público de salud de Paraguay, que recibió el Covid con sólo 20 camas de terapia intensiva equipadas con los respiradores necesarios para quienes los requirieran. En todo el país se cuenta con apenas 775 camas de terapia intensiva y 110 profesionales médicos terapistas para una población aproximada de siete millones de habitantes, por lo que un aumento repentino en el número de infectados colapsaría el sistema. Paraguay se encuentra también saliendo de una epidemia de dengue que generó desgastes en el sistema de salud, habiéndose registrado 177.104 casos notificados y 53 fallecidos durante los últimos meses.

Según los sindicatos del sector público, existe conciencia de las debilidades que el sistema público tiene para cumplir a cabalidad su fin último de mejorar la vida del pueblo paraguayo, las dificultades de cobertura, de acceso y de oportunidad. Esto en gran parte debido al déficit de profesionalización, erradas directrices muchas veces y débiles presupuestos a partir de una estructura fiscal inequitativa, donde los que más tienen no aportan para el desarrollo del país. Problemas, dicen, que se multiplicaron por causa del Covid.

Y es que no sólo las y los trabajadores de la salud están sufriendo con el trabajo exhaustivo por estos días, sino que las y los trabajadores de otros sectores esenciales también, vinculados a las empresas del Estado que producen y distribuyen el agua y la energía; y a los municipios que han seguido prestando servicios a la población, y en consecuencia exponiéndose a la contaminación del virus.

“Los trabajadores que trabajan en la recolección de basura y desechos en Asunción no han dejado de trabajar pese a que no han contado con medidas de seguridad ni equipos básicos para protegerse del contagio. La municipalidad no tenía considerado en el presupuesto este tipo de implementos, ni siquiera para la época del dengue, sin embargo, hicimos mucha presión los sindicatos – SINOEMA y SITRAMA – para proveer a nuestros compañeros de equipos, aunque siguen siendo insuficiente”, señala Julio Fernández, presidente del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (SINOEMA), quien también contó que se trabajó en un protocolo de prevención por iniciativa de los sindicatos, para enfrentar la pandemia, tras la falta de trazabilidad determinada por las autoridades de salud.

Respecto a los derechos laborales conquistados, fueron suspendidos algunos beneficios de los contratos colectivos, principalmente del sector municipal y de las empresas estratégicas del Estado. En el caso de la municipalidad de Asunción, fueron suspendidos los pagos de las horas nocturnas del personal de aseo y sector operativo. En el caso del sector eléctrico, tanto en la Empresa de Electricidad (ANDE) como en la empresa hidroeléctrica binacional (ITAIPU), fueron suspendidos los bonos por vacaciones y cargas familiares.

“Incluso, con dinero del sindicato compramos sillas para la gente que se aglomeraba en la empresa para pagar la cuenta de la luz y evitar los cortes de energía eléctrica, que por estos días subió

“Incluso, con dinero del sindicato compramos sillas para la gente que se aglomeraba en la empresa para pagar la cuenta de la luz y evitar los cortes de energía eléctrica, que por estos días subió”, expresó la dirigenta del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE), Lourdes Morales, quien también se refirió a la rebaja del 10% del salario para todos los funcionarios públicos que ganaran más de cinco salarios mínimos (336 dólares) y 20% para los que ganaran diez salarios mínimos como medida del gobierno para enfrentar la crisis.

“En el caso de ITAIPU, los descuentos para las y los trabajadores han sido bajo amedrentamiento. Se nos dijo que los descuentos salariales iban a ser para los que ganaran en la empresa sobre los 37 millones de guaraníes (6 mil dólares), pero luego empezamos a recibir invitaciones desde el departamento de recursos humanos, para que accediéramos voluntariamente a un descuento, a pesar de ganar mucho menos del límite”, contó Rosa Sosa, representante del Sindicato de Trabajadores de Itaipú Binacional (STEIBI).

Son justamente estas situaciones que la pandemia del coronavirus ha demostrado respecto a la precariedad de los servicios esenciales ofrecidos a la población debido a su desfinanciación y a las malas condiciones laborales de las y los trabajadores públicos en Paraguay, que han hecho que los sindicatos planteen que es el momento de usar la experiencia de la respuesta a esta emergencia para fortalecer los servicios públicos en el país.

Así lo están haciendo las enfermeras a través de APE con el proyecto de ley de carrera profesional para su sector, y el resto de los sindicatos que están planteando una contra reforma del Estado que considere una reforma tributaria donde las grandes empresas y los que más tienen paguen sus tributos y contribuyan a fortalecer servicios públicos de calidad, mayor inversión pública en las empresas estratégicas del Estado del sector eléctrico y de agua, una real carrera y profesionalización de la función pública, y un sistema de seguridad social para todas y todos los paraguayos.