Este material es el resultado de la encuesta realizada durante el mes de junio pasado, sobre las condiciones laborales de lxs funcionarixs del aparato estatal, en un contexto de pandemia por Covid-19.

Durante la exposición participaron Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP; María Fernanda Villegas, ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet y directora del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA); Yasna Provoste, senadora y José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Un analisis detallado de las condiciones de trabajo de los servicios públicos en Chile, cuyos resultados se pueden extender a otras partes del mundo

En su intervención, Pavanelli destacó la importancia de esta investigación en tanto nos proporciona “un analisis detallado de las condiciones de trabajo de los servicios públicos en Chile, cuyos resultados se pueden extender a otras partes del mundo, pues las condiciones descritas no son distintas a las vivencias de otrxs trabajadorxs respecto a la falta de protección para la primera línea, los que siguen en contacto directo con los usuarios, las condiciones de las mujeres trabajando desde su hogar con teletrabajo, la carga de trabajo de cuidado y los conflictos que se crean cuando toda la familia está en confinamiento, incluso la falta de equipos o de computadores”.

Pero además, es muy importante este estudio pues “en un momento de crisis profunda como es una pandemia, donde todo el mundo se ha quedado sin contacto más que el virtual, nos ha desmostrado lo que veíamos diciendo los sindicalistas sobre las políticas neoliberales y la falta de inversión en los servicios públicos”, expresó la máxima autoridad de la ISP, junto con relevar la importancia esta crisis ha dejado al descubierto el papel fundamental de los servicios públicos para garantizar los derchos de los ciudadanos y la economía de las comunidades.

Sobre el teletrabajo propiamente tal, la representante de la ISP, dijo que es importante que cuando se discuta la regulación de este tipo de modalidad de trabajo a distancia, se haga “pensando en la libertad sindical, en el derecho a huelga, en la posibilidad de juntarse y expresarse libremente”.

Por su parte, María Fernanda Villegas enfatizó en la oportunidad del estudio “generalmente este tipo de investigación llega desfazada” y en el valor adicional que significó haber aplicado la encuesta en pleno peak de contagio del Covid, a trabajadorxs de la primera línea por ejemplo.

Junto con ello, destacó algunos hallazgos interesante de la investigación como “los diferentes tipos de trabajo que el Estado desarrolla, a nivel de sectorial y territorial; y la intensidad y el desdibujamiento de la jornada de trabajo que se ha evidenciado más crudamente en esta pandemia”. Situación, que según Villegas podría alertar a las organizaciones sindicales para anticiparse a los retrocesos de los derechos laborales vinculados a la “soberanía del tiempo de los trabajadores y el derecho a la desconexión, que según el estudio no se cumple, y más aún cuando se trata de mujeres, jóvenes y trabajadores con contratos precarios”.

En tanto, la senadora Yasna Provoste no sólo destacó el estudio y su contribución para apoyar los argumentos que se venían dando desde algunos sectores políticos, respecto a la importancia del sector público y las fallidas políticas públicas que han puesto al mercado por sobre el bienestar de la población en Chile.

“La experiencia que revela el estudio es sintomática de los ajustes de la estructura social y laboral que se viene operando desde una administración vertical del gobierno, donde el uso de información y la definición de políticas son altamente discrecionales”, señaló Provoste que también alertó, por una parte, sobre el riesgo que tienen las y los trabajadores de la primera línea a enfermerse, y por otra, la pérdida de autonomía en las decisiones de las y los trabajadores públicos sobre sus ambientes de trabajo.

El presidente de la Anef, José Pérez Debelli no sólo valoró la “cruda realidad que mostró el estudio” sino que también el hecho de que “lxs trabajadorxs nunca han dejado de trabajar y han puesto sus propios recursos al servicio del Estado”. Situación que rechazamos puesto que “el costo de esta crisis no la pueden seguir pagando las y los trabajadores públicos”.

El dirigente, también se refirió que los resultados de la encuesta que “ratifican nuestro planteamiento inicial de no regular el trabajo remoto temporal en el sector público en este contexto de emergencia, así como desechar el fracasado e ilegal plan retorno seguro”.

La cruda realidad del sector público en números

El estudio realizado por Giorgio Boccardo, sociólogo, director de la Fundación Nodo XXI junto a la investigadora Valentina Andrade y con la colaboración de Nicolás Ratto, dio cuenta de cuatro factores de riesgo que focalizó la encuesta entre ellos los costos materiales. “En buena medida han sido los propios trabajadorxs los que han entregado insumos, herramientas materiales en esta pandemia”, expuso Boccardo quien considera en segundo lugar que los trabajadores, “han puesto en riesgo su salud, no solo la posibilidad de enfermarse de Covid -19, sino de enfermedades físicas y enfermedades mentales que como muestra este estudio van a aumentar”.

