Durante la pandemia de Covid-19, se intensificó el impacto negativo de la naturalización del trabajo de cuidados bajo la responsabilidad femenina tras un endurecimiento de la división sexual del trabajo. Además, con las medidas de confinamiento las mujeres han quedado aún más expuestas a situaciones de violencia, y sufrido los efectos de la doble carga laboral y las precarias condiciones de trabajo en el hogar, lo que ha redundado en efectos para la salud física y mental.

Estas situaciones han sido constantemente discutidas a lo largo de los últimos meses, pero el estudio “Trabajo, cuidados y violencia de género en los servicios públicos”, realizado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Interaméricas en asociación con la Fundación NodoXXI, lo ha confirmado en datos concretos con el enfoque en las trabajadoras del sector público de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.

El estudio, enmarcado en el Proyecto Forsa “Violencia de Género en América Latina”, fue presentado por una de sus autoras, Camila Miranda, de la Nodo XXI, durante el seminario “Trabajo, cuidado y violencia de género en tiempos de pandemia”, que se realizó virtualmente el 24 de noviembre.

Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur y coordinadora del Proyecto Forsa, abrió el encuentro señalando que la pandemia ha demostrado la vinculación entre violencia doméstica y el mundo de trabajo en particular con la modalidad de teletrabajo que se impulsó debido a las medidas de confinamiento tomadas para combatir a la pandemia de coronavirus.

Eso trajo, dijo, una serie de dificultades referidas al acceso a la tecnología, así como al aumento de la vulnerabilidad de las mujeres respecto a la violencia y al gran crecimiento de la carga de cuidados femenina que no fue considerada por el “quédate en casa”.

Según Camila Miranda, otra de las conclusiones del estudio, que ha recolectado 3.595 respuestas a través de una encuesta en línea, es que las medidas de los Estados en términos de políticas que se hagan cargo de estas dificultades han sido insuficientes, replicando las tendencias de los diversos países previas a la pandemia.

Entre las recomendaciones que hace la investigación se encuentra la importancia de que los gobiernos de la región aprueben y ratifiquen el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo y su respectiva Recomendación 206, como ya lo hicieron Uruguay, Argentina y Fiji; la incorporación, de parte de los sindicatos, de los cuidados como tema de las negociaciones colectivas, y la aplicación de políticas de desfamiliarización y corresponsabilidad social respecto a los trabajos de cuidado.

A continuación, el estudio, así como las cuestiones relacionadas al trabajo de cuidado y a la violencia de género fueron analizadas por la secretaria general de la ISP Rosa Pavanelli y la antropóloga y feminista mexicana Marta Lamas, en una charla mediada por la responsable mundial de Género de la ISP Verónica Montúfar.

Pavanelli destacó el éxito que el movimiento sindical alcanzó con la inclusión en el Convenio 190 de la OIT de una referencia a la violencia doméstica como algo que afecta también al mundo del trabajo, situación que se ha intensificado en le medida en la que se ha adoptado cada vez más la modalidad del teletrabajo debido a la pandemia. Así, las definiciones de reglas sobre el trabajo remoto y la garantía de condiciones para las trabajadoras deben ser parte de las negociaciones colectivas, indicó.

“Como trabajadoras y trabajadores del sector público, tenemos una responsabilidad mayor o por lo menos la posibilidad de tener éxitos en iniciativas, negociaciones y diálogos sociales, ya que el tema de la reducción de la violencia en contra de las mujeres es una tarea del poder público”, afirmó.

Para Pavanelli, este el momento de plantear que el trabajo de cuidado sea considerado en la definición del Producto Interno Bruto de los países. “Eso es necesario si queremos que las mujeres puedan ser compensadas por el trabajo de cuidado que hacen. Tenemos que decir que eso no solamente favorecerá a las mujeres, sino que a toda la sociedad en general. Y tenemos que pedir más servicios públicos para atender a las necesidades de las personas de todas las edades. Esta es la llave para empujar un cambio más profundo en la mentalidad y cultura global respecto al trabajo de cuidado”, señaló.

En la visión de Marta Lamas, la ética del cuidado en una democracia tiene que ver no solamente con exigir el derecho a ser cuidados cuando necesitamos, sino también la obligación a cuidar. “Varias sociedades trabajan el tema del cuidado donde el derecho a ser cuidado va de la mano de la obligación de cuidar”, dijo. Así, para ella, no debemos sólo pedir más derechos, sino también reflexionar sobre qué formas de convivencia, de organización social, tenemos que construir. “El estudio usa el término ‘desfamiliarizar’. Podemos vivir vinculados en estructuras que van más allá de la familia, lo que nos lleva a plantearnos cómo vamos a repartir las obligaciones del cuidado.”

Lamas llamó la atención también para la necesidad de hacer frente a un “desafío cultural grandísimo”, que son los mandatos de género, que se refiere a la fuerza que tienen las ideas internalizadas en cada persona sobre que es ser mujer y que es ser hombre. “Muchas veces ni las proprias mujeres quieren soltar el papel de que son ellas que deben estar a cargo de los cuidados, por ejemplo. Tenemos que hablar de la fuerza de la subjetividad en estos procesos”, destacó.