Buena parte de los costos de la pandemia han sido cargados en los hombros de los trabajadorxs de los servicios públicos

El sociólogo señaló que el tercer riesgo es “el costo de los cuidados”; explicando qué significa tener que hacerse cargo al mismo tiempo de sostener trabajo remunerado en el servicio público y el trabajo de cuidado en el hogar, con las desigualdades que se generan entre hombres y mujeres para dichos efectos. Además añadió que “los problemas de trato, es otro factor porque deben recibir el malestar de la ciudadanía por políticas más diseñadas, al configurarse en muchas ocasiones como la puerta de entrada a la atención en servicios públicos”.

En su intervención, Boccardo también enumeró entre los riesgos, el contagio efectivo del Covid-19 que han provocado decenas de muertes en el sector salud.

“Buena parte de los costos de la pandemia han sido cargados en los hombros de los trabajadorxs de los servicios públicos, ya sea porque atienden en el servicio de salud, ya sea porque están entregando algún tipo de ayuda económica, ya sea porque están manteniendo algún servicio elemental funcionando, para que el agua llegue a nuestros hogares y para que nos retiren los residuos de nuestras casas”, lo que releva además una carga de trabajo adicional para este grupo de trabajadores, reconoció Boccardo.

El 36,4% de los trabajadorxs se han desempeñado en modalidad Teletrabajo, el 35,2% en modalidad mixta (en el hogar y su lugar habitual), y el 28,5% de manera presencial.

Entre los costos materiales que ha debido involucrar el trabajadorx evidencia que 9 de cada 10 han desplegado sus propios equipos de telefonía, computación, conectividad internet, donde 1 de cada 3 trabajadores tiene problemas de VPN con cierta regularidad. Mientras que, 1 de cada 2 no recibe apoyo de su empleador.

Básicamente retornamos a la jornada laboral que teníamos en el siglo XIX, es decir jornadas de 12 de 14 y hasta 16 horas diarias

A eso se suma una serie de herramientas que los trabajadorxs han debido implementar por ejemplo el uso de aplicaciones donde se reconoce que 1 de cada 2 trabajadores utiliza permanentemente Whatsapp para trabajar, pese a dictámenes de Contraloría que buscan lo contrario.

La encuesta abordó también, problemas de infraestructura, y reveló que los hogares no están dotados para realizar las labores de una oficina, allí se desprende que 3 de cada 4 trabajadorxs se desempeña en espacios compartidos. Incluso el uso habitual de una silla (de mala o muy mala calidad) que para efectos de quien la usa, podría significar enfermedades a futuro, donde se desprende que 7 de cada 10 trabajadorxs se desempeña en sillas de calidad regular o mala, según el sondeo.

Otras conclusiones del estudio apuntan a que un tercio de los trabajadorxs labora los fines de semana o fuera de su horario habitual de jornada, aumentando horas en las madrugadas o en las noches.

A esto se suma que 6 de cada 10 nunca se desconecta durante una jornada de 12 horas continuas.

Mientras que, en promedio se distingue una conexión laboral a plataformas de 8,8 horas al día.

“Básicamente retornamos a la jornada laboral que teníamos en el siglo XIX, es decir jornadas de 12 de 14 y hasta 16 horas diarias, esto sin considerar los fines de semana”, detalló el sociólogo.

Otro de los hallazgos significativos tiene relación con el trabajo de cuidados, donde el 62,3% de las mujeres piensan siempre o casi siempre en exigencias domésticas y familiares durante el trabajo (sólo un 44% experimenta esto en hombres). Esto en coincidencia con el marco general de la composición de los cuidados, que revela que un 70,3% las mujeres son el principal responsable del hogar, mientras que los hombres lo son en un 21,9%. Por otro lado, se reportaron 1.174 de mujeres (25,2%) que experimentaron algún grado de violencia verbal y 132 de violencia física (2,8%).

Entre las ideas finales que plantea el investigador al momento de reseñar el estudio, destaca que cuando hay que defender a la sociedad son los servicios públicos los que responden, agrega que la pandemia deja en evidencia el enorme costo asumido por los y las trabajadoras, en esa línea añade el escaso reconocimiento y en muchos casos las ofensivas del gobierno por deslegitimarlos y anunciar leyes que precarizan.

Aborda además, la necesidad de mayor participación efectiva de las organizaciones sindicales, y la centralidad que tiene una política de género y de jóvenes fortalecer, dos grupos vulnerados durante la pandemia.

Finalmente, Boccardo planteó como desafío fortalecer los servicios públicos en términos de calidad y mayor participación de sindicatos y de la ciudadanía.

La encuesta (que tuvo un diseño no probabilístico) abordó 7001 respuestas válidas, en 285 comunas del país. Fue aplicado entre el 26 de mayo y 16 de junio.